Jorge Romero en la Delegación Benito Juárez: Dos años de engaños
Agotados ya sus primeros dos tercios, la gestión de Jorge Romero Herrera en BJ –que ha transcurrido entre sucesivos escándalos–, acusa resultados deplorables en todos los rubros: construcciones ilegales, ambulantaje, inseguridad, servicios públicos, franeleros, corrupción. Ello se refleja en la percepción ciudadana que recoge una nueva encuesta en la que el delegado y el PAN caen, caen, caen.
Por Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti
Una delegación cuyas calles principales y secundarias lucen tremendos hoyancos y sus parques acusan un total abandono, con miles de puestos de vendedores ambulantes en las esquinas, franeleros apoderados de la vía pública, inseguridad galopante (el índice delictivo más alto en el DF), con un costoso y presuntuoso Centro de Soluciones Ciudadana que no funciona y cuya construcción está bajo sospecha de tráfico de influencias y negocios ilícitos, todo ello en medio de escándalos por el comportamiento de funcionarios públicos, es el resultado de dos años de gestión del jefe delegacional panista en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera.
La percepción de los juarenses ante esta situación se refleja en la estadística: Seis de cada 10 vecinos de BJ reprueban a su jefe delegacional y postulan un cambio en los comicios de relevo del año entrante. Y sólo uno de cada 10 juarenses consideran que con él las cosas van “mejor”. El único delegado panista de la capital bajó en seis meses cuatro puntos porcentuales, tras los escándalos protagonizados por funcionarios de su gobierno; de un de por sí mermado 47% de aprobación en febrero cayó a un 43% en agosto, con lo que ha alanzado la reprobación del 57% de los residentes. Tan alarmante es el bajón, que la opinión efectiva de los ciudadanos juarenses sobre su gobierno pasó de +3 en febrero a -17 en agosto. Libre en el Sur tuvo acceso a los resultados de una encuesta realizada en viviendas por la empresa Votia (la más certera en los comicios del 2012), que fue levantada el 23 y 24 de agosto pasados, donde los ciudadanos de la demarcación dan a Romero una calificación de apenas 5.1, todavía dos décimas menos de lo que tenía en febrero pasado (5.3).
Romero Herrera inició su administración con una denuncia por usurpación de profesión por ostentase como abogado, sin serlo, y firmar como tal documentos oficiales, y señalado como jefe de una secta dedicada con recursos públicos a la adulteración del padrón interno de su partido, el PAN, para apoderarse de cargos y candidaturas. Omiso y huidizo –más de una vez ha escapado literalmente “por la puerta de atrás” para evitar enfrentar a representantes vecinales— ha hecho de la simulación un estilo de gobernar, a través de golpes mediáticos; pero ante la ausencia de hechos acaba inevitablemente ahogado en sus propias mentiras.
En el caso de las construcciones ilegales, al inicio de su mandato informó que en la DBJ había más de 700, de las cuales 209 obras estaban incluidas en un “primer” padrón para ser suspendidas con vistas a la revocación de su respectiva manifestación de construcción y la consecuente demolición de esos inmuebles. En realidad, su propio conteo sólo llegó a las 122 construcciones “suspendidas”, pero a medida que se actuaba contra nuevas las anteriores iban reanudando sus actividades, hasta que todas fueron reabiertas y Romero Herrera simplemente no volvió a tocar el tema. Lo mismo ocurrió con las 26 construcciones que “clausuró” para su “inmediata demolición”, de un total de 46 detectadas. Todas están reabiertas, como si nada. Ya ni habla del tema. Y otra mentira: su publicitada “batida” contra los franeleros que están apoderados de las calles juarenses, que por supuesto ahí siguen.
En cuanto a los vendedores ambulantes, de los que hay más de siete mil en la demarcación –según cifras de la propia DB J— de las cuales sólo tres mil 287 cuentan con permiso, el panista ofreció desde su campaña “erradicar el ambulantaje”, aunque luego cambió al ofrecer un “programa de reordenamiento” que obligaría a los puesteros con permiso a renovar su local conforme a un prototipo por él propuesto y por él promovido, fabricado de manera clandestina (y con un costo de entre 120 mil y 160 mil pesos, según los propios informales), contratar servicio eléctrico, abstenerse de usar la banqueta para sus enseres, etcétera. Presumió el retiro de “más de tres mil” informales. Ahora resulta, según informe oficial del propio delegado, que sólo se han sustituido 40 puestos con el prototipo pintado de gris. Y, por cierto, transportados ilegal y clandestinamente por las noches en vehículos oficiales y por personal de la propia DBJ. Y a los “corredores comerciales” informales tradicionales de la BJ, como el de avenida Universidad, frente al Sams, o el de Portales, el del Metro Mixcoac y el de San Antonio, que no han sido tocados, se han sumado otros como el de San Francisco, el de diagonal Colonia del Valle o el de Nativitas. Hoy hay más ambulantes en BJ que en 2012: proliferan como hongos.
Con un presupuesto superior a los mil 500 millones de pesos al año, la obra pública realizada en estos dos años por la Delegación se limita a la remodelación del mercado Tlacoquemécatl, que por cierto fue terminada con tres meses de retraso y de inmediato mostró goteras y pisos agrietados, en la cual se gastaron 15.4 millones de pesos de una partida especial, la burda señalización de dos ciclovías inútiles, impugnadas por los vecinos, y la renovación de juegos infantiles en algunos parque públicos, como el Hundido. El abandono de los jardines delegacionales, por cierto, es patético, como lo documentó Libre en el Sur en su edición correspondiente al mes de agosto pasado. La multiplicación de baches, la falta de luminarias, las deficiencias en el servicio de recolección de basura, la percepción vecinal sobre prácticas generalizadas de corrupción adquiere sustento en las 101 investigaciones abiertas por la Contraloría General del DF a través de la Contraloría interna en Benito Juárez.
En dos de ellas, el funcionario involucrado se llama Jorge Romero Herrera (Expedientes CI/BJU/D/164/2014 y CI/BJU/D/216/2013). Y está pendiente, por otro lado, el resultado de la investigación ordenada a la propia Contraloría General por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, sobre el presunto financiamiento del viaje de los panistas Rafael Medina Pederzi y Sergio Eguren Cornejo, altos funcionarios de la DBJ, al mundial de Brasil por la empresa Oracle, a través del entonces director comercial de esa empresa, Mateo Codinas, también sujeto a proceso en aquel país sudamericano por la golpiza que propinaron a un brasileño que defendió a su mujer, manoseada por los mexicanos.
(En la foto, una protesta de coordinadores de Comités Ciudadanos afuera del Centro de Soluciones BJ).
