Hay detrás de cada periodista asesinado una omisión del gobierno, advierte Resistencia

La violencia en México es un mal endémico, estructural, cuya solución va más allá de un gobierno o de un partido.

En realidad la seguridad es responsabilidad de todas las instituciones del Estado mexicano.

El gobierno federal y, sobre todo, la secretaría de Gobernación han reconocido que en México han sido asesinados por lo menos 47 periodistas en el gobierno acutal, a pesar de que la cifa real supera los 53 infomadores asesinados en 37 meses, lo que supera dos a uno los crimenes de informadores de los gobiernos Peña y Calderón.

Y como parte de esa cifra de terror se suman los tres periodistas asesinados en la que va del 2022, lo que supera todas las estadísticas históricas.

Pero lo cierto es que, a pesar de los elevados niveles de violencia y crimen, no se puede decir que sociedad mexicana es una sociedad violenta.

Lo cierto es que la violencia es producto de quienes hacen un lucrativo negocio con esa violencia y con el crimen.

Sí, una violencia que desata criímenes, desapariciones, secuestros, asaltos, feminicidios y muertes dolosas que aterrorizan al país entero.

Y como parte de esa violencia, estimulada desde Palacio y a través de la voz presidencial, los profesionales de la información no son (no somos) ajenas a esa violencia criminal.

Y es que igual que todos los ciudadanos, los periodistas son o somos víctimas de violencia económica, política, cultural, reputacional y física, por parte de Palacio y de aquellos a los que incomoda la difusión de la verdad, las ideas, la opinión y la difusión de la crítica.

Pero la violencia lanzada contra los periodistas viene, en especial, de los detentadores del poder oficial, empresarial y de los poderes fácticos.

Por eso llamamos a reconsiderar la idea de que México requiere cambios sociales de fondo para dejar de ser un país sumido en la violencia.

 Y si bien llevará décadas lograr esas reformas, también es cierto que debemos tomar medidas inmediatas para abatir el crimen contra los ciudadanos y, sobre todo, los periodistas.

Y es que el homicidio de Lourdes Maldonado confirma la ineficacia de los mecanismos de protegerla oficial a favor de los periodistas.

Sí, es urgente profundizar en las sospechas sobre los enemigos políticos de la reportera y, en especial, en la revisión de los enemigos de todos los periodoestacada2stas asesinados.

Y es que la muerte de un periodista, como la vida de todo ciudadano, no puede quedar impune.

Sí, detrás de cada periodista muerto, igual que detrás de cada ciudadano que pierde la vida, existe una falla del Estado y una omisión del gobierno.

Por eso exigimos un modelo nacional, integral de protección a periodistas, con autonomía de recursos financieros, y personal capacitado.

El sistema vigente fracasó, y más de 50 vidas de periodistas lo confirman.

Es hora de que el las instituciones del Estado y el gobierno federal dejen de ofrecer pretextos y ponga en marcha verdaderas soluciones.

Y es que cada vez que se calla a un periodista en México, cada que se apaga una vida y la luz de la verdad, la democracia muere.

Sí, sin libertad de expresión, sin seguridad para los ciudadanos y los periodistas, no hay democracia.

Y no podemos permitir que el país quede en las tinieblas del autoritarismo la represor y en manos del crimen y la corrupción.

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