Roba el tráfico 81 mil mdp y 9 días de vida al año a los capitalinos

El estudio “Costo del tráfico” elaborado por el IMCO revela que la congestión vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México genera una pérdida promedio de 211 horas al año por persona.

Aunque los usuarios del transporte público representan el 40 por ciento de los desplazamientos, absorben más del 55 por ciento del impacto económico total por las demoras viales.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La parálisis vehicular que sofoca a la Zona Metropolitana del Valle de México dejó de ser una molestia cotidiana para convertirse en un problema estructural que mina la economía, la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.

Cada persona que habita o se desplaza por la capital y sus municipios conurbados pierde en promedio 211 horas al año atrapada en el tránsito, lo que equivale a casi nueve días completos tirados a la basura entre frenos, claxons y emisiones contaminantes.

Esta es una de las conclusiones centrales del reporte de investigación “Costo del tráfico”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en colaboración con la plataforma de análisis de datos Dat’s Why y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

El informe mide el impacto monetario y social del tiempo perdido en congestión vehicular dentro de las 44 principales zonas metropolitanas del país.

Los datos presentados por los investigadores confirman que el Valle de México encabeza el ranking nacional de afectaciones socioeconómicas asociadas al tráfico. En términos monetarios, el costo individual por el tiempo desperdiciado e ineficiencias en los traslados asciende a 10,721 pesos anuales por habitante. Esta cifra coloca a la capital muy por encima de otras grandes urbes mexicanas como Monterrey, Guadalajara o Puebla.

A nivel macroeconómico, el impacto en la Zona Metropolitana del Valle de México asciende a 81,747 millones de pesos anuales. Esta cantidad representa por sí sola más del 40 por ciento del costo total de la congestión vial registrada en todo el país, el cual asciende a 191,000 millones de pesos al año. El monto equivale a más de tres veces el presupuesto asignado anualmente para el mantenimiento e infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es el desmontaje del mito de que el tráfico afecta principalmente a los propietarios de automóviles particulares. Los datos oficiales recopilados demostraron una marcada desigualdad social en el reparto del costo del colapso urbano.

A pesar de que las personas que utilizan el transporte público representan el 40 por ciento de la población que se desplaza en la metrópoli, soportan más del 55 por ciento del costo de oportunidad derivado de los embotellamientos.

Esta inequidad responde a las condiciones actuales del transporte masivo en la periferia y las arterias principales de la ciudad. Mientras un conductor en automóvil particular viaja en un entorno controlado, los pasajeros del transporte público enfrentan tiempos de espera prolongados en paraderos desorganizados, unidades saturadas, rutas sin carril exclusivo y múltiples transbordos que duplican el tiempo de viaje programado.

El informe técnico detalla que el uso desmedido del automóvil privado, propiciado por décadas de inversión pública orientada a la infraestructura vial para vehículos particulares, ha superado la capacidad de absorción del parque vehicular en la capital. La expansión de vialidades de pago o pasos a desnivel no ha resuelto el problema debido al fenómeno conocido como “demanda inducida”, mediante el cual la creación de mayor espacio para automóviles atrae de manera inmediata un volumen superior de coches a las calles.

Especialistas del IMCO y la AMTM advierten que la falta de integración metropolitana entre el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México agrava la crisis. La fragmentación en las tarifas, la falta de homogenización en los sistemas de cobro y la carencia de rutas de transporte masivo interconectadas obligan a miles de trabajadores que viven en la periferia a invertir hasta cuatro horas diarias únicamente en traslados hacia sus centros de trabajo.

Frente a este escenario, las instituciones encargadas del estudio plantearon una serie de recomendaciones prioritarias para las administraciones públicas. La primera medida consiste en reorientar la inversión en infraestructura urbana, destinando la mayor parte de los recursos públicos al fortalecimiento, modernización y expansión del transporte público masivo e integrado, como el Metro, Metrobús, Cablebús y líneas de autobuses eléctricos con carriles confinados.

Asimismo, se propone la implementación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico, la mejora de la infraestructura para la movilidad no motorizada, como peatones y ciclistas, y el ordenamiento del transporte de carga fuera de los horarios de mayor afluencia vehicular.

El análisis concluye que sin una política integral que desincentive el uso del coche privado y priorice la movilidad colectiva, el costo económico y humano del tráfico continuará en aumento en los próximos años.

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