Ciudad de México, octubre 19, 2020 11:06
Libre en el Sur

Apoya GDF grandes intereses privados al defender ampliación de Galerías Insurgentes… ¡pero confiesa que pueden darse ‘desplomes’ en viviendas colindantes!

El Gobierno del Distrito Federal decidió una vez más ponerse de lado de los grandes intereses privados, aunque estos afecten a una comunidad de vecinos de un barrio antiguo, como en el caso de la colonia Actipan de la Delegación Benito Juárez.

En tanto los representantes del consorcio Liverpool se envalentonaron ante los residentes que luchan por cancelar la ampliación de Galerías Insurgentes, entre otras cosas por tratarse de un proyecto depredador con la tala de decenas de árboles, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF) dictaminó que dicha obra, cargo de la Inmobiliaria Floreal, “en términos generales cumple con los lineamientos del Reglamento de Construcciones para el DF (RCDF-2004) y sus Normas Técnicas Complementarias”.

Pero de manera contradictoria, en el mismo documento signado por el director general del ISCDF, Renato Berón, (Oficio ISCDF-DF-2015/1335) se advirtió a la empresa Inmobiliaria Floreal que deberá atender las recomendaciones respecto al proyecto ejecutivo antes de iniciar la construcción y realizar las que correspondan durante la ejecución de la obra; tales como “verificar los posibles desplazamientos y desplomes en las construcciones colindantes” una vez que inicie la obra.

En una mesa de trabajo en la que participaron vecinos de la colonia Actipan, así como las instancias gubernamentales correspondientes, Edgar Romo, JUD de revisión del ISCDF, detalló que en dicho dictamen se hicieron observaciones a la memoria de cálculo y a los planos del proyecto, sin embargo, “nada es sustancial y pueden subsanarse”. Agregó que de iniciarse los trabajos de construcción, realizarán visitas para supervisar que se esté haciendo lo correcto.

Ante esto, los vecinos de Actipan entregaron un escrito a los representantes de Galerías Insurgentes-Liverpool, en que solicitaron que el predio ubicado en Oso 51 se done para la construcción de un espacio de recreación y convivencia social con el nombre de Parque Liverpool.

En respuesta, Felipe Ávila, del equipo de jurídico de la empresa, indicó que se trata de “una imposición radical” por parte de los vecinos. Además, señaló que si Galerías Insurgentes-Liverpool no ha iniciado la obra es “simplemente por respeto y por guardar un estado de derecho”, pero en su caso se trata de derecho privado.

En este sentido el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, señaló que con base en lo que estable la Ley, el Estado no puede intervenir en el uso de la propiedad privada, por tal motivo, propician el dialogo entre los ciudadanos. Implícitamente el funcionario se puso del lado de los empresarios, pues resulta que el gobierno tampoco puede impedir que por ejemplo sean taladas especies protegidas por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.

Justo con relación a esa tala masiva –un real ecocidio en detrimento de la comunidad– el subdirector de evaluación de la Secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Benjamín Medina, indicó que con el propósito de lograr el menor derribo de dichos árboles se encuentran en la evaluación de la factibilidad ambiental para trasplantar entre 30 y 40 árboles. Aseguró que mientras tanto, “la empresa no puede derribar ni tocar los árboles” hasta que no se establezca la compensación del arbolado.

Por su parte, Emigdio Roa, Subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, dijo que lo más apropiado en este caso es buscar la conciliación 100 por ciento legítima y sin interés por ninguna de las partes. Pese al compromiso adquirido por el Gobierno del DF, los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no se presentaron al encuentro con los vecinos. (Mariana Malagón)

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