Ciudad de México, abril 20, 2021 15:23
Ana Patricia Báez Opinión

#Ley Ingrid

En días pasados se logró materializar la propuesta que había presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, para poner un alto a las filtraciones de expedientes y datos personales de procesos penales en nuestra ciudad.

POR PATRICIA BÁEZ

El resguardo de la información personal y el contenido de los expedientes relativos a los procesos judiciales y administrativos deben ser resguardados por las autoridades y el cumplimiento de esta obligación, debe garantizar que la identidad de las personas y la dignidad de las víctimas que participan en estos procesos, no sean difundidas y se lleguen a filtrar, para que estos procesos no se sometan a intervenciones externas, exista una revictimización de las víctimas y que contaminen la correcta administración de la justicia.

Derivado de lo anterior, en días pasados se logró materializar la propuesta que había presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, para poner un alto a las filtraciones de expedientes y datos personales de procesos penales en nuestra ciudad.

Las modificaciones que se aprobaron al Código Penal para la Ciudad de México, donde se impondrán de dos a seis años de prisión, una multa que puede ir de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quién incurra en dichos actos.

Además cabe precisar que las sanciones podrían incrementar si la información que se difunde tiene como fin menoscabar la dignidad de las víctimas o sus familiares; se trate de cadáveres, mujeres, niñas o adolescentes, o de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o el estado de salud de la víctima. 

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