Avanza controvertida reforma a Ley de Desarrollo Urbano y su Norma 26; hay alerta de activistas
Durante la sesión de comisiones unidas, este jueves. Foto: Especial
El avance en el Congreso local en la modificación de la Norma de Ordenación número 26, la cual forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, puso en alerta a líderes ciudadanos que se han participado activamente contra la ilegalidad y los excesos inmobiliarios.
El dictamen, que supone dar facilidades para la construcción de vivienda de interés social, será discutido por el pleno en un periodo extraordinario, a realizarse de manera presencial, que fue avalado por unanimidad este mismo miércoles.
Durante la primera sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Hacienda, efectuada en forma virtual, se aprobó este jueves, efectivamente, el dictamen a la iniciativa para reformar la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Código Fiscal de la Ciudad de México y la Norma de Ordenación número 26.
“El 30 de agosto el @Congreso_CdMex dará #AlbazoEnExtraordinaria y aprobará cambios de #UsosDeSuelo y leyes de #PublicidadExterior y #Norma26 donde @Claudiashein opta por aliarse con #CorrupciónInmobiliaria e ignorar los #DDHH de ciudadanos”, denunció en Twitter Josefina MacGregor, de Suma Urbana.
En entrevista con Reforma, MacGregor había dicho que varias de las disposiciones de estos proyectos asemejan a la Norma 26, creada para incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular, pero que se utilizó para levantar 5 mil edificios de rangos medios y altos.
Líderes vecinales como Gabriela Ortega, de la colonia Villa de Cortés, de la Alcaldía Benito Juárez, también han advertido: “La CDMX se hunde en la violencia y en la impunidad. Más allá de la pandemia y crisis económica, los nuevos programas de #PGD2021, el #PGOT2021 y cambios de uso del suelo por la nueva #Norma26 buscan centralizar, hacinar, quitarnos agua y calidad de vida”
Al respecto, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Hacienda e integrante del grupo parlamentario de MORENA, explicó que este dictamen tiene su fundamento en el derecho humano a la vivienda, consagrado en la carta magna y en la Constitución Local, en condiciones de accesibilidad, habitabilidad y asequibilidad.
Precisó que el gobierno capitalino ha establecido una política habitacional con la que busca garantizar este derecho, y que al Congreso capitalino le corresponde realizar las modificaciones legales necesarias para contar con una nueva concepción de vivienda sustentable y homologar los criterios de vivienda de interés social y de interés popular.
“Se actualiza la norma para incentivar la producción de vivienda de interés social, interés popular y sustentable, lo que sin lugar a dudas permitirá el mejor aprovechamiento del territorio, al tiempo que se satisface una de las necesidades más sentidas de la población con pocos ingresos económicos”, precisó.
En su intervención, el diputado Fernando Aboitiz Saro, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda e integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, aseguró que habrá mucha claridad en las reglas de operación de la Norma 26, a fin de no generar un mercado negro de sobrevalor de la vivienda. Consideró fundamental que el desarrollo de la vivienda en la capital sea con visión metropolitana y priorizando el manejo del agua.
Por su parte, la diputada Gabriela Salido Magos (PAN), reflexionó que el contexto histórico de la Norma 26 es relevante, y que su modificación permite la promoción de la vivienda en la capital al facilitar nuevamente su construcción -ya que actualmente está suspendida con estas particularidades-, además de que se actualizan los costos de las viviendas de interés social y de interés popular, y se adiciona el concepto de vivienda sustentable.
Asimismo, consideró indispensable conocer los acuerdos que se han celebrado con particulares, y cómo se ha elegido a los desarrolladores que tendrán los beneficios de la Norma 26 para la construcción de vivienda social y popular, a fin de evitar abusos de estos desarrolladores y afectaciones a la población.
En este sentido, la diputada Margarita Saldaña Hernández (PAN) coincidió en que se requiere mayor claridad, precisión y transparencia en el manejo de la Norma 26, para prevenir conflictos y abusos en la construcción de vivienda, además de crear políticas integrales en materia de agua, para atender los problemas hídricos de la capital.
En votación de los legisladores integrantes de estas comisiones unidas, el dictamen fue aprobado con 14 votos a favor y uno en contra de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; y 10 votos a favor y dos en contra de la Comisión de Hacienda.
