Crisis inmobiliaria

Mientras  no se ponga atención real a situaciones donde es de vital importancia darle su lugar a los residentes y los gobiernos solo estén pensando en atraer turistas, sin pensar en los ciudadanos envejecidos con menores recursos y posibilidades de solventar la vida, es muy probable el colapso del sector inmobiliario.

POR NANCY CASTRO

MADRID. El mercado inmobiliario global lleva meses con claros síntomas de una inminente crisis. A esto se suma la actual crisis económica derivada de la inflación y la reciente crisis financiera de los bancos debido a la moneda virtual, que está tensionando la economía. El costo de la vida en general aumenta.

¿Qué provoca que el precio de los alquileres haya subido un porcentaje considerable respecto a la media de nuestras posibilidades?

Alta demanda del alquiler, descenso en el desempleo, dificultad en la compra de vivienda, aumento de vivienda turística y gentrificación y todo esto bajo a la atenta mirada de los buitres en forma de fondos de inversión; uno de los factores adyacentes a partir de la pandemia originada en 2020, son los cambios en el modus vivendi de la población de entre los 25 a 50 años de edad que han optado el trabajo de manera remota, esto ha generado un desplazamiento desproporcionado para las ciudades “los nómadas digitales”, dicho fenómeno ha inducido a la gentrificación afectando a los residentes originarios, para los propietarios es más rentable este tipo de inquilinos, para las empresas privadas y públicas que los emplean de esta manera mucho más.

El desplazamiento de este tipo de ciudadanos es una de las causas que ha desencadenado la muy probable burbuja inmobiliaria a la que nos enfrentaremos…”

La mayoría de ellos (44%) son millennials. Tras ellos se encuentran los nómadas digitales de la generación X (23%), seguidos de la generación Z (21%) y los Baby Boomers (12%). el 70% de ellos son blancos, provenientes de Estados Unidos. Población afroamericana (14%), hispana (7%), asiática (7%) y de otro origen (2%). Los destinos más atractivos en base a estudio reciente,  son México y Colombia en América, Portugal y España en Europa y Tailandia e Indonesia en Asia. De todos, este último es el más cotizado a nivel global.

El desplazamiento de este tipo de ciudadanos es una de las causas que ha desencadenado la muy probable burbuja inmobiliaria a la que nos enfrentaremos, refiriéndose esta, a la evolución en la mayoría de los países industrializados occidentales, de los precios de los bienes inmuebles, muy por encima de los del resto de bienes y servicios.

En noviembre del 2022, por ejemplo, decenas de ciudadanos se manifestaron en México, usando consignas como “Nomadismo digital es racismo estructural”, contra decisiones gubernamentales que promueven la llegada de trabajadores remotos extranjeros y de un acuerdo firmado con la plataforma Airbnb. El nomadismo global creció de 6,2 millones en 2020 a  14,5 millones en 2022.

En España, ya hubo una crisis inmobiliaria en 2008 originada por la excesivaoferta de viviendas en el mercado, lo que llevó a un descenso en los precios.

La facilidad con la que se obtuvieron los créditos hipotecarios, lo que llevó a una burbuja inmobiliaria de grandes dimensiones y la crisis financiera global.

Semanas atrás  se aprobado La nueva Ley  de vivienda poniendo sobre la mesa estos puntos: incluye nuevos conceptos que hasta ahora no habían formado parte de ninguna normativa, como la regulación de los precios del alquiler de zonas tensionadas, una nueva definición de la figura de los grandes propietarios y la creación de un índice de referencia que determinará las rentas que se pagan por la vivienda. También se ha elevado la protección en torno a los desahucios de personas en situaciones de vulnerabilidad.  

No cabe duda que esto es un espiral del cual es difícil encontrar salida, si una persona se ha quedado sin trabajo, es lógico que recurrirá al incumplimiento de un contrato de arrendamiento y llegar a eso aquí en España es sumamente grave, porque es enfrentarse a una orden de desahucio sí o sí por la vía civil, por la vía penal no está tipificado. Y ante las decenas de desahucios que hay diariamente, se oculta información y estadísticas de suicidio por desahucio, ya que impera una Ley del Silencio entre los medios de comunicación impulsada por las entidades financieras.

2023

11 de mayo:   Un hombre, de 54 años y con graves problemas económicos y de salud, se ha suicidado aproximadamente a las 11 de la mañana cuando la comitiva judicial se disponía a entrar en la vivienda para ejecutar la orden de desahucio. Ni los bomberos, ni la policía municipal, que acompañaban a los miembros del juzgado, han conseguido impedir que el hombre, que vivía solo,  saltara por el balcón.

10 de mayo: Una mujer, de 56 años, fue encontrada muerta en su domicilio en Barcelona por la comitiva judicial que, después de llamar sin éxito al timbre de la vivienda, había forzado la cerradura para acceder al interior para desahuciarla. La encontraron ahorcada en el baño y el suceso se investiga como un suicidio. Suicidio motivado por el desahucio aunque se intente ocultar.

Según el informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) imputa al denominado terrorismo financiero más de 16.300 suicidios desde 2008. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en casi la mitad de las ocasiones, el origen de tan dramática decisión.

¿Qué solución hay?

La opción deseable ante la inminente crisis inmobiliaria según investigadores sobre temas territoriales, políticas públicas y ambientales, Carlos Zentella y Andrés Olaya, “implicaría que los Estados tuvieran una determinada provisión de vivienda social sobre la que controle los precios, como ocurre con el modelo vigente en Viena, Austria, por ejemplo”.

Pero con una perspectiva más cercana a las capacidades de países como México o Colombia, Zentella advierte que “se podría limitar el número de viviendas que en cada barrio se destinan a estadías de corta duración, para que no no sean solo para turistas y nómadas digitales”. 

Estos controles podrían aplicarse, según Olaya, a través de la colaboración de las mismas plataformas. Para el experto, promover el derecho a la centralidad, y a que las personas vivan en lugares céntricos con acceso a todos los servicios es una tarea urgente de los gobiernos locales.

Mientras  no se ponga atención real a estas situaciones donde es de vital importancia darle su lugar a los residentes y los gobiernos solo estén pensando en atraer turistas, sin pensar en los ciudadanos envejecidos con menores recursos y posibilidades de solventar la vida, es muy probable el colapso del sector inmobiliario.

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