Ciudad de México, abril 19, 2024 18:36
Nancy Castro Opinión

Universidad de Guanajuato demanda… ¡a sus alumnos!

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Siete estudiantes,  integrantes  del movimiento Colmena, fueron demandados por su Universidad e investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, por vandalizar el edificio…

POR NANCY CASTRO

MADRID. El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos fundamentales.

Manifestar desacuerdos originados desde una acción injusta en la que evidentemente solo se ve beneficiada sólo una parte de una comunidad, en este caso en el ámbito universitario, habla de una comunidad comprometida con su pensamiento crítico.

La Universidad “Casa máxima de Estudios” como templo de la enseñanza, donde se edifica el pensamiento y se entrena a sus alumnos para la vida profesional, paradójicamente coarta su libertad de expresión, restringe, reprime, cancela la promoción de los derechos de sus estudiantes.

¿De qué lado está la Universidad cuando su misión es proteger a los estudiantes?

El pasado septiembre, el movimiento Colmena encabezado por alumnos de la Universidad de Guanajuato, tomaron las instalaciones de algunas sedes incluyendo la rectoría ubicada en el edificio central, domiciliado en Lascuraín de Retana número 5 en Guanajuato, capital.

Tras 22 días de intentar el derecho a réplica manifestando desacuerdos en los procesos para erigir a la rectora y cuestiones de seguridad de la comunidad estudiantil,  fueron recibidos por la rectora que acababa de asumir el cargo.

Claudia Susana Gómez López en esa reunión como rectora acordó leer los pliegos petitorios redactados por integrantes de dicho movimiento petitorio quien, se comprometió a que no habría consecuencias académicas ni jurídicas en contra de ninguno de los integrantes del Movimiento, así como a preservar algunas de las intervenciones (“las tomo como un recordatorio de no volver a caer en esto”, expresó en ese momento la rectora); los murales y pintas fueron removidos por otros universitarios en diciembre de 2023. 

Hace una semana siete estudiantes identificados como Rodrigo, Ignacio, Desiree, Frida, Alonso, Valeria y Armando,  integrantes  de dicho movimiento fueron demandados por la Universidad e investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, por vandalizar el edificio  tipificado el delito como daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, podría alcanzar una pena de hasta siete años de cárcel.

El sábado 22 de febrero, desde las escalinatas del edificio central, los estudiantes aseguraron que la Universidad les está dando la espalda, que consideran que es un atropello a los derechos humanos y aseguran ser parte de una persecución política.

En la Universidad de Guanajuato aseguraron que por respeto al debido proceso no podrían brindar ninguna información para no entorpecer la investigación que lleva la fiscalía del estado.

“Hay asuntos que trascienden del ámbito de la competencia de las autoridades universitarias. La Universidad de Guanajuato, como siempre, será respetuosa de los procedimientos y de las instituciones en un marco de respeto de los derechos humanos”, aseguró por medio del departamento de comunicación.

“En ningún momento nos promulgamos como líderes, sólo nos movilizamos a consecuencia de la falta de escucha ante situaciones arbitrarias y de seguridad que señalamos en varías ocasiones” declararon en la rueda de prensa.

La defensa de los derechos de los estudiantes vale más que cualquier inmueble. ¿De qué lado está la Universidad cuando su misión es proteger a los estudiantes? ¿Qué tipo de acuerdo manejaron para que después de seis meses se les impugne una demanda legal?

“Cómo es posible que una Universidad que se supone o pretende abrir el pensamiento  criminalicé a quienes pensamos diferente, a quienes cuestionamos, a quienes alzamos la voz por esas injusticias”, aduce Rodrigo Rivera, uno de los acusados.

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