Para jueza cancelación de 35 normas de salud

Cien colectivos feministas se anotan triunfo, al menos temporalmente

Diana Hernández Gómez / CIMAC Noticias

Oficialmente, la cancelación de 33 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud se ha suspendido temporalmente. Así lo decidió la jueza federal Blanca Lobo Domínguez, quien el pasado 14 de julio admitió uno de los 100 amparos promovidos por activistas del movimiento feminista para frenar la desaparición de las NOM. Sin embargo, será este viernes 4 de agosto cuando se decida si el proceso para cancelar las Normas puede continuar o si se suspende hasta que el amparo admitido sea resuelto de fondo.

En entrevista con Cimacnoticias, Yndira Sandoval Sánchez (activista y fundadora de la colectiva Las Constituyentes Mx) explicó que el amparo gracias al cual se suspendió temporalmente la cancelación de las NOM —con número 1236/2023— forma parte de los 100 amparos promovidos el 20 de junio de este 2023 por parte de Fuerza Política Todas México.

Ese día, varias integrantes de Las Constituyentes Mx y de diversos colectivos y organizaciones feministas como Todas México se manifestaron frente a la Secretaría de Salud ubicada en la Ciudad de México. A la par de la manifestación, varias mujeres a lo largo y ancho de toda la República Mexicana promovieron un centenar de amparos indirectos contra la medida anunciada por Hugo López-Gatell Ramírez. 

Los amparos impugnan la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación sobre la cancelación de las NOM y están dirigidos contra los gobiernos estatales de los que depende la Secretaría de Salud (SSA), la propia SSA y —dentro de ella—  Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. De hecho, en los recursos se pide un juicio político contra este funcionario. 

De acuerdo con Sandoval Sánchez, de esos 100 recursos (firmados por ciudadanas como la abogada Patricia Olamendi Torres), solo cerca de cinco fueron admitidos por jueces y juezas, entre ellos el  1236/2023. Dicho amparo (admitido en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México) plantea que la cancelación de las NOM viola los artículos constitucionales 1, 4 y 16. En ellos se habla sobre la garantía del respeto a los derechos humanos en México, el derecho a la protección de la salud y la protección de datos personales en el área sanitaria, entre otras.

Además de esto, según explica Yndira Sandoval, en cada uno de los amparos también se abordó la violación a los procesos adecuados para la cancelación de cualquier Norma Oficial según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley establece que la cancelación de cualquier NOM debe seguir el siguiente protocolo:

1. Revisar las normas sistemáticamente cada cinco años (algo que, de acuerdo con Ramírez Barba, no se ha llevado a cabo).
2. Analizar y evaluar medidas alternas que sustituyan a las NOM canceladas.
3. Evaluar, junto con otras autoridades, los impactos o beneficios de las normas durante el periodo en el que estuvieron vigentes; esto debe hacerse con datos cualitativos y cuantitativos
4. Después de todo esto, se debe conformar una propuesta de modificación o cancelación de las normas.

Todo esto, además, debe estar respaldado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública y —de acuerdo con Sandoval Sánchez— se debe contar con la participación de un consejo ciudadano.

Será este viernes 4 de agosto cuando, tras una audiencia incidental, la jueza Blanca Lobo Domínguez decida si la cancelación de las NOM queda suspendida indefinidamente mientras se resuelve el amparo 1236/2023 o si, por el contrario, el proceso puede continuar. Cabe destacar que, apenas este 13 de julio, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública anunció que será hasta septiembre cuando se anuncie si las NOM serán eliminadas o no. 

‘Un Estado feminicida que litiga contra las ciudadanas’

Yndira Sandoval advierte que la cancelación de las 33 Normas Oficiales Mexicanas afecta de manera diferenciada a las mujeres. Y es que en las NOM por cancelar hay cuatro relacionadas con salud materna y enfermedades con altos índices de mortalidad entre las mexicanas. Estas son las NOM:

• Para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna
• Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer
• Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino
• Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama

La activista recuerda que en las NOM se establecen los protocolos para el abordaje de estos temas de salud; por lo tanto, estas Normas dotan a la ciudadanía de herramientas para hacer exigible una atención de calidad. De ahí que cancelarlas, desde la perspectiva de Sandoval Sánchez, signifique que el Estado se esté desmarcando de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud a la población.

“Lo que tendría que estar haciendo el Estado es fortalecer las Normas y transitarlas a un marco jurídico más garantista y no más endeble”, dice Yndira Sandoval y agrega que, por el contrario, el Estado mexicano está violando los derechos humanos al iniciar un litigio para “protegerse de las mujeres” y de los amparos que promovieron.

Para la también defensora de derechos humanos, estas omisiones y negligencias de parte del Estado están obligando a las mujeres a ampararse de la institución que se supone que debería protegerlas. Al mismo tiempo, las orilla a tener que convertirse en especialistas en litigio estratégico para garantizar la protección de sus derechos.

Estos esfuerzos (que simplemente no existirían si el Estado actuara como le corresponde) ya han dado resultados con los amparos recibidos. Sin embargo, Yndira Sandoval Sánchez indica que aún no se debe cantar victoria precisamente porque las instituciones estatales están continuando con el litigio. Mientras el proceso continúa, las promoventes (Fuerza Política Todas México) continuarán presentando pruebas y fortaleciendo su estrategia jurídica para evitar la desaparición de las NOM.

Dependiendo de lo que suceda con los amparos admitidos, las activistas y defensoras de los derechos de las mujeres podrían presentar una queja frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso llevar el caso a organismos interamericanos e internacionales. Todo, para proteger a las mexicanas de estas “acciones feminicidas que nos condenan a la muerte”.

“Un gobierno no puede ampararse para violar derechos humanos”, concluye Yndira Sandoval y agrega que la supuesta idea de reestructurar el sistema sanitario mexicano no puede ser una justificación para hacerlo. “Una reestructuración no puede basarse en el desmantelamiento sino en el fortalecimiento institucional”, asevera; sin embargo, parece ser que el Estado mexicano tiene una idea completamente diferente.

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