JESÚS GABRIEL MEJÍA DÍAZ

De todos los retos que conlleva tener un gobierno más transparente, me parece prioritario atender el de la desinformación por parte de la ciudadanía, pues hasta ahora el contexto de la transparencia y el acceso a la información pública en México nos ha permitido situar grandes avances a nivel institucional y legal en cuanto a su aplicación y funcionamiento, sin embargo, no se ha mencionado la situación en que se encuentran los ciudadanos.

Lo anterior hace referencia a que es importante cuestionarse si todos los ciudadanos tienen el conocimiento necesario para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, es decir, si conocen la normatividad, mecanismos para solicitar información y/o el organismo gubernamental que está encargado de garantizar el derecho antes mencionado.

Para ello, al menos a nivel nacional el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han realizado desde el 2013 la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), la cual tiene como uno de sus propósitos principales, dar a conocer el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlos.

Ahora bien, la ENAID menciona que el 50.6% de la población de 18 años y más manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una ley encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, tan sólo el 6.9% de los encuestados lograron mencionar el nombre de la ley.

Por otro lado, las estimaciones sobre la población que conoce o ha escuchado sobre un órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública son prácticamente los mismos, es decir, 50.6% de la población tiene una noción al respecto, mientras que el 7.7% pudo mencionar al INAI.

Foto: Cuartoscuro

Si bien estas estadísticas se presentan a nivel nacional, de acuerdo con el Sexto Informe de Actividades y Resultados 2017 del INFODF, la situación de la Ciudad de México no es tan distinta como pudiéramos pensar.

En dicho informe, a lo largo de todo el año 2017, tan solo se registraron 145,251 solicitudes de acceso a la información pública, considerando que, de acuerdo con datos del INEGI, en la Ciudad de México existen 8,918,653 habitantes, podemos concluir que sólo el 1.6% de la población en la capital del país presentó, durante este período, una solicitud de acceso a la información pública.

¿Cómo se está informando a los ciudadanos? ¿Qué mecanismos se han utilizado? Son preguntas que saltan de inmediato al conocer los datos de la ENAID y del INFODF, es primordial que los órganos garantes locales y nacional hagan ajustes radicales en sus políticas públicas, pues si a quince años de la publicación de la primera ley en materia de acceso a la información a nivel nacional y diez años de la primera ley en la materia a nivel local, se tienen estimaciones de participación ciudadana tan bajos, sin duda, algo debe cambiar.

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