Reprochan académicos reducción en presupuesto a ciencia y tecnología; exigen a gobierno inclusión

STAFF / LIBRE EN EL SUR

En un manifiesto abierto a firmas de apoyo a través de change.org y las redes sociales, académicos mexicanos exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ser tomados en cuenta en las decisiones referentes al desarrollo científico y tecnológico, y reprocharon el recorte presupuestal en 11.9 por ciento con relación al año pasado.

La carta es promovida por el colectivo ProCienciaMX, y este jueves será entregada en Palacio Nacional al Presidente de la Republica. En ella se advierte una política contraria a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de que la economía para el bienestar es un principio que debe fundamentarse en el impulso a la investigación, la ciencia y la educación.

“Desde algunas esferas del poder político se ha alimentado una imagen de la investigación y la docencia universitaria como partícipes y beneficiarios de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos”, se cuestiona en el escrito, publicado en change.org por Ana María Serna Rodríguez, que hasta la noche de este miércoles llevaba recabadas casi 12 mil firmas.

Asimismo, en la carta se manifiesta que “el discurso público-político que señala a buena parte de los y las académicas  como integrantes de élites, “híper élites” o “castas” económicamente privilegiadas – no es una imagen justa de la remuneración, papel y compromiso que la academia mexicana tiene con el país. Los y las investigadoras en México estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos restringidos, los cuales son responsablemente asignados y auditados por los órganos académicos y administrativos de nuestras instituciones y de CONACYT.

“Por otra parte, nuestro trabajo y productividad son permanentemente evaluados por distintas instancias de estricto control académico tanto interno como externo, y de estas evaluaciones dependen en gran medida nuestras remuneraciones. Estamos conscientes de que estos sistemas podrían transformarse o perfeccionarse; queremos participar en este proceso de discusión y evaluación, así como en las propuestas de cambio o diseño de alternativa

Por tales motivos, exigen el cumplimiento de 10 puntos:

1. Asegurar que gradualmente se alcance la inversión de 1% de nuestro PIB en CyT, como se plantea en la Ley de CyT, para contribuir a que los mexicanos se beneficien del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, como lo mandata nuestra Constitución.
2. Impulsar una reforma fiscal de fondo, que, además de ser indispensable para la economía y la buena marcha de México, fomente la inversión privada en CyT, para que ésta sea parte importante de al menos 1% del PIB invertido en este rubro.
3. Transparentar en todo el sector público los criterios de asignación y el flujo de los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación; incluyendo los que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4. Modificar el discurso agresivo acerca de los y las académicas que laboramos en México, para re-dignificar nuestra labor, papel y lugar en la sociedad; el trabajo que desarrollamos y sus resultados se enfocan en el beneficio de ella y son indispensables para lograr las metas de los nuevos tiempos, que compartimos.
5. Revertir los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación, el Cinvestav y la Universidad Pedagógica Nacional.
6. Asegurar recursos para el sector salud que permitan atender las apremiantes necesidades de nuestra sociedad en esta materia, incluyendo el respaldo a la labor fundamental de los Institutos Nacionales de Salud.
7. Garantizar y respetar la autonomía constitucional de las universidades públicas.
8. Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en la asignación presupuestal de las instituciones públicas de investigación y educación superior.
9. Garantizar un debate inclusivo y respetuoso tendiente a analizar los sistemas de remuneraciones actuales de los académicos, y a proponer cambios positivos en los mismos, asegurando los recursos que los amparen, sin afectar los derechos ni las remuneraciones de quienes laboran en este sector.
10. Aumentar la parte del presupuesto a las universidades públicas destinado a otorgar una remuneración justa a los profesores de asignatura y de tiempo parcial.

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