Investigan a 18 policías por abuso… mientras Clara defiende el operativo

Gobierno capitalino enfrenta un dilema al defender la actuación policial al tiempo que la SSC indaga denuncias por excesos de fuerza.

Organizaciones civiles y la CDHCM exigen transparencia; el operativo, enfocado en contención y encapsulamiento, es cuestionado por el principio de proporcionalidad de la fuerza.

STAFF/LIBRE EN EL SUR

La Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México se encuentran en una compleja encrucijada legal y política tras la reciente manifestación que sacudió la capital el pasado fin de semana.

Aunque la administración capitaliuna condenó los actos de vandalismo y violencia minoritarios, el operativo policial implementado ha sido objeto de un intenso escrutinio. Como resultado, el gobierno capitalino se ha visto obligado a abrir una investigación interna por, al menos, 18 posibles casos de uso excesivo de la fuerza por parte de sus elementos.

El despliegue de miles de efectivos tuvo como objetivo central la contención y el encapsulamiento de los manifestantes para prevenir daños al patrimonio público y privado, así como confrontaciones. Diversos funcionarios, algunos de ellos inmersos en procesos electorales, defendieron la “actuación institucional” de la policía por haber cumplido con la labor de contención.

Sin embargo, esta defensa se contrapone directamente con las crecientes denuncias ciudadanas, respaldadas por material videográfico y fotográfico, que sugieren una respuesta policial desproporcionada e incluso violenta en varios momentos clave del evento.

La investigación interna ha recaído en la dirección general de Asuntos Internos de la SSC. Esta instancia ha iniciado las carpetas correspondientes a los 18 casos documentados. La pesquisa se centra en determinar si los elementos violaron el “Manual de Uso de la Fuerza para el Personal de las Instituciones de Seguridad Pública de la Ciudad de México”, un documento que rige los principios de actuación policial, basado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Dicha ley establece que el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional, legal y absolutamente necesario.

La Ley en la materia subraya que las técnicas de control de multitudes deben priorizar la negociación y la persuasión antes de escalar a la fuerza física. Las tácticas observadas, como el empleo indiscriminado de gas pimienta, el uso de toletes sin un peligro inminente para la vida de terceros, y los encapsulamientos que no garantizaban vías de salida para manifestantes pacíficos, son precisamente los puntos que están bajo lupa. En caso de que se comprueben las violaciones al protocolo, los elementos implicados podrían enfrentar rigurosas sanciones administrativas y, potencialmente, responsabilidades penales.

El discurso oficial post-manifestación ha operado en dos niveles que evidencian una tensión interna. Por un lado, la narrativa dominante se ha enfocado en la condena enérgica a la violencia y el vandalismo, etiquetando a los responsables como “grupos de choque” o “provocadores” que buscan desestabilizar el orden.

Esta retórica busca justificar a priori la necesidad de una respuesta firme del Estado. Por otro lado, la apertura de las 18 carpetas de investigación representa una admisión de facto de que pudo haber habido fallas en la cadena de mando o excesos individuales. El contraste radica en que, mientras públicamente se defiende la institución policial como un todo, internamente se reconoce la posibilidad de que se hayan cometido abusos contra los derechos humanos. Esta estrategia comunicacional busca equilibrar la necesidad de mostrar firmeza contra la violencia con la obligación de acatar los mandatos internacionales y constitucionales de respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) han reaccionado con cautela. La CDHCM ha reiterado la necesidad de que la SSC garantice el acceso a la justicia y la reparación integral del daño a todas las víctimas de posibles abusos. El organismo autónomo ha solicitado a las autoridades que la investigación no se limite a los 18 casos ya abiertos, sino que se extienda a toda denuncia que pueda surgir en los días posteriores, incluyendo la revisión de los procedimientos de detención.

Activistas y defensores de derechos humanos han enfatizado que la función policial en manifestaciones es un termómetro de la salud democrática de la ciudad. Ellos argumentan que, aunque el Estado tiene el derecho de proteger la seguridad de la ciudadanía, este derecho no es absoluto y debe ejercerse con la máxima contención, incluso frente a provocaciones. La exigencia es clara: el castigo al vandalismo no debe servir de pretexto para la violación de los derechos a la libre manifestación y a la integridad personal.

El verdadero desafío para el gobierno de la CDMX no es solo abrir las investigaciones, sino asegurar que estas concluyan con la debida diligencia y, en caso de comprobarse abusos, con sanciones ejemplares. Históricamente, los procesos internos en corporaciones de seguridad suelen ser lentos y, a menudo, resultan en sanciones mínimas o prescripción, lo que fomenta la impunidad. Libre en el Sur, como medio de vigilancia ciudadana, subraya que el compromiso con la justicia será puesto a prueba por la celeridad, la profundidad y, sobre todo, la transparencia con la que Asuntos Internos y la Fiscalía capitalina procesen estas 18 carpetas. La resolución de estos casos se convertirá en un precedente crucial sobre el verdadero compromiso del gobierno de la CDMX con el Estado de Derecho y la protección de las garantías individuales frente a cualquier despliegue de la fuerza pública.

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