Avanza #LeyAntiProtesta en Cámara de Diputados… y gana repudio de organismos civiles de Derechos Humanos
La iniciativa de ley para regular las manifestaciones públicas en el Distrito Federal, que presentó el diputado federal en Benito Juárez, Jorge Sotomayor, avanza en la Cámara de Diputados con una mayoría integrada por el PRI y el PAN. Pero al mismo tiempo crece su rechazo por parte de organismos de la sociedad civil, entre ellos Amnistía Internacional, que advierten una “regresión” en materia de derechos humanos y exigen a los legisladores ser incluidos en las discusiones; a la #LeyAntiProtesta, como le llaman en redes sociales– se opone también la Comisión de Derechos Humanos del DF.
De aprobarse esa legislación, los manifestantes estarán obligados a informar con 48 horas de antelación a la marcha a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), aunque también sería obligatorio que en toda manifestación haya elementos de la Comisión de Derechos Humanos que velen por el respeto de las garantías individuales y no se criminalicen las protestas sociales. No se valdría en una manifestación proferir insultos o amenazas, así como emplear violencia en contra de las personas y sus bienes. Tampoco bloquear vías primarias, en cuyo caso la manifestación sería disuelta por la policía.
La ley planteada por Jorge Sotomayor, que ya fue aprobada en la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados– tiene el propósito de armonizar el derecho a la manifestación con el de los capitalinos a transitar libremente por las calles. Pero tal vez resultó poco táctico que presentara su iniciativa el 3 de octubre pasado, apenas un día después de conmemorarse 45 años de la matanza del 2 de octubre, que aún lacera la sensibilidad de los capitalinos. “Fascista”, “émulo de Díaz Ordaz”, le gritaron perredistas.
Para el panista tampoco resultaba cómodo el hecho de que, apenas un par de meses antes participó en un bloqueo para apoyar a vecinos del oriente de la Delegación Benito Juárez afectados por la Línea 12 del Metro. Efectivamente, según consignó el diario Excélsior, el legislador acompañó en su protesta, el 24 de julio pasado en el cruce de Ermita y Plutarco Elías Calles, a unos 50 vecinos afectados en sus viviendas. “Esto se justifica porque son cuatro años de que no se ha pagado a los vecinos (…) no es igual que la marcha de la CNTE porque aquí son todos vecinos y no acarreados”, dijo el legislador al rotativo. El diputado ha reconocido en reuniones con vecinos de Benito Juárez que tal radicalismo –“aunque no me gusta”— fue eficaz para obligar al GDF para que atendiera el pago de los daños por el Metro 12.
El martes 10, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez, criticó esa regulación de marchas, pues intenta –estimó– coartar el contenido de las protestas. “Lo más delicado de la propuesta, es que hace una censura previa, se mete con los contenidos de las manifestaciones, lo cual está prohibido por todos los estándares internacionales”, dijo. Manifestó su preocupación porque el anteproyecto considera no permitir las protestas que vayan en contra de las “buenas costumbres”, lo cual calificó de “anacrónico” y confuso.
Un día antes, Organizaciones no gubernamentales nacionales y globales, como Amnistía Internacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, la Red Nacional de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), Centro Fray Francisco de Vitoria, y otros organismos civiles advirtieron el pasado 9 de diciembre que dicho dictamen “significa el primer paso en el camino de un gran retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la capital del país.”
En su rechazo, Amnistía Internacional aseveró que “resulta falaz que mediante tal propuesta legislativa se busquen ‘equilibrar’ los derechos de manifestantes y de terceros, como si éstos estuvieran en abierto conflicto y contraposición. Se parte de la falsa premisa de que ejercer el derecho a protestar obstaculiza absolutamente el derecho a la libre circulación. La intención real es reducir los derechos a la libre manifestación de ideas, asociación y petición a su mínima expresión, mediante una ley que establece requisitos y sanciones desproporcionados”.
El organismo internacional consideró que el dictamen establece condiciones con terminología ambigua para definir manifestaciones y cuestionó que impone límites de horas –de las 11 a las 18 horas–, y lugares que, sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad, podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en que sólo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.
Por lo pronto, un claro rechazo del Miguel Ángel Mancera sucedió a la protesta de asambleístas del PRD en la tribuna del recinto de Donceles para inconformarse contra la #LeyAntiProtesta. En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno anunció que la Consejería Jurídica de su gobierno estudia los recursos que podría interponer de ser aprobado el dictamen. La diputada local del sol azteca, Ernestina Godoy, calificó como “golpe legislativo” la aprobación del dictamen en comisiones. Y consideró que el Congreso de Unión carece de facultades para regular el uso de los bienes de dominio público: tránsito, vialidad, vía pública, espacio público y organización y distribución de competencias de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que ello es una atribución expresa de la Asamblea Legislativa de DF
Del otro lado, los diputados federales panistas –Sotomayor entre ellos– recibieron el apoyo de sus correligionarios de la Asamblea Legislativa, a través del coordinador Federico Döring. “Los diputados y diputadas de Acción Nacional estamos a favor de la reglamentación de las marchas. El Gobierno de la Ciudad acaba de tomar una decisión como fue el incremento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro basado en encuestas y de esa misma suerte, con esa misma metodología, con ese mismo criterio, con esa misma vara con la que midieron el Metro, no hay una sola encuesta en la que no se manifieste la mayoría de los capitalinos a favor de poner orden y reglamentar el caos en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchos otros grupos nos tienen a los capitalinos”.
(En la imagen, los diputados panistas federal y local, Jorge Sotomayor y Laura Ballesteros, respectivamente, durante un bloqueo de calles por parte de vecinos en protesta por afectaciones del Metro 12, en julio pasado).
