Magia, empoderar al ciudadano sin democracia

La crisis del sistema no es sólo económica y social, sino profundamente ética.

GUILLERMO FABELA QUIÑONES

Cuando hay voluntad política no se necesitan leyes para cumplir lo que daña el tejido social y es de sentido común corregir. Vale decirlo porque la presidenta Sheinbaum anunció reformas “para empoderar al ciudadano contra la corrupción”. Bajo cualquier punto de vista es un sinsentido pretender tal cosa, pues no es un tema de falta de normas jurídicas la crisis endémica del flagelo en México, sino de un eficaz estado de derecho que en los últimos siete años se anuló por la imparable ola de impunidad, cuyas consecuencias se pretendió minimizar con la reforma judicial que puso fin a la frágil división de poderes.

Puntualizó: “No sólo tienen derecho, es una obligación del gobierno. Entonces, necesitamos empoderar al ciudadano; que cada vez que denuncie, esa denuncia tenga consecuencias”. Con todo, lo que se necesita es crear las condiciones objetivas de un estado de derecho que sirva de firme contrapeso al autoritarismo, siempre al acecho cuando encuentra tierra fértil, tal como sucede actualmente, luego de que se liquidó la débil estructura institucional que se fue creando, en casi medio siglo, para encauzar una democracia representativa que siente las bases de un sistema político incluyente, como lo exigían  las circunstancias geopolíticas en la década de los ochenta.

En la actualidad eso ya es historia, el obradorato se encargó de poner fin al entramado legal que favorecía la inclusión de la ciudadanía en los asuntos públicos; lo único que queda es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en calidad de organismo fantasma, con el propósito de hacer creer, fuera del país, que México cumple con la salvaguarda de las garantías individuales en una democracia. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la Consejería Jurídica de la Presidencia prepara el paquete de iniciativas que se hará llegar al organismo cameral. Esta decisión nos hace suponer que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno incumple su responsabilidad.

En la actual conformación del partido en el poder, es inexistente una mínima posibilidad de que sea funcional una ley contra la corrupción que “empoderara al ciudadano”. En el mejor de los casos, se aprobaría  un documento inocuo, para presumir absurdamente que México cuenta con leyes anticorrupción propias de las democracias más avanzadas del planeta, etcétera. Sin embargo, la realidad echaría abajo esa falacia demagógica, y quien quedaría mal ante el mundo sería la mandataria, no el Congreso.

Cabe preguntarse: ¿qué caso tiene utilizar métodos que se revierten a quien los usa? La única respuesta lógica  es que se trata de una imposición a la mandataria que no puede rechazar, por motivos que sólo ella conoce. Mucho menos cuando no hubo posibilidad concreta de desaforar al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no obstante el enorme desprestigio que carga sobre su espalda desde que fue gobernador de Tabasco. De ahí que sea una entelequia la reforma anticorrupción de la presidenta Sheinbaum, mientras no existan condiciones que permitan su promulgación conforme al objetivo propuesto.

Es preciso puntualizar que menos lógica tiene responsabilizar a los ciudadanos de la lucha contra el flagelo cuando sólo se les va a tomar el pelo, pues sus denuncias no tendrían consecuencias. No al menos en el sentido de que el denunciante esté convencido de que no va a perder el tiempo, que sólo está siendo utilizado para convalidar una medida demagógica más, creada para distraer a una población incapaz de hacer valer sus derechos más elementales, como actualmente sucede una vez desmantelado el andamiaje que permitía un esbozo de estado de derecho en ciernes, ahora roto por la imposición de un régimen autoritario, semejante al que erigió el PRI a partir de los años cuarenta del siglo pasado, el cual fue “modernizado” por presiones externas cinco décadas después, para establecer el modelo neoliberal, aún vigente.      

Lo prioritario en materia de justicia en nuestro país es avanzar en el combate a la impunidad, más aún en delitos de trascendencia sociopolítica como los que se han cometido los últimos siete años. El más reciente, el homicidio en Colima de dos familiares cercanos del secretario de Educación, Mario Delgado, aparentemente ajenos a un móvil político. Será muy difícil  investigarlo, ya que los tres asesinos plenamente identificados fueron muertos pocas horas después. Lo mismo sucedió con el que asesinó al entonces alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; el doble homicidio que costó la vida de los dos más cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Bugada, también se quedó sin resolver, al igual que el extraño asesinato de quien fuera el principal colaborador de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Milton Morales, el 21 de julio de 2024.

Sin lugar a dudas, la sombra del obradorismo como corriente dominante en el régimen de la “transformación” se mantendrá un buen tiempo, incluso con el senador Adán Augusto López sin el cargo de coordinador nacional de Morena en la Cámara Alta. El control del fundador del partido en el poder está asegurado por una cadena de complicidades que fue tejiendo en dos décadas, con una visión estratégica poco común en nuestra historia. Muchos y muy poderosos son los que corren riesgos al caer el líder de modo ajeno a su voluntad.

Sin embargo, está condenado a perder su liderazgo, pues lo que mal empieza mal acaba, como señala la sabiduría popular. La no reelección en la Presidencia de la República se firmó con la sangre del caudillo Álvaro Obregón, y se ratificó con la expulsión del suelo patrio de su émulo y paisano Plutarco Elías Calles. Seguir sus pasos, en condiciones diferentes a las de estos dos, si no internas sí en el ámbito geopolítico, es inevitable. El país no soportaría una reelección como la que planeó López Obrador, cualquiera que sea el disfrazar que quiera ponérsele.

Nunca previó las consecuencias que tendría para su proyecto la condición humana, la propia y la de sus principales correligionarios. Por muy eficaz que haya sido la planeación del modelo obradorista, el fracaso vendría de sus ambiciones sin límite y de su absoluta falta de escrúpulos. El movimiento obradorista nunca se ha regido por principios, sino por objetivos de venganza social con una finalidad excluyente: quienes no están conmigo son mis adversarios.

Ya lo había analizado certeramente Carlos Fuentes: “la izquierda democrática sólo puede tener éxito en México si se propone objetivos modestos pero concretos y continuados y que entrañen un acercamiento de los grupos democráticos de las ciudades… al mundo explotado e indefenso  del campo y de las barriadas”. Esto nunca se hizo por parte de López Obrador, no con una finalidad constructiva e incluyente, sino para conformar su fuerza de choque sin capacidad de discernir el móvil de su utilización.

La crisis del sistema no es sólo económica y social, sino profundamente ética, situación que hermana a los regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales. En nuestro entorno esto es fácilmente comprobable con la abrumadora descomposición  del grupo en el poder, guiado por la consigna obradorista “abrazos, no balazos”, con la cual decretó la impunidad del crimen organizado y una política pública exenta de escrutinio ciudadano, a extremos sin precedentes, que ahora es la carga de más peso que debe llevar la presidenta Sheinbaum.

No es casual que la cauda de homicidios y de extrema violencia en el país sea comparable a las experiencias que ha dejado la guerra entre las mafias en cualquier parte del mundo. La inestabilidad política está pasando, de ser un tema preocupante, a una emergencia nacional de cara a las presiones que sufre la mandataria por su compromiso con López Obrador, cuyas consecuencias, de continuar en el mismo nivel, la arrollarían con resultados funestos hasta para éste y su grupo compacto.

Es muy oportuna la denuncia que hizo la directora de la División de las Américas de Human Rights Watchs, Juanita Goebertus, de que en nuestro país “avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos”. Con ésta se ratifica que, aun cuando internamente la demagogia cumpla sus objetivos enajenantes, en el exterior no tiene ningún efecto, pues la globalización ha favorecido que todo lo que ocurre en los países periféricos se conozca al detalle.

 Está muy equivocada la jefa de Gobierno, Clara Brugada, si cree que “bajarle a la nota roja”, tal como lo propuso al anunciar su plan de establecer un acuerdo con los medios de comunicación con esa finalidad, permitiría disminuir la percepción de inseguridad entre los capitalinos. No es un tema de “percepción”, sino de una realidad imposible de ocultar por su impacto social y su continuidad concreta. Los medios lo único que hacen es informar, pues de no hacerlo no tendría sentido su labor social. Si eso es lo que finalmente se propone el régimen “transformador”, pues sería menos complicado decretar su desaparición, tal como lo desean no pocos funcionarios, legisladores y ejecutivos del ámbito federal y estatal.

Sin embargo, la experiencia histórica nos permite comprobar que medidas coercitivas jamás han podido doblegar a la prensa, ni siquiera en los regímenes totalitarios, pues la clandestinidad  es el camino a seguir; toda dictadura tiende a caer por su naturaleza contraria a la condición humana, proclive a la libertad; así ha sido siempre y  lo será más en la actualidad, no obstante la mayor capacidad de las oligarquías para doblegar a las masas. Está visto que mientras más fuerte es su poder de control y dominación, más pronto sufre su descomposición interna. Lo estamos viendo con el actual régimen: su enemigo principal se encuentra en sus propias filas: su sed de poder los hace perder toda noción de sensatez.  

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