Ciudad de México, agosto 3, 2021 12:03
Libre en el Sur

Urge CDHCM a garantizar la protección reforzada a niñas, niños y adolescentes ante crimen organizado

En sus reflexiones durante la mesa sobre la “No utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados”, convocada por la Secretaría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) Durango, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, indicó que, de acuerdo con un informe realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, “México se encuentra entre los países más violentos del mundo, debido a la violencia generalizada, causada, entre otros, por actores armados”.

El contexto general en el país es un hecho, advirtió con base en los reportes periodísticos sobre  enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o de algunos de ellos con las fuerzas nacionales.

Explicó que entre las prácticas del crimen organizado en contra de estos grupos etarios prevalecen la extorsión, la desaparición, el reclutamiento forzado y la violencia sexual.

La Ombudsperson capitalina dijo que es en la confrontación entre grupos, que se acredita la existencia de un conflicto armado y, por lo tanto, la necesidad de un deber reforzado por parte del Estado mexicano para garantizar la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes (NNyA)

Al respecto, se refirió al Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño, signado y ratificado por México; exhortó a analizarlo, aunque el Estado no reconozca la existencia de un conflicto armado interno.

“Otra cosa es que esto en los hechos no suceda. De ahí la relevancia de este Protocolo, de que lo conozcamos, y sobre la obligación que tiene el Estado mexicano con niñas, niños y adolescentes, para poder avanzar”, subrayó.

Recordó, por ejemplo, la columna de autodefensas formada por 19 niñas y niños de entre 6 y 15 años en Guerrero, hace apenas un año, pero dijo, que también han sido reclutados por grupos comunitarios en estados como Michoacán, ya sea o no acreditados por el Estado mexicano, para combatir a los grupos del crimen organizado, que también los incorporan a sus filas.

Otro ejemplo, dijo, es de las infancias y adolescencias en procesos de migración, que los coloca en situaciones de completa vulnerabilidad, como lo dejó ver el descubrimiento de 19 cadáveres de personas migrantes en Camargo, Tamaulipas, la mayoría de origen guatemalteco, entre ellos un adolescente de 17 años.

Entre los pendientes del Estado mexicano, en cuanto a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, respecto al contenido y cumplimiento del Protocolo, la Defensora señaló la falta de tipificación del reclutamiento de NNyA y su utilización en hostilidades, incluidos los grupos armados no estatales (grupos de autodefensas).

Asimismo, la insuficiencia de medidas para identificar a NNyA utilizados en conflictos en el país, así como de menores migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, reclutados y utilizados en el extranjero.

Y es que, advirtió, sólo la definición de la participación directa e indirecta de NNyA en las hostilidades, su visibilización y documentación puede derivar en la implementación de acciones conjuntas del Estado para atacar y desaparecer su reclutamiento, pero también garantizar las medidas necesarias para su protección, recuperación física y psicológica, así como su reintegración social.

El diálogo sobre la “No utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados”, se realizó en el marco del Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado, que se conmemora cada 12 de febrero, con el objetivo de visibilizar a los niños usados y asesinados por grupos armados en conflictos brutales, o que les han dejado daños físicos y psicológicos irreversibles.

En este ejercicio participaron también el titular de la SIPINNA Durango, Armando del Castillo Herrera; Alejandro Ramón Fuentes, Presidente del Tribunal de Menores Infractores del Poder Judicial del estado de Durango; y Marco Güereca Díaz, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.

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