Ciudad de México, noviembre 17, 2026 13:00
Ciudad de México

Propone PGD frenar apartado de calles y ordenar estacionamiento en CDMX

El proyecto enviado por la jefa de Gobierno Clara Brugada al Congreso capitalino plantea recuperar arroyos vehiculares, calles y banquetas bloqueados por particulares mediante una estrategia de largo plazo.

Aunque el documento oficial soslaya el término franeleros y confía la vigilancia a una coordinación institucional con antecedentes de ineficacia, especialistas y vecinos advierten vacíos operativos frente a la apropiación informal del espacio público.

STAFF/LIBRE EN EL SUR

El proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 de la Ciudad de México, turnado a comisiones del Congreso capitalino para su análisis y dictaminación, establece directrices específicas para erradicar el apartado de lugares en la vía pública, recuperar el espacio peatonal y regular el estacionamiento en calle.

Sin embargo, al trasladar una problemática de ejecución cotidiana e inmediata a un horizonte de planeación a dos décadas, el documento evidencia una estrategia que corre el riesgo de postergar soluciones reales y diluir las responsabilidades operativas en las demarcaciones.

Aunque el documento rector elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y remitido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, no emplea explícitamente los términos “franeleros” o “viene-viene”, sí atiende esta problemática cotidiana de las colonias capitalinas —como ocurre de forma persistente en diversas zonas de la alcaldía Benito Juárez— bajo el principio rector de privilegiar el interés público y colectivo sobre el lucro particular.

No obstante, al optar por eufemismos administrativos como “aprovechamiento privado o informal”, el instrumento diluye la dimensión real del conflicto: en numerosas vialidades de la capital, el control de los espacios no corresponde a trabajadores informales en busca de sustento, sino a redes organizadas que operan con la tolerancia y el cobro de cuotas al margen de la ley.

De acuerdo con el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria número 649 del pasado 12 de noviembre, el instrumento con vigencia de dos décadas instruye que las políticas urbanas y programas de las demarcaciones territoriales deberán restablecer el carácter abierto, gratuito y accesible de plazas, parques y vialidades, impidiendo su cerramiento indebido o la apropiación por parte de terceros.

Dentro de los ejes dedicados a la movilidad sustentable, la seguridad vial y la accesibilidad universal, el PGD plantea la liberación progresiva de banquetas, cruces, rampas y arroyos vehiculares que actualmente son obstruidos con botes, cajas, huacales o trafitambos para reservar cajones de estacionamiento de manera irregular, prácticas que vulneran el derecho al libre tránsito de peatones, personas con discapacidad y mujeres con infancias.

Como mecanismo institucional para desincentivar el uso del automóvil y eliminar el cobro informal, el proyecto propone ordenar el aparcamiento mediante la expansión de sistemas controlados, tales como los polígonos de parquímetros, con el fin de sustituir las cuotas discrecionales por esquemas tarifados oficiales que garanticen la rotación vehicular. Esta medida, sin embargo, abre flancos de descontento vecinal conocidos en demarcaciones como Benito Juárez, donde los sistemas tipo ecoParq han sido cuestionados históricamente por la opacidad en el manejo de los recursos recaudados, el incumplimiento de obras de mitigación y la persistencia de cobros informales que obligan a los automovilistas a pagar doble en la misma calle.

En congruencia con el tratamiento previsto para otras actividades informales en el espacio público, el PGD evita un enfoque exclusivamente punitivo y propone la conformación de equipos interdisciplinarios especializados en mediación territorial para concertar acuerdos e impulsar programas de inclusión laboral y economía solidaria.

A pesar de estas intenciones, el documento aclara que la vigilancia cotidiana, el retiro de enseres y la aplicación de sanciones recaen en la coordinación operativa entre las 16 alcaldías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con base en la Ley de Cultura Cívica. Aquí radica el principal punto ciego del proyecto: esa misma coordinación ya existe en el marco normativo actual y ha fracasado de manera sistemática debido a las disputas políticas entre el gobierno central y las demarcaciones, la corrupción en los juzgados cívicos y la complicidad de mandos policiales en territorio.

El proyecto del Plan General de Desarrollo fue aprobado por la junta de gobierno del IPDP el miércoles 11 de noviembre y enviado al recinto legislativo de Donceles. Tras su presentación ante el Pleno el jueves 12, el dictamen quedó en manos de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas.

Todo ello ocurre en medio de crecientes reclamos de organizaciones vecinales y representantes de pueblos y barrios originarios que demandan revisar a fondo los alcances reales de la consulta ciudadana, cuestionando la legitimidad de un instrumento rector que pretende imponerse sin garantizar una participación vinculante de la ciudadanía en la definición del espacio urbano.

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