La manipulación del proceso de consulta por parte de las autoridades delegacionales, así como la desubicación de centros de votación y la falta de información sobre los proyectos propuestos para la asignación del Presupuesto Participativo 2018, provocaron el desaire de los vecinos, cuya concurrencia resultó mínima.

Benito Juárez fue una de las cuando menos cinco delegaciones  que dictaminaron proyectos vecinales  con órganos técnicos a modo o entre irregularidades y dieron el visto bueno a proyectos de apoyo para tareas propias del Gobierno delegacional.

El diario Reforma publicó este lunes el resultado de una revisión de 100 dictámenes presentados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y se observó que Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa incurrieron en diversas irregularidades.

Los proyectos aprobados durante la consulta recibirán, en conjunto, una bolsa de 900 millones de pesos para ejecutarse el año entrante en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

El diario informó que en el área de Participación Ciudadana de Benito Juárez, el funcionario Cristofer Soto Pizano rechazó propuestas sin explicar por qué son inviables, según la revisión de documentos de Narvarte, Portales, Nativitas y Villa de Cortés.

“El Comité es gente de la Delegación, ir a una elección con la votación previa del Delegado de qué proyectos pasan y cuáles no es una farsa”, acusó José Luis Matabuena, vecino de la Colonia Portales.

Libre en el Sur constató la escasísima participación ciudadana en diversas colonias de  Benito Juárez, en gran parte debido al cambio de ubicación de las casillas de votación, como ocurrió en la colonia Tlacoquemécatl del Valle. Los centros de votación que tradicionalmente se instalaban en los parque San Lorenzo y Tlacoquemécatl, esta vez fueron cambiados sin aviso a escuelas públicas de la propia colonia. Hacia las dos de la trade, en una de esas casillas habían sufragado seis personas y en otra 12.

La mayoría de los proyectos aprobados por la DBJ, además, se referían a cuestiones que son obligación de la autoridad delegacional, como reencarpetado de calles, que deben ser sufragados con recursos del presupuesto ordinario y no con el tres por ciento asignado al Presupuesto Participativo que supuestamente deben decidir los vecinos.

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francisco

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