GDF desatiende Derechos Humanos
Trabajar por combatir la trata de personas, como cualquier otra violación a los derechos humanos de los mexicanos, requiere indudablemente del apoyo de todos los sectores: poder ejecutivo, legislativo, judicial, organizaciones de la Sociedad Civil, organismos autónomos y de la participación ciudadana. Hace poco más de un mes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, ambos también del Distrito Federal, por la existencia de una red de trata de internas en los reclusorios preventivos de la capital, que involucra a reclusos y servidores públicos de la subsecretaría de Sistema Penitenciario, así como del propio Tribunal.
En dicha recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal verificó que dicha red está conformada por personal de seguridad y custodia de los juzgados penales e internos de los reclusorios preventivos Varonil Norte, Sur y Oriente y que su trabajo consiste en facilitar internas a reclusos que pagan para sostener encuentros clandestinos con las mujeres. Además, constató la inacción o acción retardada de las instituciones involucradas recomendadas para denunciar o sancionar a los servidores públicos vinculados a estos lamentables hechos. Por ello, pidió el cumplimiento de 13 recomendaciones que van desde la implementación de mecanismos de control de ingresos y egresos de los centros de readaptación social en todo el Distrito Federal; modificaciones en sus reglamentos internos; instalación de cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, hasta buscar sanciones penales para los servidores públicos involucrados en esta red de trata de personas.
Es importante señalar que en el año 2008 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un total de 24 recomendaciones a diversas dependencias del Gobierno capitalino, de las cuales, de acuerdo a un reporte de seguimiento del propio organismo, se encuentran pendientes de atender 20. Lo peor es que para 2009, esta cifra aumentó a 28. La ciudad de la Vanguardia, que el propio Marcelo Ebrard presume gobernar, no puede ni debe solapar delitos de esta magnitud bajo el cobijo de algunas instituciones o dependencias que debieran procurar justicia, readaptar delincuentes y defender a los más desprotegidos.
No basta con que algunos de los responsables de las instancias relacionadas a estos hechos ‘acepten’ las recomendaciones de este organismo. Es indispensable que ejecuten todas y cada uno de los puntos que la Comisión de Derechos Humanos capitalina menciona, pues sólo así, de manera coordinada y con buena disposición, se podrá desmantelar esta red que seguramente es una de las tantas que existen en el interior de los reclusorios del Distrito Federal. Pero primordialmente, es justo que los gobiernos que se dicen de izquierda y que promueven constantemente una política ligera a favor de las minorías, promuevan y den certeza a la ciudadanía, de que las injusticias que se comenten diariamente en la calle, en los centros de salud y hospitales, y en este caso, en los centros penitenciarios de la capital, van a terminar.
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*Gabriela Cuevas Barrón es presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados
