INE propone reforma electoral que blinde su autonomía, ordene elecciones judiciales y amplíe derecho al voto
Foto: Magdalena Montiel / Cuartoscuro
El Instituto plantea ajustes constitucionales sin desmontar el modelo vigente
Diagnóstico tras los procesos electorales más complejos de la historia reciente.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 13 de enero de 2026 un documento clave para el debate público y legislativo: una Iniciativa de Reforma Electoral que no plantea una ruptura con el modelo vigente, pero sí una reingeniería normativa para enfrentar los nuevos escenarios políticos, institucionales y tecnológicos que ha vivido el sistema electoral mexicano en los últimos años.
El texto surge de la evaluación de dos procesos inéditos por su magnitud y complejidad: el proceso electoral concurrente 2023–2024, el más grande en la historia del país, y el proceso extraordinario 2024–2025, que incorporó por primera vez la elección de diversos cargos del Poder Judicial. La combinación de elecciones federales, locales, judiciales y partidistas evidenció vacíos legales, tensiones operativas y riesgos que, según el INE, ya no pueden resolverse únicamente con acuerdos administrativos.
Autonomía constitucional y blindaje presupuestal
Uno de los ejes centrales del documento es el fortalecimiento de la autonomía del INE, particularmente en el ámbito presupuestal. El Instituto propone reformar el artículo 41 constitucional para garantizar no solo su independencia funcional, sino también un piso presupuestal objetivo y previsible que evite recortes discrecionales por parte del Ejecutivo o del Legislativo.
Entre las propuestas destaca la creación de una fórmula vinculada al padrón electoral —ajustable en años de procesos concurrentes— que permita asegurar recursos suficientes para funciones sustantivas como la capacitación electoral, la fiscalización, la organización de elecciones y el mantenimiento del padrón y la lista nominal. Asimismo, se plantea garantizar presupuesto específico para las elecciones judiciales, tanto federales como locales, evitando que estas compitan por recursos con los procesos partidistas tradicionales.
El INE también propone institucionalizar un mecanismo permanente de diálogo técnico con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, además de reforzar los esquemas de transparencia y rendición de cuentas para desmontar narrativas recurrentes sobre presunto despilfarro o privilegio institucional.
Elecciones judiciales: ordenar lo que nació sin reglas claras
La experiencia reciente de elecciones judiciales ocupa un lugar central en la iniciativa. El propio Instituto reconoce que la reforma al Poder Judicial introdujo un modelo electoral completamente nuevo sin una arquitectura normativa suficiente. La coexistencia de elecciones judiciales y partidistas, con calendarios, reglas de cómputo y lógicas operativas distintas, obligó a resolver múltiples problemas sobre la marcha.
Ante este escenario, el INE propone ajustes constitucionales y legales para armonizar calendarios, redefinir fechas de cómputo —actualmente desfasadas respecto al resto de los procesos— y establecer reglas claras para elecciones concurrentes. El objetivo es dotar de certeza jurídica a un modelo que, de mantenerse, será recurrente y no puede seguir operando bajo esquemas provisionales o excepcionales.
La iniciativa subraya que sin estos ajustes, las elecciones judiciales corren el riesgo de convertirse en un factor permanente de incertidumbre institucional y desgaste operativo para la autoridad electoral.
Derecho al voto, comunicación política y autoridades locales
El tercer gran bloque del documento se concentra en el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y en la calidad del sistema democrático. El INE propone reconocer expresamente en la Constitución y en la ley modalidades como el voto anticipado, el voto por internet, el voto electrónico, el voto postal y el voto en prisión preventiva, con el fin de garantizar el sufragio de personas con discapacidad, personas cuidadoras, población migrante, personas en situación de postración y funcionariado electoral que enfrenta restricciones el día de la jornada.
En este mismo eje se plantea avanzar gradualmente hacia modelos mixtos de votación, combinando casillas tradicionales con herramientas tecnológicas, siempre bajo control institucional y mediante pruebas piloto que aseguren certeza y confianza pública.
La iniciativa también revisa el modelo de comunicación política. Sin eliminar el principio de acceso equitativo a radio y televisión, el INE propone reducir la saturación de spots y fortalecer mecanismos de mayor valor democrático, como debates, presentación de plataformas y formatos que permitan una deliberación más sustantiva, frente a campañas excesivamente repetitivas y desgastantes para la ciudadanía.
Finalmente, el documento aborda la situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), reconociendo que no son instituciones homogéneas y que su regulación debe considerar las diferencias políticas, administrativas y culturales de cada entidad. El énfasis está en fortalecer su profesionalización, sus capacidades sancionadoras y su carácter ciudadano, sin imponer modelos rígidos que desconozcan las realidades locales.
A lo largo del texto, el INE insiste en que sus propuestas no buscan desmontar el sistema electoral, sino corregir disfuncionalidades, cerrar vacíos normativos y anticipar riesgos en un contexto de creciente complejidad política e institucional. La iniciativa se presenta como una aportación técnica al debate legislativo, no como una agenda cerrada ni como una defensa corporativa.
En un momento marcado por tensiones políticas alrededor de la autoridad electoral, el documento plantea una disyuntiva de fondo: fortalecer institucionalmente la democracia mediante reglas claras y previsibles, o seguir administrando con parches un sistema sometido a presiones cada vez mayores.
