¿A quién le sirve la ciudadanía?
Por María Luisa Rubio González*
Concibo la ciudadanía como un operario calificado, que en cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos conduce la maquinaria conformada por leyes, instituciones y funcionarios, para que sirvan al interés público. Sin ese operario, la costosísima maquinaria institucional funciona para su propia preservación: la de la burocracia, la de la partidocracia. Sin embargo, ese operario se niega operar. No solo la avaricia rompe el saco, también el efecto acumulado de nuestra indolencia. No hay condena en mi comentario, sino una enorme inquietud: si no es a los ciudadanos ¿a quién le sirve la ciudadanía?
Que si es obligación de representantes y funcionarios porque para eso les pagamos, que si con qué tiempo porque hay que trabajar para poder vivir y pagar impuestos… para seguirle pagando a representantes y funcionarios que funcionan o no. ¿En qué punto se detiene esa amarga noria del abuso y la lamentación? Históricamente, en nuestro país se detiene cuando se rompe. En la dimensión más inmediata, la de las calles, las colonias y las delegaciones, se rompe cuando las deficiencias en los servicios públicos afectan de manera importante el funcionamiento cotidiano: el repentino desabasto de agua, el aumento amenazante de la inseguridad, la confrontación vecinal por intereses encontrados. Entonces viene la toma de calles, la toma de oficinas y bajo esa presión, a veces, alguna solución por parte de las autoridades, muy pasajera y coyuntural.
El círculo vicioso de la acumulación y el rompimiento pone en evidencia, sí, los vacíos de autoridad, por falta de recursos o de interés. También pone de manifiesto la ausencia de un actor fundamental en toda fórmula democrática: la ciudadanía. Y no, no me refiero a nuestra obligación de pagar impuestos, separar la basura, recoger la caca del perro (y disponer de ella adecuadamente), y un políticamente correcto etcétera, que en cualquier democracia equivale a Civismo I. Me refiero a la ciudadanía que se erige como EL contrapeso real a cualquier intento por disponer para el interés particular de aquello que está destinado para el beneficio público. La que trasciende la queja y pasa a la acción; aún más: la que se anticipa a la queja y así sea por curiosidad, se informa, pregunta, husmea.
He colaborado en diversos proyectos de participación ciudadana, tanto en la ciudad de México como en otras ciudades del país, y en todos me he encontrado con que la ciudadanía, ese operario calificado, no conoce ni asume su rol. En el caso específico de nuestra delegación, la Benito Juárez, esa omisión me intriga particularmente, dado el llevado y traído nivel socioeconómico de la población. ¿En qué momento los benitojuarenses olvidamos nuestros derechos? ¿En qué momento se hizo posible que en la delegación que piloteó ejercicios de gobernanza como las audiencias públicas y las asambleas ciudadanas se niegue el libre acceso a las oficinas, es decir, a un edificio público? Sin duda alguna que las autoridades delegacionales tienen su responsabilidad, pero también ¿cuál es la nuestra?
Diría, en primera instancia, que es nuestra responsabilidad conocer nuestros derechos. Saber que es nuestro derecho operar la maquinaria institucional para que responda al interés público es el primer paso; también reconocernos en ese interés público, y diferenciarlo de nuestros intereses particulares. Saber las atribuciones y facultades de cada nivel de gobierno es el primer capítulo del manual de operación de la maquinaria institucional. En la experiencia de casi doce meses acompañando y asesorando vecinos en sus trámites y quejas, en ViveBJ hemos comprobado la enorme diferencia que hace la información como herramienta de construcción ciudadana. También, la potencia que cobra la ciudadanía organizada, colaborando solidariamente en una causa, desde el enorme avance en la protección del Polyforum hasta el emocionante rescate del árbol de la calle de Tokio.
El concepto de ciudadanía vacío de ciudadanos reales permite la impunidad y, con ello, el crecimiento de la corrupción a los extremos que sufrimos en nuestra demarcación; el costo ha sido descender al tercer lugar en calidad de vida. Otra vez: el gobierno delegacional tiene su propia responsabilidad, exigible legalmente, y otra vez: ¿cuál es la nuestra?
*Consultora en democracia participativa y tesorera de ViveBJ.
