Ciudad de México, diciembre 8, 2024 12:25
Congreso CDMX

Asestan morenistas golpe al Instituto Electoral de CDMX… con el beneplácito de Claudia

Eliminan diputados comisión de fiscalización a partidos políticos; pretenden desaparecer órgano electoral, alerta oposición y columnistas

Oficialistas alegan gasto oneroso y la Jefa de Gobierno asegura que cargos eran usados para beneficiar amiguismo; priísta presenta más de mil reservas contra la reforma.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

Tras 26 horas de debate y jaloneos entre los diputados de Morena y de la oposición (donde incluso una diputada del PRI presentó más de mil reservas en contra), el Congreso local aprobó un recorte presupuestal que supera los 50 millones de pesos anuales al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La determinación implica la eliminación de la Comisión de Fiscalización a los partidos políticos, cuyas funciones –de primera importancia— fueron fusionadas con la Comisión de Asociaciones Políticas. Mientras tanto, una sola comisión se hará cargo de los temas de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

En una conferencia previa a la aprobación inminente de la reforma al IECM, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum refrendó la línea enviada a los congresistas de Morena pues, pues aseguró que el Instituto tiene áreas y plazas innecesarias que eran usadas como “cuotas” de los partidos políticos.

“La ciudadanía está de acuerdo con nosotros”, dijo la mandataria. “La democracia no tiene por qué estar asociada a cuotas de partido políticos. La democracia la hacen los ciudadanos, la hace el pueblo, no la hace un sistema que fue ampliándose para poder distribuir cuotas entre amigos, entre decisiones (sic)”.

Además del enérgico rechazo de los legisladores del bloque opositor a dicha reforma, columnistas de medios informativos la consideraron un golpe contra el Instituto Electoral. Como Alejo Sánchez Cano, experto en temas legislativos, que escribió: “En aras de un perverso y mal entendido ahorro presupuestal, se pretende dar la primera estocada a ese instituto para luego buscar su extinción, tal como lo planteó la iniciativa de reforma electoral que propuso el presidente López Obrador, en la cual busca, como propósito final, eliminar al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales”.

Después del debate de todo un día, finalmente el Congreso aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

Al presentar el dictamen, el diputado Temístocles Villanueva Ramos (Morena), presidente de la comisión, subrayó que la finalidad es aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía.

Agregó que la iniciativa es de fusión y eficiencia, no de desaparición y que parte de la lógica del implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral, con el centro del gasto en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

“Según datos obtenidos mediante transparencia del propio Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que llama la atención sobre un posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación”, mencionó el congresista Villanueva Ramos.

Ante el pleno, el legislador detalló que el gasto per cápita en materia electoral en la CDMX es elevado en comparación con el Estado de México, que con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; en Jalisco, con cerca de 8 millones de habitantes, el gasto por persona es de 28 pesos, mientras que en la CDMX, con poco más de 9 millones de habitantes, se presenta un costo de 130 pesos per cápita.

“Cabe señalar que, con la implementación de las reformas planteadas en el dictamen, se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año. En ese sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”, destacó.

Al presentar su voto particular, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), afirmó que desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales el procedimiento para aprobar el dictamen en una sesión extraordinaria fue totalmente irregular, y adelantó que por ello será impugnado.

En tanto el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), advirtió que esta reforma tiene la intención es desmantelar todo el aparato electoral federal y local; además de los órganos autónomos que organizan las elecciones y adelantó que, ante las violaciones al proceso parlamentario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras desechar la moción suspendida con 25 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el Congreso local inició la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubio Torres, afirmó que el desmantelamiento de instituciones y organismos electorales daría como resultado la pérdida del estado de derecho y subrayó que frenarán por todas las vías posibles la entrega en vigor de este dictamen.

En favor del documento, el congresista Carlos Hernández Mirón (Morena), promovente de la iniciativa, aclaró que, desde las reformas constitucionales de 2014, a los órganos locales electorales se les restaron facultades, principalmente en materia de fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, sin embargo, la estructura del IECDMX no se modificó.

Por su parte, el diputado Aníbal Cañez Morales (PAN), dijo que el dictamen a discusión representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local, por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.

La legisladora de MORENA, Ana Francis López Bayghen Patiño, criticó las prácticas antidemocráticas y dilatorias que desde Acción Nacional se impulsaron y reclamó que la democracia realmente no sea un tema que les importe.

En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI), afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la ciudad y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones, “no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso”, subrayó.

Tras afirmar que el dictamen busca adelgazar una estructura burocrática excesiva y onerosa para la ciudadanía, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura (Morena), afirmó que no limita, ni restringe derechos, tampoco pone en riesgo la democracia, la autonomía electoral, ni menos atenta contra el sistema federal y de sus competencias.

Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, además de parecer una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales; y recalcaron que para ellos es necesario contar con organismos autónomos que garanticen los derechos electorales de los ciudadanos.

Tras el resultado en lo general de 36 votos a favor y 28 en contra del dictamen, la diputada Valentina Batres Guadarrama (Morena), presentó cuatro reservas al dictamen que fueron aprobadas.

Mientras que la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), presentó mil 14 reservas; el diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 10 reservas; los diputados Gabriela Salido Magos y Ricardo Rubio Torres (PAN), dos reservas cada uno y su homóloga, Daniela Gisela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), llevó ante el pleno dos reservas más, todas las anteriores desechadas por mayoría de votos.

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