Vecinos bloquean Insurgentes Sur; exigen solución urgente a contaminación del acuífero

Resisten mujeres y jóvenes bajo el sol inclemente; autoridades no llegan

“Si mintieron antes, si lo ocultaron, ¿cómo podemos confiar ahora cuando dicen que el agua ya no está contaminada?, expresan manifestantes.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Vecinos de diversas colonias de la alcaldía Benito Juárez, en su mayoría mujeres, niños y jóvenes, bloquearon la mañana de este sábado la circulación vehicular sobre Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Piedad del Metrobús, para exigir al gobierno de la Ciudad de México el reconocimiento formal de la contaminación del acuífero con diésel y la puesta en marcha inmediata de un plan de remediación.

La protesta, que se mantenía hasta el mediodía, fue encabezada por integrantes de colectivos vecinales, como Enlace del Valle y Guardianes del Agua. Su representante, Alicia Camps, recordó que el propio gobierno capitalino, a través de la actual secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, reconoció tácitamente desde hace un año que el agua estaba contaminada con diésel. “Han pasado trece meses desde entonces y ni una sola prueba, ni un solo resultado de laboratorio ha sido presentado por las autoridades para demostrar que el acuífero ya no está contaminado. Por lo tanto, asumimos que sigue contaminado”, denunció.

La emergencia sanitaria declarada en 2024 implicó la intervención incluso del Ejército –lo que es evidencia de la gravedad del problema– y de la Guardia Nacional, que hasta el día de hoy mantiene custodia permanente del pozo Alfonso XIII, señalado por las propias autoridades como el probable origen del derrame de hidrocarburos. “¿Qué clase de emergencia termina sin una sola acción de remediación ni información transparente?”, cuestionaron los manifestantes.

Bajo un sol inclemente, los vecinos aguantaban pacientemente a que llegaran representantes del gobierno capitalino, quienes hasta las 12:20 horas de este sábado no habían hecho acto de presencia en el lugar de la protesta. La ausencia fue interpretada como una nueva señal de desdén institucional ante una crisis de salud pública documentada y persistente.

Aunque el bloqueo afectó seriamente la circulación de vehículos particulares, los manifestantes permitían el paso del Metrobús y de los servicios de emergencia, lo que mantuvo en funcionamiento el servicio de transporte público en la zona. A la altura del Eje 5 Sur, elementos de tránsito tuvieron que desviar la circulación vehicular privada, lo que provocó un severo caos vial en calles aledañas.

Los vecinos han señalado que toda la historia ha estado plagada de verdades a medias, opacidad institucional y omisiones sistemáticas. A pesar de que tribunales federales concedieron amparos para que se hiciera pública toda la información técnica, las autoridades no han cumplido con esa obligación legal. En particular, acusan que más de 7,000 estudios del agua realizados por el gobierno no han sido dados a conocer públicamente, lo que alimenta la desconfianza. “No sabemos el estado real del pozo, ni si se clausuró, ni si se limpió, ni qué resultados arrojaron los análisis”, subrayó Camps.

Además, recordaron que el propio gobierno de la Ciudad de México ya reconoció que hubo contaminación con diésel, algo que en su momento fue negado por la administración de Martí Batres, lo cual —sostienen— ha generado una profunda desconfianza entre los vecinos. “Si mintieron antes, si lo ocultaron, ¿cómo podemos confiar ahora cuando dicen que el agua ya no está contaminada?”, expresó Camps.

La preocupación vecinal se extiende también por el potencial de expansión de la contaminación a otras zonas de la ciudad. Según advirtió en su momento el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, el diésel detectado en el acuífero tiene la capacidad de desplazarse lentamente, pero de manera efectiva, a través del subsuelo, contaminando progresivamente otras fuentes de abastecimiento. Luege confirmó públicamente que el agua estaba contaminada con hidrocarburos y que el fenómeno no estaba confinado exclusivamente al pozo afectado.

En este sentido, los vecinos han solicitado que se aplique una remediación especializada mediante el uso de paquetes de bacterias biodegradadoras, las mismas que se emplean cuando ocurren derrames de petróleo en cuerpos de agua, con el fin de degradar el hidrocarburo de forma natural y efectiva. Hasta el momento, el gobierno no ha respondido a esta propuesta ni presentado un plan técnico claro de saneamiento.

En el marco de la protesta, los colectivos vecinales exigieron la renuncia de Myriam Urzúa y juicio penal contra Martí Batres, a quienes acusan de haber actuado con “desprecio criminal” frente a una crisis de salud pública sin precedentes.

El pliego petitorio difundido en la manifestación incluye además la reparación integral de los daños, lo que implica atención médica gratuita en hospitales de primer nivel, filtros obligatorios para viviendas y negocios, la condonación del pago de agua por cinco años a partir de marzo de 2024 y el reembolso de gastos en salud, limpieza y adquisición de agua potable durante el periodo de contaminación.

“El agua contaminada con diésel no es un tema que se deba tratar a la ligera”, se lee en el documento firmado por los vecinos. En él acusan directamente a Myriam Urzúa de haber expuesto deliberadamente a la población al contaminante, de fingir atención a la emergencia y de minimizar los efectos del diésel al declarar que el agua era potable. “Nos dijo que éramos insignificantes y así nos trató, con desprecio a la vida y la salud. ¡Que renuncie!”, exigen.

El pliego también señala al exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael Carmona, a quien responsabilizan penalmente por haber recomendado “lavar con jabón cisternas y tinacos”, cuando —afirman— sabía que el hidrocarburo presente era tóxico y potencialmente cancerígeno. “Es un criminal. Nos puso en peligro sabiendo que arriesgaba la salud y vida de miles de personas”, acusan.

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