De los despojos al Plan de Desarrollo: vecinos de BJ toman la iniciativa –otra vez– en CDMX

Los residentes exigen reponer la consulta metropolitana y replantear la planeación urbana

Bloqueos en Calzada de Tlalpan obligan a las autoridades a negociar

Alertan sobre seis focos rojos, desde la actualización catastral hasta la venta forzosa de predios, y reclaman el derecho a permanecer en sus colonias.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

En Benito Juárez, el desarrollo inmobiliario lleva décadas transformando el paisaje de las colonias, modificando la vida de sus habitantes y acumulando denuncias contra las autoridades responsables de vigilar el crecimiento de la ciudad. Ahora, vecinos de esta demarcación han llevado esa inconformidad al terreno donde se decidirá el futuro urbano de la capital: la elaboración de los instrumentos de planeación que definirán el uso del territorio durante las próximas décadas.

El martes 6 de octubre, el conflicto llegó a Calzada de Tlalpan. Habitantes de distintas colonias y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) bloquearon la vialidad a la altura del Metro Ermita, en Benito Juárez, después de abandonar un foro de consulta sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM). Denunciaban que la reunión, convocada por autoridades federales y capitalinas, no ofrecía condiciones adecuadas para discutir el contenido del documento. El cierre se prolongó durante varias horas y provocó afectaciones a la circulación.

La movilización consiguió que las autoridades se sentaran a negociar. Personal de la Secretaría de Gobierno capitalina acordó con los manifestantes reponer el foro y abrir un espacio para preguntas sin las restricciones que los vecinos denunciaron durante el encuentro original. La vialidad fue liberada, pero el acuerdo no resolvió el fondo de la controversia: los inconformes no sólo reclamaban mejores condiciones para participar, sino que exigían revisar el proyecto y las consecuencias que, a su juicio, podría tener sobre la propiedad, el uso del suelo y la permanencia de las comunidades.

El episodio es significativo en una alcaldía que conoce desde hace décadas las consecuencias de las decisiones de política urbana. Benito Juárez fue una de las cuatro demarcaciones centrales incluidas en el Bando Dos, la política de redensificación impulsada por Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba el entonces Distrito Federal. La medida, emitida en diciembre de 2000, buscaba contener la expansión de la mancha urbana hacia las periferias y promover la construcción de vivienda en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El propósito declarado era aprovechar la infraestructura existente, repoblar las zonas centrales y reducir la presión sobre las áreas periféricas. Con los años, sin embargo, la transformación inmobiliaria de Benito Juárez alimentó controversias sobre la capacidad de los servicios, las autorizaciones de construcción, los cambios de uso del suelo y la vigilancia de las obras. El Bando Dos no explica por sí solo todas las irregularidades posteriores, pero constituye un antecedente indispensable para entender por qué la planeación urbana despierta hoy una resistencia que rebasa las diferencias partidistas.

Los señalamientos atraviesan administraciones capitalinas del PRD y de Morena, así como gobiernos delegacionales y de alcaldía encabezados por el PAN. La historia no puede atribuirse a una sola fuerza política: las competencias se distribuyen entre distintas autoridades y cada caso requiere establecer quién autorizó, quién supervisó y quién dejó de actuar. Sin embargo, las denuncias acumuladas han instalado una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria para muchos residentes: quién se beneficia de la transformación de las colonias y quién asume sus costos.

Un historial de denuncias inmobiliarias

En febrero de 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que había recibido mil 779 denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades en predios de Benito Juárez. Ese mismo año, la PAOT emitió la Recomendación 02/2014 por irregularidades detectadas en siete desarrollos habitacionales de la demarcación. Entre los problemas señalados figuraban violaciones al número de niveles permitido, documentación presuntamente apócrifa y omisiones de la autoridad delegacional en la vigilancia de las obras. La dependencia solicitó que se aplicaran las medidas correspondientes, incluidas sanciones y demoliciones de niveles excedentes cuando procediera.

Los antecedentes documentan que las alertas institucionales sobre el crecimiento inmobiliario irregular no comenzaron con las actuales protestas. Las denuncias no prueban que todas las obras señaladas hayan cometido infracciones, pero sí revelan la persistencia de un conflicto que las autoridades han tenido que atender durante distintas administraciones.

Años después, las investigaciones relacionadas con obras ilegales en Benito Juárez añadieron otra dimensión a la controversia. Las pesquisas sobre presuntas redes de corrupción vinculadas con autorizaciones de construcción han alcanzado a exfuncionarios y han dado lugar a procesos y acusaciones cuya situación jurídica debe distinguirse en cada expediente, pues todo se confundió por contaminación político-electoral.

La revisión administrativa también continúa. En septiembre de 2026, La Jornada informó sobre una investigación de la Secretaría de la Contraloría General capitalina por posibles faltas administrativas relacionadas con construcciones y uso del suelo en 48 predios de Benito Juárez. El expediente se encontraba en etapa de investigación, por lo que no representa una resolución definitiva contra los responsables de todos esos inmuebles.

La historia de las denuncias explica parte de la desconfianza vecinal. Los habitantes no discuten la planeación urbana en abstracto: lo hacen desde una experiencia concreta de transformación territorial, en la que la construcción de nuevos edificios ha coincidido con cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas, la capacidad de los servicios y la eficacia de los mecanismos de vigilancia.

El derecho a permanecer en la ciudad

El escrito presentado por vecinos de Ciudad de México, en especial de Benito Juárez, ante la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; integrantes del Congreso capitalino, y el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, introduce un argumento que amplía la discusión: el derecho al arraigo y a permanecer en la ciudad.

Los firmantes sostienen que el desarrollo urbano debe mejorar la vida de quienes habitan la capital, no convertir el incremento del valor del suelo en una razón para expulsarlos de sus colonias. En su planteamiento, una vivienda representa mucho más que un activo económico: es el patrimonio familiar, el lugar donde se han educado los hijos, donde se han construido relaciones vecinales y donde las personas han desarrollado su vida cotidiana. Para los adultos mayores, señalan, ese vínculo puede ser especialmente importante.

La preocupación es que una nueva política de densificación, combinada con mayores cargas económicas o urbanísticas, termine desplazando indirectamente a quienes llevan décadas en una colonia. El aumento del valor comercial de una propiedad puede parecer un beneficio patrimonial, pero también puede traducirse en mayores costos, presión sobre los propietarios y transformaciones del entorno que dificulten la permanencia de las familias.

Los vecinos plantean que el derecho a permanecer debe formar parte explícita de la planeación. Proponen incorporar un índice de arraigo que permita medir el impacto del desplazamiento, proteger el comercio tradicional y construir un modelo de barrio vivo que garantice la continuidad de las relaciones comunitarias. Su objetivo es que las políticas públicas no se limiten a contabilizar viviendas, metros cuadrados o potencial constructivo, sino que evalúen también sus consecuencias sociales.

El documento resume su preocupación en una crítica al modelo de crecimiento que privilegia la multiplicación de metros cuadrados, viviendas y valor del suelo sin evaluar suficientemente sus consecuencias sobre la vida comunitaria. Para los firmantes, ese enfoque puede terminar produciendo el efecto contrario al que pretende combatir: encarecer el entorno y desplazar a quienes deberían beneficiarse de la renovación urbana.

Los seis focos rojos del proyecto metropolitano

En su petición, los vecinos solicitan reponer el proceso de elaboración y consulta del POZMVM. Identifican seis asuntos que consideran especialmente preocupantes y que, a su juicio, requieren una explicación pública y una revisión de fondo. Se trata de los riesgos que los promoventes atribuyen a determinadas propuestas del proyecto, cuyo alcance debe contrastarse con el documento íntegro y el marco jurídico aplicable.

El primero es el gravamen al desperdicio urbano, concepto con el que los firmantes cuestionan la posibilidad de establecer cargas económicas sobre terrenos considerados desaprovechados. Su preocupación es que una clasificación administrativa del suelo pueda convertirse en un incentivo para transformar predios sin considerar suficientemente la situación de sus propietarios ni las características de cada colonia.

El segundo se refiere a los polígonos de desarrollo y construcción prioritarios, que, según los vecinos, podrían concentrar las decisiones de crecimiento en áreas seleccionadas sin una evaluación suficiente de sus efectos sobre la infraestructura y las comunidades.

El tercero es la venta forzosa o subasta. Los firmantes temen que las disposiciones relacionadas con predios considerados subutilizados puedan afectar los derechos de propiedad. Para determinar si ese riesgo corresponde efectivamente a los mecanismos previstos en el proyecto, es necesario examinar el articulado completo, las competencias de las autoridades y las garantías jurídicas aplicables.

El cuarto foco rojo es la zonificación flotante, expresión con la que los promoventes cuestionan la posibilidad de modificar o trasladar potenciales de desarrollo entre predios. Su inquietud se relaciona con la certidumbre sobre los usos del suelo y con las consecuencias que tales cambios podrían tener en la densidad de las colonias.

El quinto es la actualización catastral y del predial. El documento plantea preocupación por un cambio en los criterios de valoración que acerque el valor catastral al valor comercial de los inmuebles. Los vecinos advierten que un ajuste de esa naturaleza podría elevar la carga fiscal de propietarios cuya vivienda ha aumentado de valor sin que necesariamente hayan aumentado sus ingresos. El alcance de esa posibilidad debe establecerse a partir de las disposiciones fiscales y catastrales concretas.

El sexto es la captura de valorización por edificabilidad o cambio de uso, relacionada con la posibilidad de que las modificaciones en las condiciones de construcción o en los usos permitidos generen incrementos de valor sujetos a mecanismos de recuperación pública. Los firmantes cuestionan cómo se definirían esos mecanismos y qué efectos tendrían para propietarios y comunidades.

A esos seis puntos añaden un séptimo cuestionamiento transversal: la fuerza vinculante que podría adquirir el POZMVM frente a los instrumentos locales de planeación, particularmente en la Ciudad de México. Los vecinos advierten sobre la posibilidad de que los dictámenes de congruencia y las decisiones metropolitanas reduzcan el margen de decisión local. El alcance real de esa preocupación depende del texto del programa y del marco legal aplicable.

La enumeración revela que el rechazo no se concentra exclusivamente en el número de edificios que podrían construirse. Incluye cuestiones patrimoniales, fiscales, jurídicas y de gobernanza que, para los firmantes, deben discutirse antes de que el proyecto avance.

Dos procesos de planeación bajo cuestionamiento

La protesta de Tlalpan estuvo vinculada directamente con el POZMVM, un instrumento de alcance metropolitano que comprende territorios de distintas entidades y busca coordinar decisiones sobre crecimiento urbano, infraestructura, movilidad y sustentabilidad. Pero la inconformidad vecinal también se dirige al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD).

Se trata de instrumentos distintos, aunque relacionados. El POZMVM tiene una escala metropolitana; el PGD establece los grandes lineamientos para el desarrollo de la capital. Precisamente por esa relación, los vecinos consideran que ambos procesos deben armonizarse con rigor técnico, transparencia y participación efectiva.

En su escrito, recuerdan que el 3 de agosto de 2026 se celebró una sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano en la que se aprobó en lo general el proyecto del POZMVM para someterlo a consulta pública. También señalan que la convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina el 25 de agosto. Cuestionan que el calendario de actividades difundido posteriormente no ofreciera condiciones adecuadas para la participación de personas que trabajan y que la consulta no hubiera tenido suficiente difusión en colonias, barrios y pueblos.

Los firmantes también sostienen que el proceso del PGD, cuya consulta concluyó el 10 de abril de 2026, debe reponerse porque, desde su perspectiva, se incumplieron plazos y procedimientos y se utilizaron preguntas genéricas que no explicaban con claridad los contenidos sometidos a opinión. Añaden que no se habían publicado resultados completos ni explicado cómo se incorporaron las observaciones ciudadanas. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos contenidos en su petición y requieren contrastarse con los expedientes y las respuestas oficiales.

La demanda no es simplemente prolongar una consulta. Los vecinos quieren que se revise el procedimiento desde su origen, que se publiquen los documentos técnicos y metodológicos y que se expliquen las decisiones adoptadas. También piden conocer los antecedentes de los estudios y la contratación del equipo consultor, y reclaman que la participación de la ciudadanía, la academia y la iniciativa privada se produzca en condiciones de igualdad.

En el caso del POZMVM, el escrito objeta que un plazo de 60 días resulte suficiente para discutir un instrumento con efectos previstos hasta 2050. También cuestiona los horarios de los encuentros, la difusión de la convocatoria y la ausencia de mecanismos deliberativos que permitan saber cómo se responderá a las observaciones presentadas.

La preocupación tiene una dimensión institucional: si el programa metropolitano condiciona las decisiones locales, sostienen los vecinos, debe existir una explicación clara de sus alcances, de las obligaciones que impone y de los márgenes de decisión que conservan las autoridades de cada demarcación.

33 mil firmas para exigir una reposición

La protesta de octubre forma parte de una movilización vecinal que ya había reunido decenas de miles de firmas contra el procedimiento del PGD. El 11 de septiembre, El Universal informó que representantes de las Copacos de siete alcaldías entregaron 12 mil 337 firmas a 30 diputados del Congreso capitalino. Con esa entrega, los promotores dijeron sumar 33 mil 738 rúbricas.

Las firmas procedían de habitantes de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Cuajimalpa. Los promotores sostuvieron que las entregas anteriores a la Jefatura de Gobierno y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no habían recibido una respuesta satisfactoria.

La movilización combina así dos exigencias relacionadas, pero diferentes: reponer el proceso del PGD y revisar el de consulta del POZMVM. El bloqueo de Calzada de Tlalpan logró un acuerdo para reponer un foro metropolitano; la petición de las firmas busca una revisión más amplia del procedimiento del plan capitalino.

Los vecinos consideran que ambas discusiones deben coordinarse para evitar que la ciudadanía sea obligada a participar en procesos simultáneos sin información suficiente o sin conocer cómo se relacionan sus contenidos. En su opinión, no tiene sentido consultar un instrumento local sin explicar sus vínculos con las decisiones metropolitanas que podrían condicionarlo.

Una ciudad que necesita planear sin expulsar

Los vecinos no sostienen que la Ciudad de México deba dejar de construir vivienda o renunciar a la densificación. Su petición plantea que el desarrollo urbano debe incorporar criterios sociales, económicos, ambientales y territoriales, en lugar de concentrarse en el potencial constructivo de los predios.

Entre sus propuestas se encuentra un modelo metropolitano policéntrico que reduzca desigualdades, conserve las zonas de alto valor ambiental y articule la sustentabilidad con la gobernabilidad. También piden que se tomen en cuenta estudios del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM (PUEC-UNAM), así como la participación de especialistas y de comunidades afectadas por las decisiones de planeación.

La discusión es relevante porque la transformación urbana no ocurre sobre un territorio vacío. Cada colonia tiene una historia, una infraestructura, redes de convivencia y necesidades que no pueden medirse únicamente en metros cuadrados. La disponibilidad de agua, el drenaje, el transporte, el comercio tradicional y la permanencia de las familias forman parte de la capacidad real de una zona para recibir nuevos desarrollos.

En Benito Juárez, los vecinos llevan años denunciando los efectos de las construcciones irregulares y cuestionando la respuesta institucional. Ahora pretenden que esa experiencia sea tomada en cuenta antes de que se definan los criterios que orientarán la ciudad durante las próximas décadas.

El acuerdo alcanzado después del bloqueo de Tlalpan demuestra que la presión en las calles puede obligar a las autoridades a negociar. Pero reponer un foro no equivale a aceptar la revisión integral que reclaman los habitantes. Del mismo modo, las 33 mil 738 firmas dan dimensión a la inconformidad, pero no significan que el gobierno haya aceptado reponer el proceso del PGD.

La exigencia vecinal va más allá de una reunión o de un expediente. Plantea quién decide el futuro del territorio, qué garantías tienen quienes habitan la ciudad y cómo se distribuyen los beneficios y costos del desarrollo urbano.

Después de años de denuncias por construcciones cuestionadas, la disputa en Benito Juárez ha llegado a los instrumentos de planeación metropolitana. Los vecinos quieren que el derecho a permanecer en sus colonias forme parte de las decisiones públicas y que la consulta ciudadana tenga consecuencias verificables.

El bloqueo logró que las autoridades volvieran a sentarse con ellos. La pregunta pendiente es si estarán dispuestas a revisar de fondo los instrumentos cuestionados, transparentar sus criterios y demostrar que la participación de los habitantes puede modificar el rumbo de la planeación urbana.

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