La farsa de los derechos humanos en Francia

Del Día Internacional de los Derechos Humanos a las banlieues en llamas

Primer mundo para las fotos, tercer mundo para sus periferias.

Un sistema que combina burocracia, abandono y hostigamiento, muy lejos de las proclamas humanistas con las que Francia suele adornar sus discursos en foros internacionales.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

El 27 de junio de 2023, en Nanterre, un suburbio de París que rara vez aparece en las postales turísticas, un joven de 17 años llamado Nahel Merzouk recibió un disparo de un policía a quemarropa. Iba al volante de un Mercedes alquilado cuando dos agentes motorizados lo detuvieron en un control de tránsito.

La primera versión oficial habló de “legítima defensa” y de un conductor que habría embestido a los policías. Pero luego apareció un video grabado por un testigo: se ve al joven detenido, el arma del agente apuntándole casi pegada a la ventanilla, el coche apenas comienza a moverse… y suena el disparo. El chico muere ahí mismo, frente a una cámara de teléfono que termina desbaratando la coartada del Estado.

La muerte de Nahel no se quedó en expediente: incendió Francia. Ayuntamientos, escuelas, comisarías y edificios públicos fueron atacados; más de cinco mil vehículos quemados, casi mil inmuebles dañados o saqueados, cientos de policías lesionados y miles de detenidos en una ola de disturbios que recorrió barrios pobres y racializados de todo el país.

De pronto, el país que presume la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como carta de presentación diplomática se veía obligado a mirarse en el espejo de sus banlieues: territorios donde la policía es más temida que el crimen y donde ser joven, negro o árabe equivale a vivir permanentemente sospechoso.

Ese caso, que hoy sigue en los tribunales con el policía acusado de homicidio voluntario, es más que un episodio trágico: es un síntoma. Organizaciones como Amnistía Internacional han insistido en que Nahel encarna un patrón: uso excesivo de la fuerza, disparos injustificados, controles de identidad discriminatorios y un clima de impunidad que se ceba en las periferias urbanas.

En su informe más reciente sobre Francia, Amnistía describe un país donde el racismo sistémico y la discriminación religiosa persisten, donde el perfilamiento racial continúa “con impunidad” y donde las restricciones a la protesta pacífica y el uso excesivo de la fuerza policial se han vuelto práctica corriente. Amnesty International+1

Human Rights Watch coincide: en sus informes sobre 2023 y 2024 detalla cómo los migrantes y solicitantes de asilo viven en condiciones inhumanas, son detenidos, acosados por la policía y sometidos a controles discriminatorios. Las revisiones de identidad siguen concentrándose en jóvenes con piel negra o rasgos árabes; no es casual que las quejas por maltrato y abuso se acumulen precisamente en esos barrios que la República recuerda solo cuando arden.

HRW advierte que, mientras tanto, el derecho a un nivel de vida adecuado se erosiona para comunidades vulnerables, en un contexto de inflación y políticas de austeridad que empujan a más gente a los márgenes. Human Rights Watch+1

La propia justicia francesa, empujada por demandas de colectivos civiles, se ha visto obligada a reconocer lo que por años negó. En octubre de 2023, el Consejo de Estado —la máxima corte administrativa— admitió que existe perfilamiento racial durante los controles de identidad: una práctica que calificó como un “desprecio flagrante” a la prohibición de discriminación.

Lo histórico del fallo se diluyó con una frase: el tribunal se declaró sin poder para obligar al Estado a cambiar la forma en que la policía actúa. Es decir, reconoce la discriminación, pero no ordena detenerla. Las organizaciones que impulsaron el caso —entre ellas HRW y Amnistía Francia— lo sintetizaron como lo que es: una confesión sin propósito de enmienda. Human Rights Watch+1

La presión ha tenido que escalar más allá de las fronteras nacionales. En junio de 2025, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Francia por el caso de Karim Touil, un francés de ascendencia africana sometido a tres controles de identidad en diez días, sin justificación razonable salvo su apariencia. El tribunal determinó que se violaron sus derechos a la no discriminación y a la vida privada, y ordenó una indemnización. Aunque el fallo no se extendió a otros casos acumulados en la misma demanda, envió un mensaje claro: el problema no es anecdótico, es estructural.

La respuesta del Estado francés ha sido más defensiva que transformadora. En 2024, varias organizaciones presentaron una queja ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, denunciando que el perfilamiento racial por parte de la policía viola el derecho internacional y que Francia no ha hecho lo necesario para erradicarlo. El documento describe una práctica cotidiana: jóvenes negros y árabes sometidos una y otra vez a revisiones sin motivo, en estaciones de tren, plazas, centros comerciales; insultos, cacheos humillantes, interrogatorios sin sustento. Lo que para la policía es “rutina”, para esos jóvenes es un recordatorio diario de que su ciudadanía vale menos. Human Rights Watch+1

Pero la crisis de derechos humanos va más allá de la relación entre policía y periferias. En el campo de las libertades civiles, organizaciones francesas e internacionales documentan un deterioro sistemático desde 2017.

Un informe reciente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, apoyado por la Liga de los Derechos del Hombre y otras entidades, habla de que Francia “se está saliendo de la democracia”: describe cómo, bajo la bandera de la seguridad y el combate al terrorismo, se han endurecido las leyes para disolver asociaciones, prohibir manifestaciones, vigilar organizaciones incómodas y criminalizar la protesta social.

Los chalecos amarillos, las movilizaciones contra la reforma de pensiones y las marchas pro Palestina han sido campo de ensayo para una doctrina de orden público que coloca a la ciudadanía bajo sospecha cuando se organiza.

Los ataques no se limitan a las calles. La llamada “ley contra el separatismo”, aprobada en 2021, ha sido utilizada para disolver asociaciones musulmanas, colectivos críticos con la política migratoria o grupos acusados de “atentar contra los valores de la República”. Bajo esa fórmula elástica caben desde mezquitas incómodas hasta organizaciones de defensa de migrantes. HRW ha advertido que esta legislación, pensada supuestamente para combatir extremismos, termina siendo una herramienta para restringir la libertad de asociación y para asfixiar la sociedad civil que denuncia abusos. Human Rights Watch+1

En paralelo, el Estado francés ha abrazado una cruzada peculiar en nombre de la laicidad: controlar el cuerpo y la vestimenta de las mujeres musulmanas. El debate se ha trasladado incluso al deporte. En 2024, senadores impulsaron una iniciativa para prohibir el uso de cualquier prenda “ostensiblemente religiosa”, incluido el hiyab, en competencias deportivas. Buena parte de las federaciones ya vetan el uso del velo en sus reglamentos; la nueva ley buscaría generalizar la exclusión.

Amnistía Internacional calificó la propuesta como abiertamente discriminatoria, al señalar que se dirige de manera específica contra mujeres y niñas musulmanas y les cierra el acceso a la vida deportiva y comunitaria. Más que neutralidad religiosa, dicen los críticos, lo que se legisla es quién tiene derecho a aparecer en el espacio público y bajo qué condiciones.

En los márgenes de todo esto están los migrantes y solicitantes de asilo, que en teoría deberían encontrar refugio en un país que se proclama defensor universal de los derechos humanos. Los informes de HRW y Amnistía describen otro paisaje: campamentos improvisados desalojados una y otra vez, niños migrantes sin acceso a servicios básicos, detenciones administrativas prolongadas, violencia policial en fronteras y estaciones. Un sistema que combina burocracia, abandono y hostigamiento, muy lejos de las proclamas humanistas con las que Francia suele adornar sus discursos en foros internacionales. Human Rights Watch+1

Todo esto ocurre mientras el país se presenta año tras año, cada 10 de diciembre, como guardián del ideario de 1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se adoptó tras el horror de la guerra. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los discursos oficiales abundan en referencias a la libertad, la igualdad, la lucha contra el fascismo y el racismo. Pero los datos y las denuncias muestran otra cosa: un Estado que tolera y perpetúa el perfilamiento racial; una justicia que reconoce la discriminación pero no obliga a corregirla; un aparato legislativo que restringe libertades en nombre de la seguridad; una política de laicidad convertida en herramienta de exclusión; una frontera que maltrata a quienes huyen de la violencia o la pobreza. Amnesty International+1

El caso de Nahel Merzouk no es, pues, una grieta en el sistema: es el espejo en el que se refleja una República que dispara al futuro de sus propios jóvenes y luego les pide que crean en el cuento de los derechos universales.

Mientras los suburbios sigan ardiendo y las organizaciones sigan documentando lo mismo año tras año, el Día Internacional de los Derechos Humanos será, para Francia, menos una celebración y más una fecha incómoda: el recordatorio de que detrás de la retórica luminosa hay una farsa que se sostiene sobre cuerpos vulnerables, revisados, fichados, golpeados… y a veces, como Nahel, asesinados por quienes debían protegerlos.

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