POR MARÍA LUISA RUBIO GONZÁLEZ

La reforma política de la Ciudad de México que se materializó en la Constitución política de la ciudad, se encuentra en proceso de aterrizaje a través de las leyes y reglamentos que el actual Congreso deberá elaborar y aprobar para darle viabilidad a ese marco normativo. Es, sin duda, una labor titánica.

Una de las leyes que está próxima a reformarse es la Ley de Participación Ciudadana, que en su versión más actual se promulgó en 2011, después de prácticamente una década de vacío legal en la materia. Esta ley, la de 2011, estableció las bases para la existencia de los comités ciudadanos, como figuras de representación ciudadana en el territorio, en cada colonia de la ciudad, y para la conformación de los consejos ciudadanos delegacionales, llamados a ser el conducto a través del cual la ciudadanía podía participar en las decisiones de gobierno. Otra figura novedosa de esa ley fue la del presupuesto participativo como instrumento de participación ciudadana.

Sin embargo, la utilidad de ambos instrumentos para fomentar, potenciar y posibilitar la participación de la ciudadanía en lo público ha resultado controversial, por decir lo menos. A diferencia de quienes pugnan por su desaparición, nosotros creemos que requieren una revisión profunda, así como el concepto mismo de lo que creemos debe ser la participación ciudadana en la Ciudad de México.

En nuestro país, la escala de participación en lo público ha ido desde el ejercicio del derecho de petición, garantizado en el artículo octavo constitucional, hasta el establecimiento de los Secretariados Técnicos Tripartitas de Gobierno Abierto, en los que se establecen agendas y compromisos de manera conjunta entre la sociedad civil organizada y el gobierno, en un ejercicio de co-creación. Cabe señalar que este Secretariado en nuestro país ya no es Tripartita, porque el bloque de gobierno ha maltratado las condiciones para la participación, según lo denunciado por el bloque de la sociedad civil organizada, espiando a las OSC e incumpliendo los acuerdos.

Porque un ejercicio real de participación, desde el gobierno o desde la ciudadanía, significa el establecimiento de un diálogo, donde se argumenta y se escucha, con respeto y empatía. Y para lograr eso se requiere una madurez cívica que aún no alcanzamos, pero que ahí va, pian-pianito. Un hito de la participación ciudadana en la Ciudad de México fue la consulta sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec; creemos que el destino del Poliforum Siqueiros y otros hitos de nuestro patrimonio cultural deben también decidirse en ejercicios de deliberación público y no con decisiones en lo oscurito mal llamadas “actos de gobierno”.

¿Cuál es la mejor forma de participar de los públicos? Un ejemplo claro de esta cuestión fue el ejercicio de consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto, que ha puesto sobre la mesa el estado de nuestra cultura democrática. Porque la democracia se trata básicamente de participar. ¿Cuál es la mejor forma para hacer partícipes a los ciudadanos en las decisiones de gobierno? ¿Tendríamos que participar todos en todas las decisiones? ¿Cómo lograr esa proeza?.

Para darnos una idea sobre la complejidad de lograr una participación en la que todas las personas involucradas tengan el mismo piso de información, basta recordar que el primer ejercicio latinoamericano de presupuesto participativo, en Porto Alegre, Brasil, requirió un año de capacitación y formación. En la comparación, nuestro presupuesto participativo capitalino resulta de kinder.

El caso es que la Ley de Participación Ciudadana se va a revisión. Para eso, la comisión de correspondiente en el Congreso está invitando a un Foro de análisis y reflexión, que se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre, de 10 a 14 horas. La recepción de propuestas se cierra el 14 del mismo mes.

Ilustración: Especial

Entre los temas susceptibles de entregar ponencias están los mecanismos de democracia directa, como iniciativas ciudadanas, referendos, plebiscitos, consultas (ciudadana y popular), y la revocación de mandato. También los mecanismos de democracia participativa para la fiscalización y vigilancia (contralorías ciudadanas, silla ciudadana, observatorios ciudadanos, testigos sociales y audiencias públicas), para la organización directa del territorio (consulta vecinal, agenda local y mcro local, comités de seguridad pública y presupuesto participativo) y para la representación ciudadana (asamblea ciudadana, comité ciudadano y consejo ciudadano). Y en otra arista, más transversal, los mecanismos de democracia participativa para el ejercicio de derechos.

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