El retorno de la sombra: impunidad a la carta en Sinaloa
Rocha Moya, el cinismo. Foto: Cuartoscuro
Rubén Rocha Moya vuelve a la gubernatura tras 112 días de licencia, pero sin una explicación pública que despeje las dudas sobre los señalamientos que motivaron su salida.
El caso de El Mayo Zambada, el asesinato de Héctor Cuén y las investigaciones por presunta infiltración criminal mantienen abierta la mayor crisis política de Sinaloa.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
El silencio también gobierna.
Durante 112 días, el despacho principal del Palacio de Gobierno de Sinaloa estuvo ocupado por una gobernadora interina mientras Rubén Rocha Moya desaparecía de la escena pública. No renunció, no fue destituido ni enfrentó un juicio político. Solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Este viernes regresó al cargo.
Lo hizo con un mensaje difundido en redes sociales en el que aseguró volver “con la frente limpia y en alto”, afirmó que la Fiscalía General de la República no encontró elementos para imputarlo y sostuvo que las acusaciones obedecieron a intereses políticos. El Gobierno de Sinaloa dio por cerrado el capítulo. La sociedad, en cambio, sigue esperando las respuestas.
Porque una licencia puede suspender el ejercicio del poder, pero no borra las preguntas que la originaron.
Del Mayo Zambada al colapso de la verdad oficial
La historia comenzó mucho antes de la licencia.
El 25 de julio de 2024 ocurrió uno de los episodios más desconcertantes del narcotráfico contemporáneo: Ismael El Mayo Zambada desapareció de Sinaloa y apareció horas después detenido en Estados Unidos. Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundador del Partido Sinaloense y antiguo aliado político de Rocha Moya.
La Fiscalía estatal aseguró inicialmente que Cuén había muerto durante un intento de robo en una gasolinera. Incluso difundió un video para sostener esa versión. Sin embargo, semanas después una carta atribuida a El Mayo derrumbó el relato: afirmó que ambos habían sido citados a una reunión en la que también participarían Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa. Según ese testimonio, Cuén fue ejecutado en el lugar y Zambada secuestrado para ser entregado a autoridades estadounidense.
La Fiscalía General de la República terminó desacreditando la investigación realizada por Sinaloa. Detectó inconsistencias periciales, cuestionó la autenticidad del video y encontró irregularidades en la integración de la carpeta. La consecuencia inmediata fue la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñónez, pero nunca una explicación convincente sobre quién construyó la versión que el gobierno estatal defendió durante semana
La licencia que congeló la política, no la crisis
Cuando Estados Unidos presentó en abril de 2026 la acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, el escándalo dejó de ser un asunto local para convertirse en un conflicto diplomático y judicial. La acusación describía una presunta red de protección institucional a Los Chapitos mediante filtración de operativos, intercambio de información y apoyo político.
Dos días después, el gobernador pidió licencia y renunció temporalmente al fuero constitucional. Morena presentó la decisión como un acto de transparencia. La FGR anunció que solicitaría las pruebas al gobierno estadounidense y Rocha compareció voluntariamente ante el Ministerio Público. Sin embargo, durante más de tres meses la investigación transcurrió prácticamente bajo reserva, sin informes públicos ni avances verificables para la ciudadanía
En ese mismo periodo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Gerardo Mérida, se entregó a la justicia estadounidense acusado de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos superiores a cien mil dólares mensuales. Aunque enfrenta el proceso en libertad provisional y se declaró inocente, su caso mantiene viva la dimensión internacional del expediente.
Lejos de disiparse, las sospechas crecieron alrededor del aparato de seguridad construido durante el gobierno de Rocha.
Un regreso político; las respuestas siguen ausentes
La coincidencia resultó inevitable.
El mismo día en que Rubén Rocha anunció su regreso, la detención de Fausto Corrales Rodríguez volvió a sacudir a Sinaloa. Corrales fue colaborador cercano de Héctor Cuén y es considerado testigo clave del asesinato ocurrido en julio de 2024. La FGR lo acusa de falso testimonio y de haber sostenido deliberadamente la versión del supuesto asalto en la gasolinera, hoy desacreditada por las autoridades federales.
Su captura reabre la pregunta más incómoda de toda la crisis: si la versión oficial fue un montaje, ¿quién la diseñó y a quién protegía?
El primer acto público del gobernador fue reunirse con colectivos de madres buscadoras. La imagen pretendía transmitir cercanía con las víctimas de la desaparición forzada, pero también evidenció el contraste entre el simbolismo político y la ausencia de resultados concretos en materia de justicia.
Sinaloa sigue siendo un estado atravesado por la violencia, las desapariciones y la disputa entre facciones del crimen organizado. La reincorporación de Rocha Moya restituye el orden constitucional, pero no restaura la confianza institucional.
Porque existe una diferencia fundamental que el poder suele intentar confundir: la presunción de inocencia protege a las personas frente a una condena anticipada; la rendición de cuentas obliga a los gobernantes a explicar sus actos ante la sociedad.
Rubén Rocha volvió al despacho principal del Palacio de Gobierno. Lo que aún no ha regresado es la verdad completa sobre la mayor crisis política que ha vivido Sinaloa en décadas.
