Ciudad de México, octubre 25, 2020 20:27
Congreso de la Unión

Viven en la calle 13 familias desalojadas en la colonia Alemán; la mayoría son niños y mujeres

La rutina de 50 vecinos de la colonia Miguel Alemán –la mayoría niños y mujeres– dio un giro drástico hace 18 días, cuando fueron desalojados de su casa de toda la vida. Desde entonces viven a tres metros de ahí, en la calle, entre telas, carpas y muebles, algunos de los cuales fueron maltratados por quienes los echaron, según acusan.
Son herederos de una familia que llegó al lugar en los años cuarenta. “Mi padre pudo comprar el terreno con mucho sacrificio”, dice Mario Nájera Meraz con ojos tristes. Lo rodea gente que calla de impotencia, integrantes de 13 familias que se acomodaron como pudieron en una construcción de poco más de 300 metros cuadrados –ubicada en la calle de Ahorro Postal 89, esquina con Logroño—, que fue siendo modificada conforme aumentó el número de sus moradores.
En la tarde del jueves 3 de febrero los vecinos lanzados están un poco reconfortados y disfrutan de los tamales y el atole que les llevó el equipo del diputado local panista Federico Manzo. Pero se les ha dicho no hay nada que hacer, que todo el camino legal está perdido y que definitivamente se han quedado sin hogar. Y cuando lo recuerdan vuelve la tristeza. “Es que no entiendo, hay muchas anomalías en esto”, insiste Nájera.
En efecto, no lo puede entender. Porque ni él ni los demás previeron tal desenlace. Una deuda de 58 mil pesos contraída por sus hermanas Emilia y Rosa en 1993, llevó a que Mario López Escalona las demandara y finalmente se quedara con la propiedad, aunque ellas aseguran que pagaron a tiempo. Alejandro Peña, abogado del diputado Manzo, tomó el caso. “Lamentablemente nos avisaron muy tarde; ya no podíamos hacer nada”. Mario López Escalona alegó la falta del pago de la deuda… y ganó la propiedad, puesta como garantía. El asesor legal explica que las hermanas sí fueron notificadas de haber perdido el juicio, cosa de la que no se enteraron el resto de los moradores.
“Es que no nos dijeron nada, no nos enseñaron nada ni nos dejaron ningún documento”, cuenta María Guadalupe Solares, quien se encarga de hacer cartas y entregar documentos, como parte de una peculiar comuna que se ha organizado. “De repente llegaron y empezaron a aventar nuestras cosas. Eran civiles, los granaderos se quedaron allá enfrente”, dice la vecina indignada pero moderada en los gestos.
Por décadas estas personas se han dedicado al negocio de las mudanzas. Y es paradójico que se hayan quedado sin lugar a donde llevar sus muebles, una parte de ellos ahora guardados en los vehículos, que también sirven para la pernocta de unos cuantos, sobre todo los niños. Por eso, para colmo, no pueden usar las camionetas “y conseguir algunos centavitos”. Sin embargo, se muestran agradecidos con sus vecinos, quienes permiten usar sus baños y les llevan alimentos. “Saben que siempre fuimos gente de bien”, explica Mario Nájera. “Y Dios nos ha ayudado”.
Lupita –como le dicen a Guadalupe Solares— también está agradecida con Patricia Morán, presidenta del Patronato DIF en Benito Juárez y esposa del delegado Mario Palacios, pues les regaló cobijas. Pese a la desgracia, la vecina alberga una esperanza. El 22 de enero entregó en Los Pinos una carta para el presidente Felipe Calderón, firmada por 21 de los afectados que tienen entre 21 y 78 años de edad. Ahí le cuentan que fueron desalojados “de forma violenta, no respetando a adultos mayores enfermos, mujeres jefas de familia y niños, rompiendo cerraduras, muros con mazos, agarrando todo y aventándolo a la calle”. “Le aseguran que “los pocos muebles que teníamos fueron destruídos en su mayoría” y “fuimos objeto de robo por los que nos lanzaron, no importándoles nuestra situación económica”.
Los vecinos dijeron al Presidente que “somos mujeres trabajadoras, pero al día de hoy al no tener un techo donde vivir nos vemos en la necesidad de vivir en la calle, sin trabajo (…) Nuestros hijos tienen el derecho de seguir estudiando y (tener) una vivienda digna. Por eso hoy le pedimos su ayuda y apoyo a nuestra situación”.
Seis días después, el 28 de enero, los vecinos desalojados recibieron una respuesta de Juan Manuel Llera Blanco, titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia. En ella se anexa el documento en que se instruye a Ariel Cano Cuevas, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, a que “se brinde la atención que el caso amerite, dando respuesta oportuna a la persona interesada”.
Al despedirse, siempre parsimoniosa, Lupita estira la boca hasta donde la tristeza se lo permite para dibujar una leve sonrisa y luego soltar la palabra clave: “Ojalá”.

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