Las paradojas de la fallida reforma electoral

La reforma electoral impulsada por el obradorismo busca modificar las instituciones democráticas que, paradójicamente, hicieron posible su llegada al poder.

POR GUILLERMO FABELA QUIÑONES

La encrucijada en que se encuentra el régimen de la Cuarta Transformación por su afán de regresar el sistema político al modelo unipartidista, previo a la reforma de 1977, se resolvería sin riesgos de ingobernabilidad aceptando lo único sensato: poner punto final a los sueños dictatoriales del obradorato en un momento histórico muy peligroso, cuando el mundo busca afanosamente el camino que lleve a la consolidación de un multilateralismo con equilibrios firmes y sustentables. No hay otro, a menos que se impongan intereses irracionales con base en la fuerza de las armas que,  tal como se está viendo en el conflicto en Oriente Medio, sólo contribuye a un escalamiento desgastante para los contendientes.

Como era previsible, los partidos del Trabajo y el Verde no tenían nada que ganar prestándose a ser ellos mismos los que se colocaran la soga al cuello. Al no votar en favor de la reforma obradorista, cuando menos aseguran mantener su cabeza sobre los hombros con su cuota de poder en ambas cámaras. Por eso la presidente Shienbaum no  considera, “una  traición su voto en contra”, y de inmediato anunció que tiene “un plan B”, que sería equivalente al que sacó de la chistera López Obrador, cuando la Suprema Corte, entonces independiente del Ejecutivo, no aprobó su iniciativa de regresar a los años del partido hegemónico.

Con su astucia proverbial, el caudillo de la Cuarta Transformación tenía previsto que la única posibilidad de asegurar sus ambiciones, era contar con una Suprema Corte a su servicio, lo cual garantizó con las maniobras en un Congreso ya sin autonomía, que culminaron con la elección fraudulenta de magistrados votados con “acordeones”. Ahora su sucesora pondrá en marcha el Plan B, a través de la aprobación de leyes secundarias y así eliminar los legisladores plurinominales; ajustar el PREP y los cómputos distritales; y, lo que sería la “joya de la corona” para el obradorismo, reestructurar el INE. O dicho en su sentido concreto: dejarlo sin autonomía y sin posibilidad real de cumplir su cometido en circunstancias sumamente complejas.

Precisamente lo contrario de lo que se logró con la reforma que instrumentó en 1977 el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en el sexenio de José López Portillo, cuando se creó el sistema mixto en la Cámara de Diputados: 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional; se legitimaron los partidos de oposición al reconocerse como entidades de interés público. De paso se aprobó la Ley de Amnistía a los considerados como presos políticos, lo cual permitió la competición electoral de las organizaciones que actuaban en la clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano.

Veinte años después, en 1997, se dio un paso más en favor de la democratización del sistema político, al lograrse la autonomía plena del IFE (luego pasaría a ser INE), al separarlo del Poder Ejecutivo; se creó el Tribunal Electoral Federal, incorporándolo al Poder Judicial de la Federación para que fuera la última instancia electoral. Asimismo, se establecieron reglas de financiamiento público para partidos, con el propósito de buscar la mayor equidad en las contiendas.

Todo este trabajo fue lo que dio paso a la conformación de partidos de oposición verdadera, como en su momento lo fue el Partido de la Revolución Democrática, hoy desaparecido como en su momento lo fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, entre otros meramente coyunturales. Es una paradoja que, gracias al reconocimiento de la caducidad de reglas incompatibles con las nuevas formas de hacer política, en un modelo de relaciones sociales que demandaban mayor participación de la ciudadanía, se hiciera del poder el régimen que hoy quiere regresar al país a los tiempos del partido único.

Que lo pueda lograr o no, depende de que se entrelacen condiciones idóneas entre los sucesos nacionales con los acontecimientos externos, cada vez más complejos en ambos casos. Está visto que la vecindad con Estados Unidos, hoy enfrascado en conflictos globales de enorme trascendencia, es un factor determinante en el marco de las relaciones bilaterales. Con un mandatario en la Casa Blanca impredecible, no es fácil hacer pronósticos; lo único seguro es que, en la medida que México se alinee a Washington, el proyecto obradorista seguiría adelante, por antidemocrático que sea. Sin embargo, caería en una contradicción ideológica que le restaría fuerza internacional y credibilidad en sus bases.

En este escenario, el obradorato no podría mantener equilibrios razonables, menos si el presidente Trump se debilita a marchas forzadas, como es previsible que suceda al continuar desgastándose en su propio partido, como así está sucediendo por su estilo autoritario de gobernar, ajeno a los moldes del sistema político estadunidense. Aquí, el contrapeso real al modelo obradorista está en la cúpula oligárquica, la cual no acepta de buen grado un régimen como el del PRI autocrático; mucho menos si continúa trampas ideológicas que confunden tanto a las elites como a las clase medias, y a  los marginados les hace creer que con Morena tienen posibilidades de salir de su situación, cuando el futuro previsible es convertir a México en una nación de carácter neofeudal, sostenida por sectarismos regresivos, que contravienen las necesidades de una economía en constante dinamismo.

Se esperaba que para estas fechas, luego de un año de ejercicio de la presidenta Sheinbaum, sería una realidad un relevo tranquilo, con la mandataria en disposición de ejercer el mando de las instituciones con la mayor libertad posible, a efecto de que sus interlocutores del sector privado tuvieran la seguridad de que los acuerdos con ella fueran inviolables. No ha sido así, y las consecuencias están a la vista. La principal, el recelo de los inversionistas extranjeros y nacionales sobre el futuro del régimen, apuntalado por una reforma electoral con efectos discordantes, que dejan ver claramente las intenciones autoritarias de su impulsor.

Es un paso absurdo el que se pretende con tal reforma, en realidad una contrarreforma electoral que sin ambages anuncia retrocesos irreparables. Por más que quiera disfrazarse de “democrática”, los verdaderos propósitos saltan a la vista: liquidar las instituciones que con tantos esfuerzos se logró construir en tres décadas, las cuales propiciaban la vigilancia ciudadana en el ejercicio de los recursos y de las normas aprobadas democráticamente para fortalecer el frágil Estado de derecho. Lo paradójico es que, gracias a las reglas electorales aprobadas en los años 1977 y 1997, López Obrador logró escalar la cima que lo llevó a la Presidencia de la República.

En la situación que nos encontramos, con el mundo pendiente de las soluciones que debe tomar el Estado mexicano para evitar la desestabilización creada por el crimen organizado a niveles jamás vistos en América Latina, lo que menos se necesita es dividir aún más a la sociedad, de por sí polarizada por el obradorismo como arma ideológica con ese propósito. Tal realidad contrasta con el objetivo de unir al partido, situación imposible en la actualidad, clamor que marcó la pauta del Consejo Nacional de Morena el fin de semana, donde también se exigió al PT y al Partido Verde total entrega a los estatutos de la Cuarta Transformación, sin exigir nada a cambio. No se necesita ser profeta para visualizar lo que es por demás evidente: el paso a la dictadura unipatidista, pero sin la visión estratégica del viejo PRI. Evitarlo está en manos de la dirigencia de ambos partidos; tienen más que perder apoyando al obradorato: nada menos que su desaparición al dejar de ser útiles. En este momento, su apoyo es vital para que Morena afiance su objetivo estratégico de mantener el control del financiamiento de las campañas, tal como ahora está diseñado, sin auditar el origen de los recursos a fin de garantizar su ususfructo.

Con todo, en las actuales circunstancias es cada vez más complicado ganar esta jugada, pues el presidente Trump está pendiente de cada paso que da el gobierno de la Cuarta Transformación, no en favor de la democracia sino del autoritarismo. En la Casa Blanca, en el Pentágono y en la CIA, saben que sin cortar la interrelación del dinero entre capos y sus intermediarios públicos y privados, el combate al narcotráfico no tendrá los resultados estratégicos que esperan, una vez descabezado el control operativo de las sumas multimillonarias que dan vida al flagelo, y además mantener las expectativas de la intervención abierta como amenaza latente, tal como quedó de manifiesto por Trump, el sábado 7,  al poner en marcha en Miami el cónclave al que asistieron diecisiete mandatarios latinoameicanos, que denominó Escudo de las Américas.

Si a final de cuentas el objetivo de la reforma electoral, según la mandataria, es que los 200 diputados de representación proporcional, “sean elegidos por el pueblo”, pues que así sea. Por ello mismo se requiere un INE autónomo, con capacidad suficiente para garantizar credibilidad, confianza y honestidad. Sin embargo, su propuesta es reducirlo al mínimo de sus posibilidades, con el argumento de que es muy costoso; pero absurdamente  se le suman mayores responsabilidades y más labores específicas. Con esto, lo que busca la camarilla dura del obradorato, es crear condiciones que favorezcan la manipulación del voto en las urnas, en las mesas de cómputo, etcétera; tal escenario mostró su caducidad en los comicios del año 1988, razón que dio margen a las reformas democráticas del año 1997, las cuales favorecieron el crecimiento del PRD y la formación de Morena.

Lo paradójico es que, ya como régimen en el poder, no sólo busca revertir las reglas con las cuales obtuvo la victoria tres décadas después, sino que nos quiere llevar de nuevo a las épocas del partido hegemónico que durante más de medio siglo lideró un país sin democracia, pero con reglas que garantizaron estabilidad económica y social que fue la envidia de las dictaduras de América Latina. “La dictadura perfecta”, como llamó Mario Vargas Llosa al sistema político priísta. Ahora, en cambio, el retroceso sería de tal magnitud que seríamos la vergüenza del subcontinente.

Es improbable que las cúpulas oligárquicas del país, quisieran comprometer su  futuro con un régimen dictatorial cuyo principal objetivo es apuntalar su poder con métodos no sólo caducos, sino absolutamente inviables en un mundo globalizado y multipolar. De ahí que la reforma electoral, aunque sea con un Plan C, en los hechos no podrá llevarse a cabo conforme al plan del fundador de la Cuarta Transformación: un régimen sin visión de futuro, encasillado en un pasado remoto, con reglas autárquicas, no sólo impracticables sino absurdas en estos tiempos.

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