El drama de niñas y niños con cáncer y sin medicinas

El derecho a la salud, como obligación del Estado, debe desarrollarse conjuntamente con la reflexión sobre sus consecuencias éticas. El eje de esta reflexión se debe situar en la promoción de la vida y la salud de las personas.

POR DINORAH PIZANO

Además de tener que enfrentar la pandemia, miles de personas han padecido desde hace más un año el tremendo drama del desabasto de medicinas para combatir el cáncer. Lo más indignante del caso es que tal desabasto ha cobrado vidas también de niñas y niños.

Aunque desde 1990 la morbilidad y la mortalidad por cáncer han obligado a considerarlo como un problema de salud pública en México, las defunciones por su causa se han elevado en 22 por ciento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), entre 2010 y 2018 las defunciones relacionadas con este padecimiento han pasado de 70 mil a 85 mil.

Por su parte el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) señaló que las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años).

Con estas alarmantes cifras, la crisis por el desabasto de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los cambios en las unidades administrativas y en sus programas prioritarios, que dieron origen a recortes presupuestarios y a nuevos esquemas de adquisición de medicinas por el gobierno federal.

Hasta esa fecha lxs pacientes oncológicxs se encontraban protegidxs por el Fondo de Gastos Catastróficos que proveía el extinto Seguro Popular, un esquema de aseguramiento público y voluntario garantizado por el Estado y con un presupuesto anual de unos 80.000 millones de pesos (3.630 millones de dólares), que en teoría garantizaba los tratamientos.

Por desgracia tal sistema, aunque afirmaba proveer cobertura universal, no empleaba todo el enorme presupuesto asignado en la salud pública, ya que se vio involucrado en enormes irregularidades por compras a sobreprecio,  materiales escasos, carencia de instalaciones adecuadas, saturación, y mala respuesta a pacientes, entre otras malas prácticas.

Con tales argumentos, el 1 de enero del 2019 este sistema desapareció y fue suplido por el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), concebido con el fin de dar atención médica gratuita a quienes no contaban con ningún tipo de seguridad social.

Por desgracia el desorden administrativo y apresurado que le dio vida al  Instituto, no lo hizo capaz de enfrentar en primera instancia su encomienda de apuntalar un adecuado andamiaje de seguridad social.

Según informes del propio INSABI, la razón del desabasto obedeció a que en la compra consolidada de medicamentos 2019, el sector público de salud contempló una inversión de 4 mil 373 millones de pesos para los fármacos oncológicos, lo que representaba un 31.1% menos respecto a lo etiquetado en 2017, según la consultora Instituto Farmacéutico.

Todo ello ha obligado en enero pasado y fechas posteriores de este 2020 a familiares de niñas y niños con cáncer y organizaciones de la sociedad civil, a levantar la voz en distintas manifestaciones multitudinarias tanto en la Ciudad de México, como en otros foros en el interior de la República, con la exigencia urgente de suministrar los medicamentos suficientes a sus hijos o hijas en el menor tiempo posible.

A manera de respuesta la Secretaría de Salud en un comunicado, indicó  que en abril y junio se efectuaron compras de medicamentos para cubrir el abasto.

Sin embargo también confirmó que los medicamentos no se podrán suministrar hasta finales de este año, fecha en la que se distribuirán para garantizar su disponibilidad en el IMSS, ISSSTE, institutos nacionales y hospitales federales; así como para las entidades federativas.

Lo anterior toda vez que aún que el cargamento medicinal deberá primero ser revisado por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Una vez pasando esa aduana, finalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará cuántas unidades le corresponden a cada institución del sector.

No es posible que en tratándose de una situación tan crítica que ya ha cobrado la vida de niñas, niños, hombres y mujeres, no se pueda obviar a manera de solución, todo el vía crucis burocrático que envuelve la adquisición y entrega de medicinas.

El derecho a la salud, como obligación del Estado, debe desarrollarse conjuntamente con la reflexión sobre sus consecuencias éticas. El eje de esta reflexión se debe situar en la promoción de la vida y la salud de las personas. Y dentro de las personas, ponderar el Interés Superior de la Infancia, para brindarle atención prioritaria.

Pretender realizar licitaciones internacionales para comprar medicamentos y eliminar el desabasto y la corrupción que existen en el sistema de  salud mexicano y el sector farmacéutico nacional, mientras se siguen perdiendo  vidas, es un acto inmoral.

Pareciera entonces que el razonamiento de las autoridades de salud provienen de un argumento utilitarista. Sin embargo, aún siendo una teoría de la justicia en el ámbito social, es discutible que el utilitarismo pueda proporcionar una base adecuada para la fundamentación del derecho a la protección de la salud y/o para la ponderación de urgencia y necesidad, dentro de tal derecho.

En todo caso si se emplea el utilitarismo como teoría, tendría también que ser suficiente para proporcionar criterios de equidad en las políticas públicas de protección de la salud, y evitar convertirse en un derecho segmentado y discriminatorio.

El Sector Salud tiene la obligación de proveer los medicamentos correctos en cantidades correctas y en dosificaciones correctas, a precios razonables o gratuitamente y dentro de estándares reconocidos de calidad, en el momento que son requeridos para salvar vidas.

Cualquier otra práctica, puede esperar. Las vidas humanas, no.

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