Seguridad y justicia para todos

“Queremos –y merecemos– vivir mejor; queremos vivir con seguridad, tranquilidad, sin el sobresalto, sin la angustia de pensar si llegaremos con bien a nuestros hogares,  tener la plena confianza que nuestra familia no será violentada…”

POR NANCY CASTRO

Por parte del gobierno la valoración de seguridad pública para los ciudadanos está muy lejos de tener la importancia que se le debería dar. Seguir diciendo a estas alturas del camino que el país lo dejaron muy mal las anteriores administraciones   y que va a llevar mucho tiempo hacer cambios es como dar por hecho que todo está perdido, que  no vale la pena dedicar esfuerzos.

Desde hace tiempo el tema de la Seguridad Pública está en el centro del debate. En el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la Seguridad Pública es una de las exigencias de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno.

 Las principales causas de inseguridad y delincuencia son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y educación escolar. Por lo tanto la delincuencia como problema social es de lo que  más adolece el país.

 La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el 2001, los principales delitos son robo a transeúnte, secuestro, homicidio doloso, feminicidios. Las bajas  tasas de aprehensión y encarcelamiento, contribuyen al problema. El problema en sí es que los ciudadanos al ser víctimas de algún tipo de delito ya no denuncian. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del  INEGI (ENPIVE) sobre los datos arrojados, es que del 93.2 por ciento del total de delitos, sólo el 10.1 por ciento se denunció, el INEGI informó a través de la encuesta que entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida del tiempo con 33.5 por ciento y desconfianza en la autoridad con 14.8.

La ENVIPE Mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, asaltos, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores como secuestros delitos sexuales y otros delitos punto el delito más frecuente con él que nos encontramos fue el robo o asalto en calle o transporte público, con una tasa de 21. 4 por ciento,  seguido de fraude, con 19.2.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad y la delincuencia como problema del orden social debe atenderse de manera integral, la tarea en ámbitos económicos y sociales es titánica, pero no imposible. En una sociedad en la que sus miembros  encuentren satisfechas sus necesidades fundamentales habrá menor tendencia a la causa de delitos, el planteamiento de que la delincuencia sólo se puede combatir si se reprime no está solucionando nada, se necesita atacar el problema de raíz.

Un estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes están exentos de todo peligro, daño o riesgo, pero ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

Indiscutiblemente la vida es el valor supremo de todo ser humano, y por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección por parte del Estado.

En una sociedad donde el orden y La Paz públicos no tengan un papel fundamental difícilmente puede hablarse de ejercicio de libertad y protección de derechos. El orden público cohesiona y es lo que permite la existencia del Estado, de ahí que se preserve la conservación y desarrollo de las libertades y derechos del individuo como ente social. Sino para qué existiría el Estado.

Las consideraciones anteriores demuestran que la función en materia de seguridad pública no es otra sino crear y conservar las condiciones necesarias para que la sociedad y sus integrantes ejerzan sus libertades y  derechos en un ambiente de tranquilidad, sin transgredir las libertades y los derechos de los demás lo que les permitirá desarrollar plenamente sus aptitudes y capacidades.

Las instituciones encargadas de la seguridad pública deberán lograr un equilibrio entre la coerción y el respeto de los valores éticos avalados por el Estado.

Para ello es importante fomentar la participación ciudadana como ejercicio estimulante que genera orden social,  comunicación comunitaria y protección que como ciudadanos nos debemos proveer.

La Asociación Civil “Causa en Común”, Organización en favor de los servicios sociales en la Ciudad de México, hace las siguientes propuestas en materia de Seguridad y Justicia para este 2023:

—Fortalecer el presupuesto y la autonomía de las instituciones de Seguridad Pública.

—Reforzar los mecanismos de organización interna y de distribución de los recursos del Poder Judicial.

—Recuperar la autonomía de la CNDH y dotarla de atribuciones que le permitan resoluciones vinculantes.

—Revertir la militarización.

—Cumplir los acuerdos internacionales en materia de migración.

—Crear un organismo nacional autónomo a cargo del desarrollo policial con financiamiento transparente y que trascienda periodos políticos y electorales.

—Realizar un censo de policías para definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde a su geografía y problemática delictiva.

—Mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Queremos vivir mejor, queremos vivir con tranquilidad, sin el sobresalto, sin la angustia de pensar si llegaremos con bien a nuestros hogares,  tener la plena confianza que nuestra familia no será violentada.

Que en el 2023 la violencia y la inseguridad deje ser el monstruo que nos acecha.

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