Innovan corrupción en BJ: franeleros pagan ‘cuota’ a patrulleros… ¡por transferencia!

Sustituyen el efectivo en mano por SPEI para garantizar impunidad a la mafia del apartado de calles y evitar ser fotografiados o filmados por vecinos.

Revelan franeleros pagos digitales a patrulleros a cambio de tolerar la ocupación ilegal y la extorsión a automovilistas en diversa colonias de la alcaldía Benito Juárez, como lo evidencian los hechos.

FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI

Para evitar ser descubiertos por vecinos e inclusive fotografiados o filmados —como ha ocurrido recientemente– patrulleros de Blindar BJ piden ahora a los franeleros que paguen su “cuota” para dejarlos vilar la ley… ¡mediante transferencias bancarias!

Así lo confiaron a Libre en el Sur cuidacoches que “trabajan” en las colonias Narvarte, Insurgentes Mixcoac, Tlacoquemécatl del Valle y Del Valle Sur, que pidieron no ser identificados.

Ellos aseguran que desde hace unos meses, y a raíz de que patrulleros fueron pescados en videos vecinales cuando recibían el pago del “moche” por los llamados cuidadores de autos, varios de los uniformados han optado por pedir que la entrega de dinero sea a una cuenta bancaria, generalmente de algún pariente o prestanombre, por transferencia electrónica.

Esto explica por qué, a pesar de las reiteradas denuncias de residentes y medios de comunicación, el “apartado” de lugares con botes o huacales y la extorsión a los automovilistas a los que se exigen cuotas de hasta 50, 60 pesos o más (hasta 100 en horas pico),  continúan en calle como Matías Romero, Adolfo Prfieto, Roberto Gayol o Manzanas, entre muchas otras.

Hace tres meses, vecinos de Tlacoquemécatl del Valle entregaron a Libre en el Sur un video en el que se ve al cabecilla de la mafia de franeleros que “opera” en la calle Manzanas, a un costado del parque San Lorenzo, en los momentos en que se acerca a una patrulla de Blindar BJ para entregar su “cuota”. La difusión de esa filmación enfureció al coordinador de Comunicación Social de la alcalía Benito Juárez, que reclamó al portal por su difusión pero no pudo desmentir la veracidad del video.

En la grabación se observa con claridad el momento en que el líder de la mafia de franeleros que opera en esa zona se aproxima a la patrulla con matrícula BL-107 para hacer la entrega del pago ilícito a los uniformados. El video aportó la prueba documental que explica por qué, a pesar de las reiteradas denuncias ciudadanas y los reclamos por la apropiación ilegal de más de 50 cajones de estacionamiento público en esa vialidad —donde se exigen cuotas obligatorias de entre 50 y 60 pesos bajo amenaza de daños a los vehículos—, la policía omite intervenir y permite la colocación sistemática de botes, huacales y conos.

La sofisticación de esta práctica ilícita ocurre en una demarcación donde la ocupación indebida de la vía pública representa una de las principales causas de conflicto vecinal y deterioro de la movilidad urbana. La sustitución de los billetes doblados e intercambiados de mano a mano por envíos digitales instantáneos busca anular la única herramienta de fiscalización ciudadana efectiva que tenían los vecinos: la grabación fortuita con los teléfonos móviles desde las ventanas de sus edificios o mientras caminaban por la acera.

La operativa de estas transacciones combina la tecnología de la banca móvil con métodos de encubrimiento financiero. Para concretar el pago sin ser descubiertos en flagrancia, los patrulleros evitan dar cuentas personales. La instrucción se transmite verbalmente: el agente entrega una clave alfanumérica o el número de una tarjeta de débito vinculada a aplicaciones financieras o depósitos en tiendas de conveniencia a nombre de familiares o prestanombres.

El franelero o el líder del grupo informal realiza el envío de la cuota semanal o diaria directamente desde la aplicación de su teléfono celular utilizando el sistema SPEI, o bien acude a pie a alguna de las tiendas de autoservicio o de conveniencia, como las tiendas OXXO, ubicadas en la misma colonia para realizar el depósito en efectivo. La confirmación de la transacción no se hace en la calle; la verificación se efectúa de forma remota enviando una captura de pantalla del comprobante mediante mensaje instantáneo al teléfono del uniformado a cargo.

Esta triangulación busca romper la relación directa entre la recepción del dinero y la identidad del servidor público a cargo de la patrulla. Al no figurar el nombre del oficial ni el número de la unidad en los comprobantes primarios, los policías confían en eludir los controles e investigaciones de la supervisión interna. Asimismo, la fragmentación de los montos evita encender alertas por operaciones inusuales en las plataformas bancarias.

Los testimonios confirman que los agentes instruyen a los cuidacoches a mantener reserva sobre los datos bancarios asignados, los cuales son modificados de forma periódica. Al proporcionar cuentas pertenecientes a terceros, los patrulleros evitan el contacto físico con el efectivo y simulan cumplir con sus recorridos habituales de vigilancia a bordo de las unidades del programa de seguridad local, pasando frente a las zonas de apartado sin detener la marcha.

En algunos casos, los uniformados indican a los franeleros que al hacer su depósito o transferencia aumenten en la cantidad un “número clave”, para poder identificar al depositante. Por ejemplo, si la cuota es de 500 pesos, depositar 521, de modo que pueden saber que es el número 21 quien ya pagó su mochada.

A cambio de esta renta periódica (cuyo monto fluctúa entre los 500 y los tres mil pesos semanales, según el área), la presencia policial se transforma en una protección para los informales. Esto les permite adueñarse de tramos de la cinta asfáltica en arterias con alta densidad comercial y de oficinas, como la calle de Roberto Gayol, en su tramo de Félix Cuevas a San Lorenzo, o la calle de Manzanas, en los márgenes del parque San Lorenzo, extendiéndose hacia vialidades como Porfirio Díaz, Millet, Romero de Terreros, San Francisco, Pilares y la avenida Colonia del Valle, o en las inmediaciones de centros comerciales como Galerías Insurgentes, Parque Delta, Plaza Universidad o  Metrópoli Patriotismo, así como el mercado “Lázaro Cárdenas”, en la Del Valle.  

En estas vías, la dinámica impuesta por los informales vulnera de forma cotidiana la legislación cívica local. El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México clasifica expresamente como infracción contra la seguridad ciudadana el impedir o estorbar el uso de la vía pública sin autorización, así como exigir pagos por el estacionamiento en lugares no autorizados ni regulados por parquímetros.

Pese a que la norma contempla sanciones que van desde multas económicas hasta el arresto administrativo de 13 a 24 horas o trabajo comunitario, los franeleros operan con la certeza de que no serán remitidos ante el Juzgado Cívico BJ-1. El pago pactado garantiza que las patrullas pasen de largo frente a las hileras de botes rellenados con cemento, huacales, conos y llantas colocados frente a entradas de cocheras y banquetas.

La impunidad comprada alimenta un esquema de cobros directos contra automovilistas, trabajadores de la zona y visitantes. Las tarifas impuestas oscilan entre los 30 y los 60 pesos o más por vehículo, cobradas por anticipado bajo la amenaza implícita de causar daños a la carrocería, ponchar neumáticos o impedir el uso del espacio público a quien se niegue a cubrir la cuota fijada.

Esta problemática se replica en otras zonas estratégicas de la alcaldía Benito Juárez, como la colonia Narvarte —especialmente en el entorno de las avenidas Cuauhtémoc, Universidad y la calle de Luz Saviñón—, así como en áreas de actividad comercial en Mixcoac, Nápoles y Álamos. En todos estos puntos, residentes han documentado la permanencia de los mismos grupos de apartalugares a lo largo de diversas administraciones locales.

El encubrimiento policial mediante transferencias electrónicas evidencia fallas en los controles de supervisión interna del programa Blindar BJ y de los cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la demarcación. Mientras las autoridades realizan operativos eventuales de retiro de enseres para difusión institucional, la ocupación ilegal de la vía pública continúa operando diariamente adaptada a los canales digitales.

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