Respeto a la participación ciudadana
La política de un Gobierno que se dice democrático no debe, por ningún motivo ver, mucho menos utilizar la participación ciudadana como botín político. En el Distrito Federal, ese parece ser el camino a seguir y el tormento que los ciudadanos viven día a día no parece encontrar final.
Aunque fueron pocos los ciudadanos que se enteraron, el pasado 24 de octubre se eligieron 1,815 comités ciudadanos en la Ciudad de México (de los más de 7 millones de electores posibles, sólo cerca de 700 mil emitieron su voto).
Hace unos días se llevó a cabo una consulta ciudadana para determinar las acciones que con cargo al presupuesto participativo los comités vecinales electos podrán ejercer en cada una de las colonias y pueblos originarios.
Este año, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal destinó 706 millones 547 mil pesos a las Delegaciones como presupuesto participativo, recursos que se aplicarán en tres rubros distintos de acuerdo a los resultados que arroje la consulta: obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y prevención del delito.
Como es una reiterada costumbre, el Gobierno del DF y el PRD en la Asamblea Legislativa hicieron todo lo posible por enturbiar este proceso, violando fechas y plazos previamente establecidos en la Ley de Participación Ciudadana, así como los procedimientos adecuados para llevar a cabo esta consulta.
Lo único que lograron fue ensuciar un ejercicio democrático que pudo ser interesantemente enriquecedor en un momento político y social donde se debemos impulsar una verdadera participación ciudadana. Dentro de las omisiones para esta consulta, se encuentra la nula difusión a este ejercicio, además de que tampoco se proporcionaron los elementos suficientes a la ciudadanía para que emitieran una opinión razonada sobre los proyectos más apremiantes en sus colonias.
Ya no se puede seguir concibiendo a la participación ciudadana como un cúmulo de “organizaciones prediseñadas” que debe seguir las reglas, los tiempos y los intereses de los gobernantes. Debemos transitar hacia una participación que surja de la comunidad y que, por tanto, sea autónoma y se sustente en intereses colectivos. De otra manera, seguiremos corriendo el riesgo de que los comités vecinales adquieran una lógica utilitarista y que la participación ciudadana se reduzca al cumplimiento de los imperativos legales que modifica Marcelo Ebrard a capricho.
