Ciudad de México, octubre 11, 2024 20:36
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Ratifica INVEA suspensión de obra de Parque Delta en la antigua Octava Delegación de policía; no acreditó uso de suelo, informa

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) repuso los sellos de suspensión de una obra de ampliación de Parque Delta en lo que fue el predio público de la Octava Delegación de Policía, en la esquina de las avenidas Obrero Mundial y Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, al tiempo que advirtió que la construcción no sería reabierta, pues no presentó la documentación de permiso de uso de suelo.

En dicho predio, desincorporado en noviembre pasado para que lo adquiriera un fideicomiso a través de un procedimiento hasta ahora no suficientemente aclarado, se construían los cimientos de un estacionamiento de 11 pisos cuando los vecinos agrupados en el colectivo La Voz de Narvarte descubrieron que había vestigios arqueológicos, lo que después fue confirmado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Entre los restos se encontraron osamentas y frescos de un viejo convento que data del siglo 17, además de figurillas prehispánicas. Historiadores y antropólogos se han sumado a las protestas vecinales para exigir el resguardo de los vestigios como zona arqueológica.

La Voz de Narvarte ha venido denunciando los últimas días que la constructora Danhos violaba los sellos de suspensión que el INVEA impuso el sábado 27 de septiembre en los tapiales de la obra al confirmar que no contaba con la documentación válida sobre uso de suelo.

A pesar de que el INVEA trató de explicar que no se estaba violando la suspensión sino que simplemente empleados habían ingresado al predio para hacer obras de mitigación para evitar riesgos de accidentes, como en el caso de un deslave, el propio instituto acudió este martes 14 a reponer los sellos.

En un comunicado, La Voz de Narvarte reiteró su oposición a la “ampliación del Centro comercial Parque Delta”(que así se le llama en un oficio de INVEX en que se especifican los objetivos del fideicomiso), pues un decreto presidencial de 1943 estableció la expropiación del predio “en beneficio del pueblo de La Piedad”. Asegura la organización que casas y edificios ya han sido dañados por la mega obra, por lo que exigieron el pago de las reparaciones.

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