Mercados públicos: el declive de un pilar urbano
Mercados públicos. Tradición en declive. Foto: Cuartoscuro.
Los centros de abasto popular en la capital enfrentan una crisis estructural por falta de inversión, inseguridad y el avance de las grandes cadenas comerciales.
La obsolescencia de las instalaciones eléctricas y el crecimiento del comercio informal en los perímetros amenazan la sobrevivencia de estos espacios tradicionales.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
El sistema de mercados públicos, que durante décadas fue el eje de la economía popular y la seguridad alimentaria en la Ciudad de México, atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos. A pesar de su importancia cultural y social, estos espacios sufren un proceso de deterioro acelerado debido a la falta de políticas públicas integrales que atiendan su infraestructura básica, la competencia desleal y los cambios en los hábitos de consumo de la población urbana.
A nivel general, el diagnóstico de los mercados revela una infraestructura eléctrica y de gas que ha superado su vida útil. En la mayoría de los más de 300 mercados de la capital, las instalaciones tienen más de 40 o 50 años sin renovaciones de fondo. Esta situación no solo es un problema de eficiencia, sino de seguridad pública, pues los cortocircuitos por cableado expuesto y las fugas en redes de gas obsoletas son causas frecuentes de incendios que, en muchos casos, terminan con el patrimonio de cientos de familias en una sola noche.
El abandono institucional se refleja también en el estado de las techumbres y los sistemas de drenaje. Durante la temporada de lluvias, es común observar filtraciones graves que afectan la mercancía y la higiene de las áreas de alimentos. La falta de un presupuesto etiquetado y constante para el mantenimiento preventivo ha provocado que las intervenciones de las autoridades sean solo reactivas, atendiendo emergencias menores sin solucionar los problemas de fondo que requieren una reingeniería total de los inmuebles.
En el aspecto económico, los locatarios enfrentan una pinza que los asfixia: por un lado, la expansión agresiva de tiendas de conveniencia y supermercados de formato pequeño que se instalan en el corazón de los barrios; por el otro, el desbordamiento del comercio informal en las banquetas y calles circundantes. Mientras el locatario establecido debe cumplir con pagos de derechos, normativas sanitarias y horarios fijos, el comercio en la vía pública opera sin regulación, bloqueando los accesos a los mercados y captando al cliente antes de que este pueda ingresar al inmueble.
La inseguridad ha modificado también la dinámica de estos centros. El cobro de piso y la presencia de grupos delictivos en diversas zonas de la ciudad han permeado los mercados, obligando a muchos comerciantes a cerrar temprano o a abandonar sus locales ante la imposibilidad de pagar las cuotas exigidas. Este fenómeno de desertificación comercial es evidente en pasillos enteros que ahora lucen cortinas cerradas, lo que a su vez genera entornos más oscuros y peligrosos para los usuarios habituales, rompiendo el tejido social que el mercado solía proteger.
Otro factor determinante en la crisis es la lenta modernización de los sistemas de cobro y logística. En un mundo donde el pago digital y la entrega a domicilio son la norma, muchos mercados públicos siguen operando exclusivamente con efectivo y carecen de plataformas colectivas de distribución. Aunque han existido intentos aislados por digitalizar estos centros, la falta de una estrategia gubernamental que incluya capacitación técnica y conectividad gratuita ha dejado a los mercados en una desventaja competitiva frente a los gigantes del comercio minorista.
El manejo de residuos sólidos representa un desafío ambiental y sanitario adicional. La mayoría de los mercados carece de áreas de transferencia adecuadas y sistemas de separación de desechos orgánicos e inorgánicos. La acumulación de basura en los contenedores externos atrae fauna nociva y genera focos de infección que contrastan con los estándares de higiene exigidos para la venta de alimentos frescos. La recolección suele ser irregular, lo que obliga a los locatarios a contratar servicios privados o a lidiar con la acumulación de desechos en la vía pública.
La regularización administrativa es otro frente de conflicto. Miles de locatarios carecen de cédulas de empadronamiento actualizadas, lo que les impide acceder a programas de financiamiento o sucesión legal de sus puestos. Los trámites suelen ser tortuosos y sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios en turno, lo que fomenta la corrupción y mantiene a los comerciantes en un estado de incertidumbre jurídica sobre su fuente de trabajo.
Finalmente, el futuro de los mercados públicos depende de una visión que los entienda no como piezas de museo, sino como infraestructuras vivas esenciales para la ciudad. Sin una inversión masiva en seguridad, modernización tecnológica y un ordenamiento real del comercio informal en sus perímetros, estos espacios corren el riesgo de desaparecer o de convertirse exclusivamente en centros de comida preparada, perdiendo su función original como garantes del abasto popular y la identidad de los barrios.
