Conceden prisión domiciliaria Ruffo; juez ordena su salida del Altiplano
Ruffo Appel. Preso político. Foto: especial.
Un tribunal federal otorga el resguardo domiciliario al exgobernador de Baja California tras una audiencia de revisión de medidas cautelares.
La defensa de Ruffo Appel exhibe la fragilidad de las imputaciones oficiales y acusa un uso faccioso del aparato de justicia contra un opositor convertido en preso político del régimen.
Por STAFF/LIBRE EN EL SUR
Un juez federal concedió la prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, por lo que el exgobernador de Baja California abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La resolución se dictó tras una audiencia en la que sus representantes legales evidenciaron la absoluta debilidad de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y documentaron con peritajes los riesgos graves a su salud provocados por un encierro injustificado en una prisión de alta seguridad, a pesar de sus 74 años de edad y de las múltiples advertencias médicas sobre su condición vulnerable.
El cambio en la situación legal del exmandatario pone al descubierto la fragilidad extrema de un expediente fabricado desde el poder público, el cual carece de sustento probatorio firme, de pruebas periciales fehacientes y responde claramente a una lógica de persecución política orientada a doblegar a figuras clave de la oposición histórica.
Durante meses, la reclusión arbitraria del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país funcionó como un mecanismo deliberado de castigo anticipado y escarnio oficial, ignorando sistemáticamente los principios básicos de la presunción de inocencia y utilizando de manera perversa la prisión preventiva justificada como una herramienta de hostigamiento contra las voces críticas y disidentes del actual sistema político mexicano.
El caso, vinculado al polémico expediente del llamado huachicol fiscal, ha sido severamente cuestionado por diversos sectores jurídicos, académicos y políticos independientes que advierten un uso faccioso, discrecional y facineroso de las instituciones del Estado mexicano para neutralizar a adversarios incómodos. La acusación formal formulada por la fiscalía federal contra Ruffo Appel se tambalea estrepitosamente ante la notoria falta de elementos de convicción y pruebas contundentes que demuestren su participación directa o indirecta en los ilícitos que de manera infundada se le imputan, revelando un patrón recurrente de la actual administración en la fabricación de culpables para justificar narrativas oficiales mediante operativos mediáticos de alto impacto, cortinas de humo y desvíos de atención.
Los abogados defensores del exmandatario bajacaliforniano han sostenido de manera reiterada que la causa penal carece de pies ni cabeza, señalando que la carpeta de investigación está plagada de irregularidades, testimonios fabricados bajo presión y suposiciones carentes de rigor técnico.
La decisión del juez de otorgar el resguardo domiciliario a Ruffo Appel, si bien representa un alivio humanitario ante el evidente deterioro físico que enfrentaba en el penal federal, confirma de manera categórica que la medida de internamiento carcelario respondía mucho más a consignas políticas que a una auténtica necesidad procesal de garantizar su presencia ante los tribunales correspondientes en todo momento.
Con esta determinación judicial, el exfuncionario continuará el complejo proceso penal en la seguridad de su domicilio, bajo vigilancia, mientras sus representantes legales preparan la estrategia jurídica definitiva para lograr su absoluta exoneración.
La nueva medida cautelar aplicada en este caso evidencia de cuerpo entero los excesos y abusos cometidos por una fiscalía federal totalmente subordinada y empeñada en sostener imputaciones insostenibles, exhibiendo de forma inocultable la urgente necesidad nacional de corregir y rescatar un sistema de justicia que actualmente se encuentra sometido a los intereses y consignas del poder, completamente alejado del rigor legal, la imparcialidad y la autonomía indispensables en un auténtico Estado de derecho democrático.
Habrá que darle puntual seguimiento a este proceso.
