El doble rasero de la justicia: La caída de Ruffo como cortina de humo

La detención del exgobernador ocurre apenas tres días después de que salieran a la luz audios que vinculan a la gobernadora Marina del Pilar con negociaciones secretas ante autoridades de EE. UU. ante una inminente extradición.

Mientras el PAN mantiene una postura de tibia defensa, el nuevo partido Somos México ha sido el único en calificar el hecho como un atropello político y exigir la liberación inmediata de quien fuera un ícono de la transición democrática.

Por Francisco Ortiz Pardo

La detención de Ernesto Ruffo Appel, el hombre que hace décadas simbolizó el primer gran hito de la alternancia democrática en México, no es una nota más en la crónica judicial. Su captura bajo acusaciones de presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada ocurre en un momento de tensión política tan marcada que resulta imposible leerla como un acto aislado de justicia. El hecho llega apenas 72 horas después de que el periodista Héctor de Mauleón hiciera públicos audios que comprometen seriamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En las grabaciones difundidas, la mandataria estatal admite haber sostenido encuentros con autoridades estadounidenses y expresa una inquietud profunda ante la posibilidad de una orden de extradición en su contra, similar a la que pesa sobre el exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. En los audios, se escucha a una gobernadora que, lejos de la postura institucional, busca negociar información sobre mesas de seguridad a cambio de inmunidad, preguntando insistentemente qué es lo que quieren de ella y manifestando su miedo a ser sancionada por el Departamento de Justicia o la OFAC.

La coincidencia temporal no es, para el ojo crítico, una casualidad. Mientras el gobierno federal y las fiscalías parecen mostrar una celeridad asombrosa para ir tras una figura histórica como Ruffo —quien recientemente se había deslindado del PAN para integrar el Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México—, el trato hacia los actores involucrados en escándalos de presunta narcopolítica o corrupción sistémica parece medirse con otro rasero.

La disparidad en las reacciones partidistas es, además, un elocuente termómetro de la crisis política actual. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN), antigua casa política de Ruffo, se limitó a señalar que el caso es un “distractor orquestado por la 4T” y a confiar en que el exmandatario podrá defenderse, fue el nuevo partido Somos México el que rompió el silencio con una contundencia inusual. Esta nueva fuerza política calificó la aprehensión como un “inaudito atropello” y exigió, sin ambigüedades, su liberación inmediata, marcando una distancia clara con la tibieza que, a ojos de muchos, ha mostrado la oposición tradicional ante maniobras que huelen a persecución política.

El caso Rocha Moya, por su parte, sigue siendo el fantasma que recorre los pasillos del poder. Con una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada desde abril de 2026, el gobierno federal ha adoptado una narrativa de exigencia de “pruebas suficientes” antes de actuar, contrastando drásticamente con la prontitud mostrada en el caso de Ruffo.

Estamos, pues, ante un escenario donde la justicia parece ser un instrumento elástico: se estira para golpear a los adversarios incómodos y se encoge para proteger a quienes, desde el poder, intentan negociar su salvación con agentes extranjeros. La captura de Ruffo no solo es una cortina de humo ante el escándalo de los audios de Marina del Pilar; es la confirmación de un sistema donde la ley se aplica según la conveniencia política del momento, dejando en entredicho, una vez más, la imparcialidad de nuestras instituciones.

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