Derechos Humanos contra inseguridad
La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, no sólo porque afecta a los derechos y el patrimonio de las personas, sino que también menoscaba la economía del país, aumentando los costos de todos los factores productivos. La crisis de violencia e inseguridad está estrechamente relacionada con el incremento de delitos en los últimos años, que ante la impunidad y la ineficacia de las instituciones del Estado en la persecución y sanción del delito se ha agravado, ya que actualmente solo 8 de cada 100 ilícitos cometidos son denunciados, y solo el 1 por ciento de los delitos denunciados son perseguidos hasta lograr sentencia, lo cual evidencia las limitaciones y carencias que experimenta el sistema de justicia penal para garantizar a la sociedad el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
Hoy día vivimos una profunda crisis de derechos humanos y seguridad, que nos aleja cada vez más de la posibilidad de llegar a una gobernabilidad democrática. La ilusión de un país donde los ciudadanos toman las decisiones fundamentales y participan en los asuntos públicos se esfuma ante la persistencia de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, como han revelado los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. La respuesta deficiente de las autoridades ha aumentado la incredulidad, el escepticismo, la desconfianza y en ocasiones incluso la desesperación y la ira entre la sociedad.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la corrupción e impunidad, asociada a la falta de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, socava el Estado de Derecho, y siembra el terreno para que las organizaciones del crimen organizado consoliden y extiendan su poder en nuestro país.
A menos de dos años para la implementación total del nuevo sistema penal acusatorio, existe un rezago importante, pues hasta el momento sólo 3 Estados lo implementan en su totalidad y otros 7 lo hacen de manera parcial. El objetivo de garantizar el debido proceso, la oralidad y la justicia alternativa podría ser más difícil de lo que se pensó.
Hoy en México, resolver un juicio puede tardar unos 543 días, en promedio, según datos de la Secretaría de Gobernación. La demora en la impartición de justicia, aunado a una serie de irregularidades en el proceso y de sus impartidores, genera que el sistema sea ineficaz y que la confianza de la ciudadanía se sitúe en niveles mínimos.
Es importante señalar que la inconformidad popular no puede diluirse en explosiones violentas, por más legítimas que sean sus causas. Es necesario que el clamor de justicia se traduzca en exigir el respeto y la protección de los derechos, mediante propuestas organizadas y con una vigilancia ciudadana. El ejemplo que han dado las policías comunitarias y los movimientos sociales recientes son formas de ejercer la acción política desde la sociedad, y plantear alternativas independientes para resolver los problemas nacionales.
Desde el espacio legislativo, hemos levantado la voz para que se esclarezcan y se sancionen muchos casos específicos en que se atenta contra la libertad de expresión, la presunción de inocencia, la igualdad de género o el derecho a la integridad, entre otros. Hemos impulsado propuestas para hacer más eficiente el sistema de justicia, para adecuar nuestro marco con las normas internacionales de derechos humanos y para garantizar una reparación integral a las víctimas de delitos y abusos de poder. Desafortunadamente, en muchos casos las mayorías legislativas han sido indiferentes a estas causas, lo que demuestra el gran pendiente para crear una cultura de respeto a los derechos entre los poderes públicos.
Cualquier medida que tomen las autoridades para resolver la crisis de seguridad actual que afecte los derechos y omita la participación de la ciudadanía, está condenada al fracaso. Por ello se requiere establecer límites a su actuación, comenzando por evitar la impunidad de servidores públicos que traicionan su misión mediante el abuso, la ineficiencia y la corrupción. Sólo mediante la justicia, que llegue a todos los casos del pasado y del presente, podrá restituirse la paz y la tranquilidad.
