Condenan Morena, organismos civiles y Coparmex agandalle de ALDF en Anticorrupción para CDMX; acusan colusión de partidos para encubrir corruptos
Tanto Morena como organizaciones civiles y la Coparmex CDMX condenaron el agandalle instrumentado por los diputados “impresentables” Jorge Romero Herrera del PAN y Mauricio Toledo Gutiérrez del PRD, para que la ALDF acapare las decisiones fundamentales del Sistema Anticorrupción de la capital del país.
La fracción parlamentaria de Morena acusó que el paquete de leyes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprobado el lunes dejó fuera la participación de la sociedad civil en la selección de cargos clave que, ahora, serán propuestos por el Jefe de Gobierno. Consideró que lo aprobado ayer por el resto de los partidos contravino disposiciones de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, como la que establece que deberá ser un Consejo Judicial Ciudadano el que proponga las ternas para elegir a los fiscales especializados en materia electoral y anticorrupción.
Por su parte, expertos de organismos especializados en transparencia y combate a la corrupción condenaron la actuación de los legisladores en la designación de puestos clave en el Sistema Anticorrupción aprobado el lunes. Dijeron que las leyes aprobadas incumplen la Constitución y la Ley General del mecanismo de rendición de cuentas, además de que obedecen a visiones partidistas y sin priorizar al ciudadano.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que los legisladores confunden transparencia con Parlamento Abierto. Publicar en internet las propuestas, detalló, no permitió una co-construcción y análisis de lo que se estaba dictaminando, pues no se convocó a la ciudadanía.
La Coparmex local criticó a su vez los nombramientos “a modo” que implican la legislación aprobada por las fracciones del PAN y el PRD, y avalada tácitamente por la del PRI. “No queremos que se forme un entramado entre quienes tendrán la facultad de tomar estas decisiones para nombrar funcionarios a modo”, indicó Jesús Padilla, presidente del organismo patronal en la CDMX. “O nombrar funcionarios que en el camino tengan que encubrir acciones inadecuadas de diversos servidores”.
Pese a que en algunos casos iban en contra de la Constitución capitalina, el lunes los diputados pastoreados por el panista Romero Herrera y el perredista Toledo Gutiérrez –ambos con pésimos antecedentes por escándalos de corrupción cuando fueron jefes delegacionales de Benito Juárez y Coyoacán, respectivamente– aprobaron reformas con las que ellos darán el aval a 9 cargos, entre éstos el Fiscal Anticorrupción, y al Comité Ciudadano.
Este martes, no obstante la andanada de críticas, la ALDF presumió que “cumplió en tiempo y en forma” con el mandato en materia de combate a la corrupción, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En una actitud calificada como “cínica” por legisladores de Morena, Jorge Romero Herrera, el coordinador de la bancada panista en la ALDF y considerado jefe de la mafia del PAN en la capital, llamó a reconocer lo alcanzado en este tema, pidió al “único partido que se opone” a que haga de lado su “protagonismo” y sostuvo “que el proceso legislativo y de construcción para este dictamen fue abierto y transparente para la sociedad”.
Como delegado de Benito Juárez, entre 2012 y 2015, el panista fue acusado por diversas corruptelas en el manejo del ambulantaje y en la tolerancia de construcciones irregulares a cambio de prebendas de las empresas inmobiliarias, como el otorgamiento por Grupo Rouz de un “descuentazo” de 1.6 millones de pesos en la adquisición de un penthouse de lujo en la colonia Del Valle, lo que fue ampliamente documentado.
Por su parte, el perredista Toledo Gutiérrez gobernó entre escándalos de corrupción como delegado en Coyoacán en ese mismo periodo. Fue inclusive penalmente demandado ante la Procuraduría de Justicia del DF (OGJDF) por el delito de extorsión contra un constructor, a quien pidió 1.6 millones de pesos por solapar irregularidades, así como al propietario de una gasolinera al que se exigieron tres millones de pesos para levantar una clausura.
(Foto, en una imagen de archivo, el coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Romero Herrera / Cuartoscuro).
