Ciudad de México, septiembre 14, 2024 12:00
Itzel García Muñoz

¿Por qué no la reforma judicial?

Diariamente las autoridades que integran los poderes ejecutivos federales  y estatales, los órganos legislativos, los tribunales ordinarios y todos los órganos públicos emiten cientos de actos que afectan nuestros derechos, cuya violación es reparada a través del juicio de amparo.

“Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno . Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios ni controles externos ni internos sobre el gobierno”.  James Madison.

POR ITZEL GARCÍA MUÑOZ

La reforma judicial propuesta por el Presidente de la República no resolverá los problemas de la administración de justicia, muy al contrario, los empeorará.  Empiezo por aclarar que ni las fiscalías ni los ministerios públicos ni los cuerpos policiacos, que son instancias encargadas de investigar los delitos que en su mayoría hacen mal, son parte del Poder Judicial de la Federación. Tampoco forman parte de éste los Tribunales Superiores de Justicia   y  otros tribunales administrativos y laborales, tanto locales como federales que, generalmente realizan muy mal la tarea de impartición de justicia.

En cambio los tribunales de amparo, esto es, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito sí son parte del Poder Judicial de la Federación. Dichos órganos tienen competencia para conocer del juicio de amparo que es un recurso extraordinario que procede contra actos de autoridad inconstitucionales e ilegales que violan nuestros derechos. Diariamente las autoridades que integran los poderes ejecutivos federales  y estatales, los órganos legislativos, los tribunales ordinarios y todos los órganos públicos emiten cientos de actos que afectan nuestros derechos, cuya violación es reparada a través del juicio de amparo.

La labor de un juez de amparo es meramente técnica, no política. Los juzgadores deben contar con los conocimientos adecuados para realizar su función de manera imparcial e independiente. En particular, el juicio de amparo requiere de una gran cúmulo de conocimientos ya que aparte de que el juzgador requiere dominar la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que México es Parte y la Ley de Amparo, también debe saber de todas las materias del derecho.

La reforma propuesta por el presidente no hará la justicia más pronta y expedita, cuanto menos imparcial.  Para que la justicia sea pronta se requiere dotar de más recursos materiales y humanos a todo el aparato de justicia. También, es  indispensable reformar los códigos de procedimientos de todas las materias a fin de eliminar los formalismos excesivos, acortar los plazos y términos de las etapas de los juicios, así como los medios de impugnación. De ésto no dice nada  la reforma.

Además de lo anterior, si realmente se quisiera mejorar la impartición de justicia, la reforma reforzaría los procedimientos de designación por órganos técnicos, no políticos como lo son los poderes ejecutivo y legislativo a través de los cuales se valoren sus conocimientos, experiencia y méritos. También debería robustecer mecanismos que los protejan de la injerencias o presiones externas que amenacen o vulneren su criterio.

La reforma citada afectará el sistema de  pesos y contrapesos concentrando el poder político en manos del Ejecutivo, lo que a su vez impactará negativamente al Estado Constitucional Democrático que llevamos más de dos décadas de estar construyendo.

Asimismo, la reforma tendrá efectos nocivos de largo plazo en la economía ya que en un mundo global la propuesta generará una falta de confianza en los tribunales lo que disminuye la actividad económica, aumentará el riesgo para las empresas inversionistas pues no tiene la certeza de que los conflictos que surjan con autoridades, socios, clientes y proveedores serán resueltos por tribunales imparciales, disminuirá la inversión extranjera directa y el desarrollo empresarial y  pondrá en riesgo la calificación crediticia del gobierno federal.

Sabemos muy bien que en nuestro país la justicia requiere de grandes cambios, de una reforma estructural pero ésta no es la que propone el presidente.

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