La verdadera ciudad, no la que presume Clara Brugada

Inseguridad, transporte público infuncional, inundaciones, Utopías lejos de la meta, fracaso del Mundial, falta de compromiso ambiental y opacidad en la contratación de obras públicas…

STAFF / LIBRE EN EL SUR

El Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada está construido sobre una sucesión de cifras que pretende acreditar una transformación acelerada de Ciudad de México. El gobierno reporta 3 mil 600 obras, un incremento de 55 por ciento en la inversión pública respecto de 2024, 450 kilómetros de repavimentación, 13 mil viviendas nuevas, 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda, 643 obras y acciones hidráulicas, 200 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, 140 kilómetros de electromovilidad y avances en las Utopías. En su presentación pública, Brugada agregó que durante sus dos primeros años se recuperó más de un millón de metros cuadrados de espacio público y se generaron 150 mil empleos formales.

La realidad cotidiana obliga, sin embargo, a revisar ese balance con mayor detenimiento. La capital mantiene niveles elevados de percepción de inseguridad, el transporte público continúa presentando interrupciones que afectan a millones de usuarios, las lluvias siguen provocando inundaciones en distintas zonas, las Utopías avanzan muy por debajo de la meta de cien instalaciones prometidas y las políticas ambientales enfrentan cuestionamientos por el tratamiento del arbolado y de las áreas verdes. A ello se suma la necesidad de transparentar con mayor detalle la contratación y el costo final de las obras públicas.

No se trata de negar las obras realizadas. Se trata de confrontar sus resultados con los problemas que supuestamente estaban destinadas a resolver y de distinguir entre una obra terminada, una obra en proceso y una promesa todavía pendiente.

Seguridad: menos delitos, pero una ciudad que todavía se siente insegura

Brugada ha colocado la reducción de los delitos de alto impacto entre los principales resultados de su administración. Las estadísticas oficiales muestran descensos en diversos indicadores y el gobierno capitalino reportó una reducción importante de homicidios durante el periodo que lleva la administración.

Ese dato debe reconocerse. Pero tampoco permite concluir que el problema de seguridad esté resuelto.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI mantiene niveles elevados de percepción de inseguridad. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población adulta de las 91 áreas urbanas consideradas por la encuesta manifestó sentirse insegura en su ciudad. En distintas demarcaciones capitalinas el porcentaje fue considerablemente mayor.

La ENVIPE aporta otro elemento que suele quedar fuera de los balances gubernamentales. Para la Ciudad de México estimó una cifra negra de alrededor de 93 por ciento en 2024, es decir, delitos que no fueron denunciados o en los que la autoridad no inició una carpeta de investigación. La prevalencia delictiva alcanzó 30 mil 804 víctimas por cada 100 mil habitantes.

La reducción de los delitos registrados es, por tanto, un indicador relevante, pero debe leerse junto con la enorme cantidad de hechos que no llegan a las estadísticas judiciales y con una percepción de inseguridad que continúa siendo elevada. La seguridad de una ciudad no puede medirse únicamente por los delitos que llegan a una carpeta de investigación.

Metro: ‘Modernización’ que lo deja infuncional

La Línea 1 del Metro fue presentada como una de las grandes obras de modernización de la administración. El proyecto implicó un prolongado proceso de rehabilitación y fue justificado precisamente por la necesidad de mejorar la confiabilidad de una de las líneas más utilizadas de la red.

Los resultados operativos todavía permiten cuestionar esa promesa.

Hasta el 11 de agosto de 2026 se habían documentado mil 25 eventos y fallas con afectaciones al servicio, de acuerdo con información obtenida mediante transparencia. De ellos, 540 estuvieron relacionados con el sistema KFS, utilizado para el frenado de emergencia.

La cifra no significa que mil 25 averías mecánicas hayan paralizado la línea ni que cada evento haya producido una suspensión completa. Pero sí documenta un volumen importante de incidencias en una infraestructura que acaba de atravesar un proceso de modernización de gran magnitud.

El dato obliga a revisar la diferencia entre modernizar infraestructura y conseguir un servicio confiable. La evaluación de la Línea 1 tendría que considerar no sólo la tecnología instalada o el presupuesto ejercido, sino la frecuencia de las interrupciones, las causas de las fallas, los tiempos de recuperación y el impacto sobre los usuarios.

En una red que transporta diariamente a cientos de miles de personas, la confiabilidad es parte esencial del resultado de cualquier modernización.

Siete mil millones contra las inundaciones que siguen

En materia de agua, el gobierno reporta una inversión superior a 7 mil millones de pesos en 643 obras y acciones de agua, drenaje y saneamiento. De ese programa, 318 acciones correspondieron a drenaje y se incluyeron 10 mil metros de nuevos colectores.

La administración sostuvo además que las obras habían permitido reducir en 90 por ciento las afectaciones a viviendas respecto de años anteriores.

Esta última cifra necesita una explicación metodológica que el informe no proporciona con la misma claridad que el porcentaje. Para evaluar una reducción de esa magnitud es necesario saber cuál fue el año de referencia, cuántas viviendas integraron el universo de comparación, qué intensidad tuvieron las lluvias consideradas y cómo se definió una vivienda afectada.

Las lluvias extraordinarias son un factor evidente y no puede atribuirse al gobierno la ocurrencia de cada tormenta. Lo que sí puede evaluarse es la capacidad de la infraestructura para reducir sus consecuencias.

La capital continúa registrando inundaciones y anegamientos durante la temporada de lluvias, por lo que la evaluación de los 7 mil millones de pesos tendría que mostrar qué puntos críticos fueron resueltos, cuántas viviendas dejaron de sufrir daños y qué capacidad adicional incorporaron las obras.

La cifra presupuestal demuestra inversión. No demuestra por sí sola eficacia.

Las Utopías siguen muy lejos de las cien prometidas

Las Utopías constituyen uno de los principales proyectos de Clara Brugada. La meta anunciada para el sexenio es construir 100 instalaciones destinadas a ofrecer servicios deportivos, culturales, recreativos y de cuidados, particularmente en zonas con mayores necesidades.

El avance registrado en el Segundo Informe está lejos de esa meta.

Al momento de entregar el documento al Congreso, el gobierno reportaba ocho Utopías inauguradas, cuatro terminadas y listas para abrir y 18 en proceso de construcción. En total, 30 proyectos en distintas etapas frente a una meta de 100.

Para la presentación pública del informe, la administración elevó la cifra a 32 Utopías construidas o en proceso. Aun con ese dato, el avance representa apenas 32 por ciento de la meta.

Con dos años de administración transcurridos, quedan 68 por construir.

La cuestión no es negar los servicios que ofrecen las instalaciones que ya funcionan. Es medir el cumplimiento de una promesa concreta. Para llegar a cien, el ritmo de construcción deberá aumentar considerablemente durante los años restantes del sexenio, además de garantizar los recursos necesarios para su operación y mantenimiento.

Las Utopías pueden convertirse en una política urbana de largo alcance, pero para ello tendrán que alcanzar una cobertura mucho mayor que la registrada hasta ahora.

Vivienda: miles de unidades mientras aumenta la presión sobre los precios

El gobierno reporta 13 mil viviendas nuevas, de las cuales seis mil estaban concluidas y siete mil en proceso, además de 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda.

El problema es que la propia administración reconoce el encarecimiento de la vivienda y de los alquileres como uno de los principales problemas urbanos de la capital. El Bando 1 contra la gentrificación y la política de “Rentas Justas” fueron planteados precisamente como respuesta a ese fenómeno.

La cifra de viviendas debe analizarse entonces no sólo por volumen, sino por precio, ubicación y población beneficiaria. Construir vivienda no necesariamente significa producir vivienda accesible para quienes están siendo expulsados de las zonas centrales por el aumento de las rentas.

También resulta necesario distinguir entre las seis mil unidades terminadas y las siete mil que todavía estaban en proceso. Presentar las 13 mil como resultado de vivienda producida puede dar una imagen distinta de la situación real si una parte significativa aún no ha sido entregada.

La política habitacional necesita mostrar cuántas familias accedieron efectivamente a una vivienda, bajo qué condiciones y a qué costo.

El Mundial: la derrama no equivale al beneficio neto

El gobierno presentó el Mundial como una oportunidad económica y turística de gran magnitud. Reportó más de cuatro millones de visitantes, alrededor de cien mil empleos y una derrama que ha estimado entre 44 mil y 66 mil millones de pesos.

El problema es que esa derrama no equivale a recursos ingresados al presupuesto de la ciudad ni constituye por sí misma una ganancia neta. La propia administración explicó que su estimación parte de las transacciones realizadas con tarjetas bancarias durante junio y que, al incorporar otros medios de pago, el monto podía llegar a 66 mil millones.

La Secretaría de Turismo federal, por su parte, reportó más de 42 mil millones de pesos para las tres ciudades sede.

Las diferencias entre las metodologías hacen necesario evitar que las cifras se presenten como si fueran comparables sin explicar qué mide cada una.

Además, el gobierno capitalino informó de más de 23 mil millones de pesos en obras relacionadas con el Mundial, con alrededor de dos mil intervenciones.

Para evaluar el resultado económico del torneo es indispensable poner ambos lados de la ecuación: la actividad económica generada y el costo público de preparar la ciudad. También habrá que conocer qué proporción de las obras estaba prevista independientemente del Mundial y cuál fue acelerada o creada específicamente para el evento.

La derrama existió y el turismo aumentó. Lo que todavía necesita demostrarse es el beneficio económico neto y, sobre todo, la dimensión del legado permanente frente a los recursos públicos utilizados.

Obras públicas: miles de contratos en la opacidad

La administración utiliza el volumen de obra como uno de los principales argumentos de su balance. Precisamente por ello, la contratación debe estar sometida a un escrutinio proporcional.

La legislación de transparencia establece que deben hacerse públicos los procedimientos de contratación, los participantes, los ganadores, las razones de la adjudicación, los contratos, los montos, los plazos, los avances físicos y financieros y los convenios modificatorios.

En el caso de las obras del Mundial, el gobierno creó una plataforma específica para publicar información de los proyectos. Es una herramienta útil, pero no sustituye una revisión integral de la contratación.

Con miles de obras y decenas de miles de millones de pesos involucrados, la información debe permitir conocer el costo original de cada proyecto, sus modificaciones, la empresa contratada, los tiempos de ejecución y el costo final. También debe permitir identificar retrasos, ampliaciones presupuestales y cambios de proyecto.

El problema de la opacidad no consiste necesariamente en que no exista información. Puede aparecer cuando la información está dispersa, resulta difícil de cruzar o no permite reconstruir con facilidad el recorrido completo de un contrato.

Para una administración que hace de la obra pública uno de sus principales resultados, esa información debería estar disponible de manera sencilla y verificable.

Una política ambiental que no puede reducirse a la ajolotización

El ajolote se ha convertido en uno de los símbolos del proyecto urbano de Brugada y la llamada “ajolotización” ha llevado sus colores y referencias a diferentes espacios de la ciudad.

El problema ambiental de la capital, sin embargo, es mucho más serio que una cuestión de identidad visual. La ciudad enfrenta presión sobre el arbolado, pérdida de áreas verdes, reducción de superficies permeables y conflictos recurrentes por podas y derribos.

La PAOT registró 572 denuncias por afectación al arbolado y áreas verdes durante 2025, además de investigaciones y dictámenes relacionados con daños al patrimonio ambiental. Durante 2026 continúan registrándose denuncias e investigaciones por afectaciones al arbolado.

Estos datos no permiten atribuir todos los casos al gobierno, porque incluyen actuaciones relacionadas con particulares. Sí muestran que la protección del arbolado sigue siendo un problema relevante de la ciudad.

La política ambiental debería ofrecer información mucho más precisa sobre las obras: cuántos árboles se conservan, cuántos se derriban, cuántos se trasplantan, cuál es la tasa de supervivencia de los trasplantes y cuánta superficie permeable se pierde o recupera.

La reforestación tampoco puede utilizarse como sustituto automático de la conservación. Un árbol recién plantado tarda años en proporcionar los mismos beneficios ambientales que un ejemplar adulto.

En una ciudad que simultáneamente enfrenta inundaciones y temperaturas elevadas, el arbolado y el suelo permeable forman parte de la infraestructura urbana. Su pérdida debería contabilizarse con la misma seriedad que cualquier otra afectación derivada de una obra.

La transformación que todavía necesita demostrarse

El Segundo Informe ofrece una enorme cantidad de datos, pero no todos tienen el mismo valor para medir resultados. Una vivienda en proceso no equivale a una vivienda entregada; una Utopía anunciada no equivale a una Utopía operando; una estimación de derrama no equivale a una ganancia pública; una obra contratada no equivale a una obra concluida y una reducción de delitos registrados no equivale automáticamente a una reducción equivalente de la percepción de inseguridad.

Ésa es la parte del informe que merece mayor escrutinio.

La Ciudad de México ha recibido inversiones importantes y algunas de ellas ya producen resultados verificables. Pero la administración también tiene compromisos que todavía están lejos de cumplirse, indicadores que requieren una explicación metodológica más precisa y contratos cuya revisión pública debe facilitarse.

La meta de cien Utopías está todavía lejos. La modernización de la Línea 1 continúa acompañada de numerosas incidencias. La reducción de las afectaciones por lluvias necesita explicar cómo se obtuvo el 90 por ciento anunciado. El balance económico del Mundial debe considerar el gasto público realizado para organizarlo y no sólo la derrama estimada. La política ambiental tiene que demostrar que la obra pública no está deteriorando el patrimonio verde de la ciudad. Y la contratación de miles de obras debe permitir seguir cada peso desde el presupuesto hasta el resultado final.

El Segundo Informe puede presentar una ciudad en transformación. La tarea de los ciudadanos, periodistas y órganos de fiscalización es comprobar cuánto de esa transformación está terminado, cuánto funciona y cuánto todavía pertenece al terreno de las promesas.

Ésa es la verdadera ciudad que habrá que medir durante los próximos años: no la que aparece en las cifras aisladas del informe, sino la que esas cifras deberían ser capaces de transformar.

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