Encabezan Romero y Toledo, los ‘impresentables’ del PAN y PRD, agandalle del Sistema Anticorrupción por la ALDF; imponen mayoría
Dos personajes conocidos como ejemplo de funcionarios corruptos, el panista Jorge Romero Herrera y el perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, hoy diputados locales de la CDMX, se coludieron para imponer por mayoriteo que la ALDF acaparara las designaciones del Sistema Local Anticorrupción al aprobar seis nuevas leyes y reformas a otras cinco más.
Conforme a las disposiciones impuestas por las bancadas del PAN y el PRD, en contradicción con lo establecido por la Constitución capitalina, los diputados decidirán todo, pues tendrán la facultad de nombrar al Fiscal anticorrupción, el Comité Ciudadano y el Consejo Técnico; el Contralor de la Ciudad, los tres nuevos subcontralores y los 16 contralores para las demarcaciones.
Asimismo, los asambleístas darán los cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de Auditor de la Ciudad y de los titulares de los demás Órganos Internos de Control de todas las dependencias, órganos, organismos e instituciones de la Administración Pública.
Romero Herrera, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en la ALDF, ha sido reiteradamente acusado por militantes de su propio partido de la falsificación y manipulación del padrón interno panista, lo que le permitió apoderarse de candidaturas y cargos partidarios y convertirse en una suerte de “cacique” del PAN capitalino. Recientemente fue descrito como “jefe de la mafia panista en la capital” por la columna institucional Templo Mayor del periódico Reforma.
Como delegado de Benito Juárez, entre 2012 y 2015, el panista lider de la secta de “Los Ocean” fue acusado por diversas corruptelas en el manejo del ambulantaje y en la tolerancia de construcciones irregulares a cambio de prebendas de las empresas inmobiliarias, como el otorgamiento por Grupo Rouz e un “descuentazo” de 1.6 millones de pesos en la adquisición de un penthouse de lujo en la colonia Del Valle, lo que fue ampliamente documentado.
Por su parte, el perredista Toledo Gutiérrez gobernó entre escándalos de corrupción como delegado en Coyoacán en ese mismo periodo. Fue inclusive penalmente demandado ante la Procuraduría de Justicia del DF (OGJDF) por el delito de extorsión contra un constructor, a quien pidió 1.6 millones de pesos por solapar irregularidades, así como al propietario de una gasolinera. Su ex secretario particular, Eduardo Ramírez Vallejo, fue finalmente encarcelado por cohecho.
Según información del diario Reforma sobre el agandalle que estos dos sujetos encabezaron en contra a los cuestionamientos de la bancada de Morena, para la designación del Fiscal, la Asamblea se asignó nombrarlo por mayoría simple, cuando la Constitución local marca que se debe aprobar por dos terceras partes, y a propuesta del Jefe de Gobierno local, y no por el Consejo Judicial Ciudadano, figura creada también en la Constitución local.
El Secretario Técnico y el Comité de Participación Ciudadana también serán elegidos por la mitad más uno de los diputados locales, cuando al Secretario a nivel federal lo elige el propio Comité Ciudadano, designado a su vez por una Comisión de Selección y no por el Poder Legislativo.
“Los titulares de los organismos que integran el Sistema Anticorrupción, así como las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, nombrados o ratificados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hasta antes del 17 de septiembre de 2018, permanecerán en su cargo hasta la conclusión del periodo para el cual hayan sido designados”, señala al Artículo transitorio 13 de la Constitución de la Ciudad, mismo que sirvió de argumento para acaparar tales designaciones.
Precisa el diario que el Fiscal Anticorrupción duraría en el cargo siete años, con posibilidad de reelección para otro periodo; lo mismo para el Contralor General, por lo que los dos primeros Congresos y toda la administración del próximo Jefe de Gobierno no podrán designar ninguna de las dos figuras, ya que los habrán puesto los actuales diputados.
Para las designaciones se aprobó además que en un lapso de dos meses queden definidas, antes de que comience el plazo para que, quienes busquen otro puesto, dejen el de diputado. “El agravio no es para nosotros, es para los millones de capitalinos que representamos todos y cada uno de los que conformamos esta Legislatura”, se quejó la diputada Aleida Alavez, de Morena.
(Foto: En una imagen de archivo, Toledo y Romero, ex delegados y actuales diputados locales del PRD y PAN, respectivamente, acompañan al secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida. Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com).
