Zapatero, imputado, y el reflejo populista: ‘me persiguen’

La Audiencia Nacional investiga una presunta red de tráfico de influencias ligada al rescate millonario de Plus Ultra

Nuevas indagatorias abiertas en Francia y Suiza reactivaron el caso que había sido archivado en España.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La política española atraviesa una de sus mayores sacudidas en años. El ex presidente socialista del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como investigado por la Audiencia Nacional dentro del caso relacionado con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, una empresa que recibió millones de euros del Estado durante la pandemia pese a las dudas sobre su viabilidad financiera y su limitada operación comercial.

La investigación judicial apunta a presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. De acuerdo con el juez instructor José Luis Calama, existirían indicios de una red dedicada a gestionar favores y decisiones dentro de la administración pública en beneficio de determinados intereses privados.

El eje del caso es el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021 mediante un fondo estatal creado para auxiliar empresas afectadas por la crisis sanitaria del covid-19. Aquella operación fue aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y administrada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde el principio, sin embargo, el apoyo financiero generó cuestionamientos debido a que la compañía tenía una actividad mínima y una posición económica extremadamente frágil.

Aunque una primera causa terminó archivada, nuevas indagatorias desarrolladas en Francia y Suiza llevaron a la Fiscalía Anticorrupción española a reactivar el expediente. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó registros en oficinas vinculadas a Zapatero y en empresas relacionadas con personas de su entorno cercano.

El magistrado sostiene que la investigación permitió detectar una estructura estable de intermediación basada en contactos políticos y acceso a altos niveles de gobierno. Según esa hipótesis, determinadas personas habrían pagado por obtener decisiones favorables desde el aparato estatal español. Parte de los recursos investigados habría circulado mediante contratos y sociedades mercantiles vinculadas con allegados del ex mandatario.

Zapatero respondió con un mensaje grabado desde su domicilio en el que negó cualquier irregularidad. Afirmó que nunca realizó gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra, aseguró que todas sus actividades económicas son legales y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

Pero más allá de la dimensión judicial, el caso exhibió de inmediato una reacción política conocida: la construcción de un relato de persecución. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, reconoció que la imputación provocó un fuerte impacto dentro del partido, aunque salió rápidamente en defensa del ex presidente. Dijo que no cree que Zapatero sea corrupto, lo describió como un dirigente de conducta ejemplar y pidió cautela frente a una decisión judicial que consideró extremadamente grave.

Al mismo tiempo, López acusó al Partido Popular y a Vox de mantener una ofensiva constante contra la izquierda española. Habló de coincidencias sospechosas en la aparición de procesos judiciales y sugirió que algunos casos se impulsan con motivaciones políticas más que jurídicas.

Ahí aparece el reflejo que se repite en numerosos movimientos populistas contemporáneos: cuando una investigación amenaza el prestigio de un liderazgo, el debate deja de concentrarse en los hechos y gira hacia la idea de una conspiración. El dirigente ya no se presenta únicamente como inocente, sino como víctima de un sistema que intenta destruirlo por razones ideológicas.

La fórmula ha sido utilizada por gobiernos y liderazgos de distintas corrientes políticas alrededor del mundo. En lugar de limitarse a defenderse en tribunales, convierten cualquier imputación en prueba de persecución. El concepto cambia de nombre según el país —lawfare, guerra sucia, conspiración judicial— pero el mecanismo es esencialmente el mismo: desacreditar a quien investiga antes de que avance el proceso.

En España, el golpe tiene un peso simbólico enorme. Zapatero fue durante años uno de los principales referentes de la izquierda europea y una figura cercana a varios gobiernos progresistas latinoamericanos. Por eso la investigación no sólo amenaza su legado político: también coloca bajo presión el discurso ético de un sector político que históricamente hizo de la lucha contra la corrupción una bandera central.

Según el auto de la Audiencia Nacional, la presunta trama habría operado desde un despacho ubicado en la calle Ferraz, en Madrid, mediante una red de consultoras y sociedades vinculadas a colaboradores cercanos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las firmas bajo investigación aparece Análisis Relevante S.L., propiedad de Julio Martínez Martínez, señalado por el juez como uno de los operadores centrales del entramado financiero. La resolución judicial sostiene que esta empresa habría funcionado como canal para redistribuir recursos y aparentar servicios de consultoría, mientras parte de los fondos terminaron en pagos al entorno familiar y político del exmandatario.

El expediente judicial también pone bajo la lupa la dimensión internacional de las operaciones investigadas. De acuerdo con el juez, la red mantenía contactos con operadores y autoridades de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos para facilitar negocios petroleros y movimientos financieros. En mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aparece mencionada la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, identificada presuntamente con el alias de “La Dama”, en relación con la asignación de cargamentos petroleros. La investigación incluye además movimientos de capital observados en estructuras offshore y sociedades radicadas en Dubái, así como cooperación judicial con autoridades europeas y estadounidenses. 

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