Fortalecer a los organismos autónomos como contrapeso de poder

“Convencido de que presidencialismo autoritario y sin contrapesos es la mejor forma de conducir al país, AMLO decidió que ni los poderes Legislativo y Judicial, y menos aún los OCA’s, tenían por qué ser autónomos”.

POR FEDERICO DÖRING CASAR

El camino de la transición a la democracia en México no fue breve, ni sencillo; fue el producto de décadas de lucha de miles de hombres y de mujeres que, desde diversas trincheras –la oposición partidista, la sociedad civil, los movimientos estudiantiles, la academia, el sindicalismo democrático, etc.–, en el último tercio del siglo XX, pugnaron por transformar el régimen hiperpresidencialista que concentraba el poder en un solo individuo, hacia un régimen que hiciera realidad la división de poderes establecida en la Constitución.

El primer paso fue la llegada de la oposición al Congreso –primero a la Cámara de Diputados y después al Senado–; luego, la pérdida de la mayoría calificada del partido hegemónico en las cámaras, lo que obligó a acordar con la oposición las reformas constitucionales; después, la reforma al Poder Judicial, para que este poder dejara de ser la expresión de la voluntad del Presidente y fuese realmente autónomo, profesional y un verdadero tribunal constitucional; y finalmente, la llegada de la oposición a la presidencia de la República en el 2000. Fue así como México inició el siglo XXI como un país más cercano a una república democrática, que a un autoritarismo con democracia simulada, como lo había sido durante la mayor parte del siglo XX.

Pero además de aquellas reformas que, por primera vez en la historia nacional, hicieron funcionar el modelo de división de poderes, hacia finales del siglo pasado e inicios de este, y siguiendo una tendencia constitucional de las democracias occidentales, en México se crearon diversos organismos constitucionales autónomos (OCA’s) cuyas atribuciones, en un Estado democrático con pesos y contrapesos, no podían recaer en alguno de los tres poder tradicionales, sino en entes públicos con absoluta independencia, que no estuvieran subordinados a ninguno de los tres poderes.

Fue así como estos entes públicos independientes fueron creados para asumir funciones estaduales de la mayor relevancia: la organización de las elecciones (IFE – INE), la protección de los derechos humanos (CNDH), la generación de información certera, cualitativa y cuantitativa, de las condiciones del país (INEGI), la garantía del derecho de acceso a la información pública (INAI), la evaluación objetiva y apartidista de la política social (CONEVAL), entre otros. Hoy en día, las democracias contemporáneas no se podrían entender sin los OCA’s.

Pero López Obrador, obcecado con regresarnos al México anterior a la transición; añorando al viejo PRI al que se afilió en los años 70, en el que la voluntad del presidente era la única válida y a partir de la cual marchaba todo el aparato de Estado; convencido de que presidencialismo autoritario y sin contrapesos es la mejor forma de conducir al país; decidió, desde el primer día de sus administración, que ni los poderes Legislativo y Judicial, y menos aún los OCA’s, tenían por qué ser autónomos, sino que tenían que estar sometidos a la voluntad presidencial.

Primero sometió a los otros dos poderes. Del Congreso se apoderó a través de una mayoría artificial que las urnas no le dieron a su partido; y de la Suprema Corte se apoderó, por tiempo limitado, a través del humillante papel de subordinado que aceptó su presidente, Arturo Zaldívar.

Luego vino la andanada para someter a los OCA’s. A través de un procedimiento ilegal, puso a una incondicional, Rosario Piedra, en la CNDH. Por lo que hace al INE, primero lo asfixió presupuestalmente, luego emprendió una campaña de desprestigio en contra de su presidente Lorenzo Córdova, y finalmente operó para poner en la presidencia a Guadalupe Taddei, quien es cercana a su grupo político. Al CONEVAL lo neutralizó –por no decir que no inutilizó– dejándolo sin el presupuesto mínimo para operar; y al INAI trató de descabezarlo al dejar de nombrar a sus comisionados (sólo una resolución de la Suprema Corte evitó que éste dejara de operar).

Si los OCA’s son ya una parte sustantiva de los Estados democráticos para hacer funcional el sistema de pesos y contrapesos, defender su existencia y su autonomía es un deber para cualquier legislador que se diga demócrata. Es por ello que una de mis prioridades como Diputado Federal será luchar por el fortalecimiento de estos organismos.

Propondré una reforma para nunca más la persona titular del Poder Ejecutivo pretenda matar de inanición presupuestal a los organismos constitucionales. Primero, su presupuesto nunca podrá ser menor en términos reales; y segundo, si el Ejecutivo quiere hacer crecer el presupuesto de la presidencia, en ese mismo porcentaje deberá hacer crecer el presupuesto de los OCA’s. Que nunca más haya una oficina presidencial rica, dispendiosa en publicidad gubernamental, con organismos constitucionales debilitados presupuestalmente.

Y la otra parte de la propuesta es eliminar cualquier resquicio de participación de la presidencia en la elección de los órganos de gobierno de los OCA’s, pues actualmente el Ejecutivo aún participa en las designaciones en el INEGI o en el CONEVAL, en tanto que en las designaciones que hace el Senado de los comisionados del INAI, puede presentar objeciones.

Asimismo, es necesario eliminar al Ejecutivo del proceso de designación de Ministros de la Suprema Corte, para que nunca más volvamos a tener a personajes como Lenia Batres, quien no está capacitada para el cargo, y se asume como una subordinada del Ejecutivo.

Fortalecer a los organismos constitucionales autónomos es tarea indispensable para fortalecer a la democracia mexicana misma. De ese tamaño es la importancia y la urgencia de estas reformas.

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