El derecho humano a la alimentación
Entre los deberes de todo Estado está el derecho a la alimentación. El artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece que toda persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”. Dentro de nuestra Carta Magna, el artículo 4 estipula que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Lo anterior contrasta con algunas cifras que desafortunadamente forman parte de la realidad nacional. Por ejemplo, recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que más del 20 por ciento de la población vive en situación de pobreza alimentaria. Dicha condición es definida por el Coneval como la incapacidad de obtener una canasta básica ni siquiera en el hipotético caso de destinar todo el ingreso de un hogar para adquirirla.
El porcentaje relatado asciende a 27 millones de personas, cifra que supera en mucho el número de habitantes de países enteros. Dicha situación vulnera las garantías individuales, misma que se agudiza cuando nos referimos a dependientes económicos, es decir, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
No debe pasar desapercibido que el 16 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, circunstancia para repensar la manera en que los diversos órdenes de gobierno atienden una necesidad básica y propician el correcto desarrollo de todos quienes componen una sociedad.
En el acceso a una alimentación sana y suficiente intervienen diversos factores, uno de los más importantes es el ingreso. Por ejemplo, explicamos la insuficiencia si tomamos en cuenta que el salario mínimo de estos tiempos equivale al 25 por ciento del pagado en 1975. Es decir, hoy se compra la cuarta parte de lo que podíamos adquirir hace 40 años. El panorama no es sencillo.
No lo es porque estamos en el terreno del ejercicio de derechos que reflejan el contenido de humanidad presente en lo cotidiano. Es inaceptable normalizar una condición que resalta el fracaso manifiesto de algunos mecanismos dispuestos por el Estado para cubrir necesidades básicas.
Los tiempos actuales deben estar impregnados por una alta convicción democrática que nos permita discutir, debatir y encontrar soluciones a una situación insostenible. En el caso concreto de erradicar la pobreza y propiciar que ningún mexicano padezca déficit alimentario es impostergable una reingeniería institucional profunda que coloque a los programas sociales con un componente encaminado al desarrollo económico. La transferencia monetaria focalizada a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, es insuficiente. Tenemos hoy, todos los ciudadanos interesados en la política, el enorme reto de comenzar a construir un México nuevo.
