POR MARÍA ELENA MESTA FERNÁNDEZ

En nuestro artículo de la semana pasada dimos cuenta de una reunión convocada el pasado 13 de febrero con motivo de una manifestación ciudadana llevada a cabo por los vecinos de la colonia Nochebuena un día antes y en la que estos demandaban se hiciera efectiva una resolución de la Procuraduría Ambiental  y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) que señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) debiera iniciar las acciones tendientes a dejar sin efectos el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (Cuzus) de Porfirio Diaz 66 asi como iniciar juicio de lesividad de conformidad con el artículo 89 de La Ley de Desarrollo Urbano, mientras que el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX (INVEA) debiera instrumentar visita de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano respecto del número de niveles y uso del suelo, y en su caso, imponer medidas de seguridad y sanciones aplicables y la Alcaldía de Benito Juárez, debiera revisar el registro de manifestación de construcción de Porfirio Diaz 66, ejecutar en su caso la visita de verificación en materia de construcción, asi como realizar las acciones administrativas procedentes a fin de dejar sin efectos el Registro de Manifestación de Construcción de Porfirio Diaz 66 de conformidad con el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

En dicha reunión, presidida por la Titular de la SEDUVI, la maestra Ileana Villalobos Estrada y en la que estuvieron presentes integrantes del Comité Ciudadano de la Colonia Noche Buena asi como servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, de Consejería Jurídica y de la propia SEDUVI e INVEA, los vecinos fueron informados que en ese momento la resolución de PAOT no podía ser cumplimentada toda vez que la obra de Porfirio Diaz 66 se encontraba clausurada y por otra parte debido a que el asunto se encontraba pendiente de resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX con motivo de dos juicios de Acción de Nulidad iniciados tanto por la PAOT, como por el propio Comité Ciudadano de la Colonia Noche Buena.

la torre de 11 pisos. Foto: Nochebuena Sustentable / Facebook

Hoy día los vecinos reportan que la clausura a Porfirio Diaz 66 ha sido levantada y el desarrollador ha colocado un letrero en las puertas de entrada de Porfirio Diaz 66 que entre otros aspectos señala: “ESTE PREDIO SE CONSTRUYE BAJO EL AMPARO DE LA LEGALIDAD CON LOS TRAMITES SUFICIENTES Y NECESARIOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, APEGADOS A LA REGULARIZACION (Sic) Y NORMATIVIDAD VIGENTE. ESTO EN DEFENSA DE NUESTRO DERECHO Y BAJO LA PROTECCION DE TRIBUNALES QUIEN EMITE (Sic) UNA SUSPENSION FAVORABLE A LOS PROPIETARIOS DE ESTE PREDIO…EN CONTRA DE MANERA ARBITRARIA Y UNILATERAL SE OPONEN AL DESARROLLO DE ESTE INMUEBLE…LO ANTERIOR EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS” (Foto)

Ante estos últimos e inesperados acontecimientos los vecinos legítimamente se preguntan: ¿Qué cabe esperar cuando se han agotado prácticamente todas las instancias para hacer valer legítimamente sus derechos urbano-ambientales? ¿Qué esperar en este caso cuando los desarrolladores alegan públicamente sus supuestos derechos y de manera engañosa intentan generar confusión entre los vecinos e incluso autoridades al no mencionar que la suspensión les fue otorgada solo para fines de continuar la obra en tanto se dirime la controversia de derechos planteada en el juicio de Acción de Nulidad interpuesto tanto por  PAOT y los vecinos?¿Qué cabe esperar cuando a 15 días de una reunión con las nuevas autoridades responsables en el asunto se retira la clausura impuesta a los desarrolladores de Porfirio Diaz 66, sin que haya una sola notificación oficial por parte de estas mismas autoridades sobre cuál será el paradero de un asunto que compromete el futuro de toda una colonia? ¿Cabe esperar que los nuevos titulares de PAOT, SEDUVI, INVEA y de la nueva Alcaldía de Benito Juárez comprendan la trascendencia de este caso no solo para la colonia Noche Buena sino para la ciudad de México?

Si bien los vecinos han dejado en claro que se requieren actos de autoridad que brinden certidumbre jurídica a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos urbano-ambientales que incluyen entre otros  los derechos a la vivienda y movilidad sustentable, asi como el derecho a  un medio ambiente sano y adecuado para su bienestar y desarrollo, a la fecha no hay un solo indicio de que las nuevas autoridades estén actuando de manera eficaz y expedita en favor del interés público y de un estado de derecho.

La Colonia Noche Buena demanda la defensa de su uso del suelo (H3 con oficinas en PB) como un bien jurídico que debe ser efectivamente tutelado en favor de la calidad de vida de sus habitantes. Esta demanda no es resultado de un acto arbitrario o unilateral como lo afirma el desarrollador de Porfirio Diaz 66, sino más bien es un acto fundado y motivado en una resolución de PAOT que es clara respecto a la violación a la normatividad urbano-ambiental en el caso de Porfirio Diaz 66 y, con base en ella, es dable para ellos afirmar que resulta socialmente inaceptable el que hoy por hoy se favorezca a un particular en detrimento del interés público y social.

Hoy el letrero que se ostenta en Porfirio Diaz 66 representa una afrenta más a los derechos urbano-ambientales de los vecinos que han visto como la obra de Porfirio Diaz 66 ha crecido al amparo de certificados ilegales, clausuras ineficaces y la falta de acceso a la justicia pronta y expedita que demanda del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX.

Para los vecinos resulta injusto que se haya dado la suspensión a favor de un particular desestimando el interés de los vecinos por proteger sus legítimos derechos a una colonia sustentable. Pareciera que no hay en la ciudad una acción efectiva por parte de las autoridades para detener a un desarrollo que ya desde su etapa de construcción ha empezado a generar impactos negativos significativos en la calidad de vida de la colonia (ambulantes, daño al arbolado urbano y riesgos y daños al ambiente y salud de los vecinos).

Ante este caso por resolver, cualquier ciudadano común se preguntaría: ¿Será posible un verdadero cambio en nuestro gobierno para actuar en favor del interés público y del estado de derecho?

Sin duda las cartas de ambas partes, el desarrollador (Banca Mifel) y los vecinos están echadas. La última palabra la tiene el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual ,desde el mes de junio de 2018, recibió la Acción de Nulidad por parte de PAOT y vecinos en este caso.

Los vecinos esperan que en este caso inédito en la ciudad, el “fiel de la balanza” de la justicia ambiental y urbana se incline a sopesar los derechos de los vecinos y de las nuevas generaciones, revalorando asuntos de máxima importancia para el desarrollo de la Ciudad como son: poner freno al crecimiento urbano irracional y la necesidad de infraestructura de soporte para las colonias (infraestructura hidráulica, de movilidad, para cableado subterráneo y de arbolado urbano), como prerrequisito para avanzar progresivamente hacia un desarrollo sustentable.

Resulta obvio, que este tipo de decisión puede ser un antídoto difícil de aplicar por parte de las autoridades por las consecuencias que ésta pueda tener para el erario público en caso de proceder el juicio de lesividad, no obstante, como todo antídoto representa la mejor solución para generar condiciones apropiadas para promover un nuevo modelo de desarrollo urbano acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que apuntan haca un desarrollo de ciudades y comunidades sustentables.[1]

Ojalá la acción del tribunal venga a sentar las bases para una nueva jurisprudencia en la que los derechos urbanos y ambientales de los vecinos sean respetados y garantizados frente a cualquier abuso de las autoridades y desarrolladores. Ojalá el Derecho recobre el papel que le corresponde como herramienta para la resolución efectiva de conflictos en la Ciudad y que los ciudadanos podamos recobrar una vez más la confianza en aquellas instituciones que fueron creadas para la defensa del interés público y social. Ojalá en la resolución de este caso los vecinos de la Colonia Noche Buena puedan encontrar una respuesta efectiva para que sus derechos humanos sean garantizados conforme la recién aprobada Constitución de la Ciudad de México, permitiéndoles construir, en conjunto con las autoridades, una “nueva agenda urbana” en su colonia que permita asegurar su crecimiento de forma sostenible.

[1] Ver página ONU: http://onuhabitat.org.mx/index.php

 

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