Ante la incapacidad de las autoridades capitalinas para frenar la reventa ilegal, fans de BTS impulsan un boicot digital
Foto: @bts_twt
Del enojo en redes al activismo económico del fandom
Interviene Profeco, tardíamente: Impondrá multas de hasta 4 millones de pesos.
Boletos oficiales elevados y reventa que alcanzó los 190 mil pesos.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
La reventa ilegal de boletos en la Ciudad de México volvió a colocarse en el centro del debate tras el anuncio de los conciertos de BTS. Frente a la persistencia del fenómeno y la percepción de resultados limitados por parte de las autoridades capitalinas, comunidades de fans decidieron organizarse y lanzar campañas digitales para desalentar la compra a intermediarios.
El contexto económico explica parte del malestar. Los precios oficiales para las presentaciones en el Estadio GNP oscilaron aproximadamente entre 1,767 y 17,782 pesos, dependiendo de la zona y los paquetes VIP. Sin embargo, tras agotarse las entradas, comenzaron a circular ofertas en plataformas de reventa que —según reportes de medios nacionales— llegaron a alcanzar hasta 190,675 pesos por boleto, con otros listados por encima de los 100 mil y 120 mil pesos.
La diferencia entre el precio oficial más alto y las cifras del mercado secundario volvió a exhibir la dimensión de la especulación en eventos de alta demanda, y alimentó el debate sobre prácticas de mercado que, hasta ahora, carecen de regulación clara en espectáculos masivos.
Campañas digitales: educación, presión y boicot
Ante ese escenario, el fandom de BTS —ARMY— activó una campaña coordinada en redes sociales. Cuentas con alcance internacional difundieron comunicados dirigidos tanto a seguidores mexicanos como a quienes planean viajar al país para los conciertos.
Los mensajes comparten líneas claras: no comprar a revendedores, advertir sobre fraudes, denunciar publicaciones sospechosas y recordar que cada adquisición en el mercado secundario fortalece el sistema especulativo. Hashtags, hilos explicativos, infografías y comparativos de precios comenzaron a circular en X, Instagram, TikTok y grupos privados, donde incluso se reportaron perfiles de oferta sospechosa.
El tono predominante ha sido preventivo y ético. No se promueven confrontaciones físicas ni acciones directas contra personas, sino una forma de presión económica: reducir la demanda para restarle rentabilidad al negocio especulativo.
La lógica es sencilla: si nadie compra, el margen se desploma.
La reventa en la capital no es un fenómeno reciente. Durante años, revendedores han operado en las inmediaciones de estadios y recintos masivos, ofreciendo boletos con sobreprecios considerables, en ocasiones a plena vista incluso en zonas con presencia policial, lo que ha alimentado la percepción de tolerancia o insuficiente capacidad de control.
En paralelo, el negocio se ha desplazado con fuerza al entorno digital. Grupos cerrados, perfiles anónimos y plataformas de compraventa permiten ofertar entradas con márgenes extraordinarios, muchas veces sin garantía real de autenticidad. Esta virtualización complica la supervisión y facilita fraudes.
Aunque autoridades capitalinas han anunciado operativos en distintos eventos de alta demanda, la práctica persiste año tras año, especialmente en conciertos internacionales.
El caso BTS también reactivó un debate más amplio: la ausencia de una legislación específica que limite el sobreprecio en reventa digital o que establezca mecanismos obligatorios de acceso más equitativos para sectores de menores ingresos. En redes sociales han surgido críticas hacia el modelo de negocio de grandes promotoras —incluidas Ocesa y Ticketmaster— por los costos finales que afrontan los consumidores, incluidos cargos por servicio y falta de transparencia en cargos y mapas de precios.
En ausencia de reformas estructurales, el sistema opera bajo lógica estrictamente comercial. En ese contexto, el fandom de BTS ha optado por una forma de presión ciudadana poco común en el espectáculo masivo: disciplinar su propia demanda como herramienta de resistencia económica.
No es una solución definitiva ni sustituye la acción gubernamental. Pero sí coloca una pregunta incómoda en la conversación pública: si la regulación no frena la especulación, ¿puede hacerlo la organización colectiva de los consumidores?
Profeco interviene y anuncia sanciones millonarias
La movilización en redes sociales y las denuncias públicas derivadas de la venta de boletos terminaron por escalar al ámbito federal. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el inicio de un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster por falta de información clara en el proceso de venta de entradas para BTS.
Además, el organismo informó que prepara sanciones contra plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por prácticas consideradas abusivas. De acuerdo con el titular de Profeco, Iván Escalante, las multas podrían superar los 4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, los daños ocasionados, la reincidencia y la capacidad económica de los infractores.
Escalante explicó que, aunque la reventa está regulada principalmente por legislaciones locales y no existe un marco federal específico sobre el mercado digital secundario, la Ley Federal de Protección al Consumidor permite actuar cuando se detectan abusos en precios o prácticas desleales.
En paralelo, Profeco trabaja en nuevos lineamientos para transparentar la venta de boletos en espectáculos masivos. Entre las medidas anunciadas se contempla la publicación del mapa del recinto con precios exactos —no rangos— al menos 24 horas antes del inicio de la venta, así como la especificación clara del costo total del boleto, incluidos todos los cargos.
Lo que comenzó como una campaña digital del fandom terminó por activar la intervención de la autoridad federal y abrir un debate nacional sobre regulación, transparencia y acceso en la industria del entretenimiento.
En paralelo a los anuncios oficiales, la conversación digital continúa creciendo. La cuenta BTS ARMY MÉXICO (@BTSARMY_MXCO) informó que las autoridades siguen recabando denuncias, que ya fue enviada la carta diplomática a Corea del Sur solicitando más fechas en México, que existe la posibilidad de multa contra Ticketmaster, así como la investigación y eventual cierre de páginas de reventa como Viagogo.
También se difundió la habilitación de un canal exclusivo para denuncias relacionadas con conciertos y espectáculos.
El mensaje cerró con una pregunta que rápidamente comenzó a circular como etiqueta en redes:
“¿Estamos cerca de la #LeyBTS?”
