Detienen a Ernesto Ruffo, símbolo de transición democrática, y blindan a los gobernadores de Morena

La detención del exgobernador tras difusión de audios donde la gobernadora Marina del Pilar negocia inmunidad ante autoridades de EU frente a una posible extradición.

Mientras el PAN limita su respuesta a una postura institucional, el partido Somos México —al cual Ruffo se integró recientemente como consejero tras distanciarse de la cúpula panista— exigió formalmente su liberación inmediata, marcando una contundente diferencia en la reacción política frente a la selectividad judicial.

Su llegada a la gubernatura de Baja California en 1989 no solo terminó con décadas de hegemonía priista, sino que forjó los cimientos de la democracia moderna en México al implementar innovaciones como el padrón electoral con fotografía, modelo que luego se adoptaría a nivel nacional.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura emblemática de la transición democrática mexicana, bajo cargos de presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada, ha sacudido el tablero político nacional. El hecho revela una cruda disparidad en la aplicación de la ley.

Esta acción judicial no puede desvincularse de la coyuntura informativa inmediata: la captura se ejecutó apenas días después de que el periodista Héctor de Mauleón hiciera públicos audios comprometedores que involucran a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En dichas grabaciones, la mandataria estatal admite haber sostenido encuentros con autoridades judiciales estadounidenses, evidenciando una profunda preocupación por una inminente solicitud de extradición en su contra. En los audios, se le escucha buscando activamente negociar información a cambio de inmunidad para evitar las sanciones del Departamento de Justicia o la OFAC.

Este escenario resulta insostenible si se compara con el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien pesa una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada desde abril de 2026.

Mientras el gobierno federal ha adoptado una postura de parálisis ante Rocha Moya, escudándose en la supuesta carencia de “pruebas suficientes” para proceder, el expediente contra Ruffo —quien recientemente se había desvinculado de la cúpula del PAN para participar en el Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México— ha seguido una ruta de celeridad inusitada.

La asimetría es evidente y demoledora: para los adversarios incómodos al régimen, la justicia actúa como una maquinaria de precisión inmediata, mientras que para los aliados o actores del sistema que enfrentan la justicia internacional, el Estado parece ofrecer un manto protector, dilatando los procedimientos bajo criterios técnicos que, casualmente, nunca se aplican cuando se trata de neutralizar a un rival.

La historia de Ernesto Ruffo Appel, sin embargo, da una dimensión mayor a esta persecución. Su ascenso a la gubernatura de Baja California en 1989 marcó un hito histórico: fue el primer gobernador de oposición desde la fundación del partido oficial en 1929, rompiendo el monopolio del poder del PRI.

Empresario pesquero nacido en San Diego y criado en Ensenada, Ruffo no era un político de carrera tradicional. Su triunfo, en medio de la crisis de legitimidad del sistema tras el fraude de 1988, demostró que la alternancia pacífica era posible, obligando al régimen salinista a reconocer una derrota que cambió la geografía política del país.

Durante su sexenio (1989-1995), promovió la “sana distancia” con el centro, la modernización administrativa y la autonomía estatal, cimentando las bases para el avance opositor que definiría la década siguiente.

Resulta irónico y profundamente perturbador que quien fuera el arquitecto de la alternancia en este país sea hoy víctima de un sistema que utiliza los métodos que Ruffo, en 1989, ayudó a desmantelar. Tras haber sido senador, comisionado para la Frontera Norte y diputado federal, su reciente decisión de participar en Somos México ante el cierre de espacios en el PAN, sumada a su postura crítica ante la deriva actual, parecen haberlo convertido en un blanco prioritario.

La disparidad en las reacciones partidistas termina de retratar la crisis. La dirigencia del PAN, a pesar de sus orígenes compartidos con Ruffo, optó por una postura prudente, limitándose a calificar la detención como un “distractor orquestado por la 4T”.

En un contraste absoluto, Somos México, el nuevo partido al que Ruffo se había sumado como consejero, rompió con la mesura tradicional. Mediante un posicionamiento formal, el partido exigió la liberación inmediata del exmandatario, denunciando el hecho como un atropello y una persecución de Estado, marcando una distancia clara con la tibieza de la oposición tradicional.

Estamos ante un escenario donde la justicia se estira para golpear a los adversarios y se encoge para proteger a quienes, desde el poder, intentan negociar su propia salvación con agentes extranjeros, confirmando que la imparcialidad de nuestras instituciones está supeditada, una vez más, a la conveniencia política del momento.

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