Acusan en ‘Excélsior’ que Jorge Romero maniobró en la ALDF para regularizar obras ilegales en su gestión en BJ
El coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa, Jorge Romero Herrera, maniobró para que en el periodo extraordinario de sesiones de ese órgano se aprobara la regularización de obras ilegales que se dieron cuando fue jefe delegacional en Benito Juárez.
De acuerdo con la columna editorial firmada por El Santo en la sección Comunidad del diario Excélsior, una modificación al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano es en realidad, que supuestamente beneficia a los vecinos que han sido afectados, es en realidad una trampa en la que cayeron los legisladores de las demás bancadas legislativas.
“Jorge Romero, líder panista en la ALDF, logró lo que nadie esperaba, pues se aprobó el dictamen con el que se podrá regularizar todas las obras ilegales que se fomentaron durante su gestión como jefe delegacional en Benito Juárez”, dice El Santo.
“Con este movimiento –precisa—el panista pudo quitarle atribuciones al Ejecutivo Local, al asumir responsabilidades que sólo competen a la Seduvi. Conforme a este dictamen, aprobado en comisiones unidas de Desarrollo Urbana e Infraestructura y Protección Civil, se hacen reformas al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano.
“Margarita Martínez Fisher, presidenta de esa comisión, fue la responsable de presentarlo y explicó que a partir de estos cambios ‘ahora los vecinos podrán tener la garantía de proteger sus casas de aquellas obras que se realicen en predios colindantes, si es que ésta sufre afectaciones’. En los hechos dicen que será otra cosa”.
Curiosamente las maniobras del ex delegado se dan después de que por primera vez el gobierno de Miguel Ángel Mancera ordenó una demolición de dos pisos de una obra irregular en San Pedro de los Pinos.
María del Pilar González Romo, cuya casa –del siglo 19 y catalogada por el INBA– fue afectada, denunció en Libre en el Sur que aquella construcción se inició en septiembre de 2014, en plena gestión de Romero, sin exhibir los permisos respectivos. A pesar de que ella interpuso una denuncia ante la PGJDF, los constructores gozaron de impunidad. Por ello interpuso denuncias ante el Ministerio Público por daños a propiedad civil.
“Los de la empresa nunca se presentaron en el Ministerio y la autoridad no los obligó a dar la cara para que repararan el daño”, acusó.
La vecina abundó que, a través de la oficina delegacional de “Soluciones BJ” solicitó que se investigara la construcción. Se encontró que ésta no contaba con permisos, planos, proyecto de protección a colindancias, y el seguro de protección de daños a terceros sólo era por dos meses.
Sin embargo, explicó que en octubre de 2014, tras denunciar la obra en un Miércoles Ciudadano, Jorge Romero ordenó su suspensión, la cual duró sólo una semana pues la empresa rompió los sellos. Aunque es un hecho que amerita una sanción, la DBJ nunca atendió las denuncias. Posteriormente, Luis Vizcaíno Carmona, entonces director general Jurídico y de Gobierno, volvió a cerrar la construcción, que duró un día.
(En la foto, Romero durante una de las suspensiones, que al final resultaron simulaciones porque en ninguna concretó la demolición).
