Ofrece DAO 'mano dura' contra obras irregulares; pide delegado en BJ investigar
Ante el escándalo desatado por la presunta existencia de documentos apócrifos para que desarrolladores inmobiliarios se “brinquen” las normas en materia de uso de suelo a través de la figura de derechos adquiridos, el delegado en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, afirmó que aplicará “mano dura” para garantizar que se respete el marco legal en materia de construcciones, mientras que el titular en Benito Juárez, Mario Palacios, pidió investigar las irregularidades.
“Que quede claro: yo no tengo ningún compromiso con ningún constructor”, aseveró Palacios la noche de ayer ante integrantes de los Comités Ciudadanos recientemente electos en la demarcación juarense. “Por eso he pedido que se investigue, que se aclaren los casos de presuntas irregularidades en Benito Juárez. El delegado estimó que son necesarias reformas legislativas, pues actualmente los desarrolladores simplementes manifiestan “bajo protesta de decir verdad” que cumplen con la ley, sin que la Delegación tenga facultades para sancionarlos.
Ante señalamientos de algunos líderes vecinales que aseguraron existen flagrantes violaciones al uso del suelo en la DBJ, Palacios se comprometió a revisar los casos, pero aclaró que no puede sancionar a quien no está fuera de norma. “Necesito por eso que me ayuden a exigirles a los diputados que mejoren las leyes”.
Por su parte, el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, informó este martes que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), desde junio del año pasado, se implementó un operativo de verificación de construcciones y establecimientos mercantiles que se ubican en esa colonia. Aseveró que el trabajo interinstitucional que se lleva a cabo permitió detectar que en la Ciudad de México ha venido operando desde hace más de dos años una red dedicada a la falsificación de diversos documentos o a expedir documentos sin el soporte legal.
“Lo fundamental es que estas redes sepan que las autoridades tenemos muy clara la mira, que estamos trabajando, que estamos detectando toda una serie de cuestiones y que estamos actuando en consecuencia”, dijo el funcionario en conferencia de prensa. Detalló que como parte de estas acciones conjuntas, hasta el momento se han revisado de manera integral 53 expedientes de licencias y manifestaciones de construcción, de los cuales 11 concentran los principales focos rojos.
Santillán Pérez comentó que en Jardines de Pedregal se han realizado 100 verificaciones administrativas, nueve de las cuales concluyeron con la clausura del inmueble, mientras que 21 obras se encuentran detenidas. Indicó que en caso de que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia arrojen como resultados que estas obras cuentan con documentos que fueron expedidos sin contar con el sustento legal, la demarcación anulará los derechos adquiridos o las constancias de zonificación y coadyuvará para que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal determine las demoliciones correspondientes.
“Una vez que tengamos ese paso, la autoridad delegacional llevará a cabo revocaciones de las manifestaciones de construcción y por lo tanto, en el ámbito administrativo, las revocaciones pueden incluir las demoliciones de obras, así como las multas de carácter administrativo, independientemente de las sanciones penales a las que se hagan acreedores los responsables”, dijo.
