Brugada ignora inconformidad vecinal y presenta Plan General de Desarrollo al Congreso

Más de 21 mil firmas exigían reponer el procedimiento de consulta

El documento pretende definir el rumbo de la capital hasta 2045 y condicionará políticas de vivienda, agua, movilidad y presupuesto.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó este miércoles el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México 2025-2045 y anunció su entrega al Congreso capitalino, pese a los reclamos de organizaciones vecinales que desde hace meses exigen reponer el procedimiento de consulta. La mandataria calificó el ejercicio como el más importante de democracia participativa en la historia de la capital y presumió la intervención de 646 mil personas. Los inconformes, sin embargo, sostienen que nunca fueron convocados debidamente a participar en la elaboración del documento y que el proceso vulneró derechos de participación ciudadana.

La controversia tiene antecedentes documentados. En abril pasado, representantes vecinales entregaron más de nueve mil firmas en las oficinas de la Jefatura de Gobierno y del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), encabezado por Patricia Ramírez Kuri, para exigir que se reiniciara el procedimiento. La petición creció hasta superar las 21 mil adhesiones, según los promoventes.

El 12 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México recibió formalmente 11 escritos ciudadanos que cuestionaban tanto el proceso de consulta como el contenido del proyecto. Los documentos fueron entregados entre el 21 de junio y el 6 de agosto. Sus autores solicitaron a los legisladores intervenir ante la Jefatura de Gobierno y el Instituto de Planeación para suspender los efectos de la consulta y reponer el procedimiento desde su etapa de formulación, con garantías de participación real, informada y vinculante.

No era una observación menor ni una diferencia de opinión sobre la orientación política del gobierno. Los vecinos denunciaron que durante 2025 el Instituto no convocó debidamente a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), organizaciones civiles, habitantes e instituciones académicas para intervenir en la elaboración del diagnóstico y del proyecto. Afirmaron que se les pretendió incorporar cuando ya existía un documento elaborado.

La exigencia de los promoventes fue clara: no bastaba con abrir espacios para recibir comentarios sobre un proyecto previamente diseñado; la ciudadanía debía participar desde el principio en la definición de la ciudad que se pretende construir.

Brugada decidió continuar.

La cifra oficial frente a los reclamos vecinales

Durante la conferencia de este miércoles en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria informó que el proyecto fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, después de seis meses de consulta pública en los que, aseguró, participaron 646 mil personas mediante talleres, foros, reuniones, consultas y conversatorios.

Añadió que se realizó una consulta libre, previa e informada con 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes.

Según Brugada, las aportaciones recibidas modificaron sustancialmente el documento y provocaron que sus líneas estratégicas crecieran casi 30 por ciento. Aseguró que el proyecto enviado al Congreso no es el mismo que se presentó inicialmente a consulta.

«Estamos, sin duda, ante el ejercicio de democracia participativa más importante de la historia de nuestra ciudad», sostuvo.

La cifra es impresionante, pero no resuelve por sí misma las objeciones. ¿Cómo se contabilizaron esas 646 mil participaciones? ¿Cuántas personas intervinieron efectivamente en la formulación del proyecto y cuántas lo hicieron en actividades posteriores? ¿Cuáles fueron los mecanismos de convocatoria, deliberación y sistematización? ¿Dónde puede consultarse la matriz de propuestas recibidas y la explicación de cuáles fueron incorporadas o rechazadas?

La información oficial habla de cientos de miles de participantes, pero esa cantidad no demuestra automáticamente que el procedimiento haya cumplido con todas las obligaciones legales ni que los habitantes de las 16 alcaldías hayan tenido las mismas oportunidades de intervenir.

La discusión tampoco puede resolverse contraponiendo una cifra gubernamental con las firmas de quienes protestan. El asunto exige transparencia sobre la metodología, los mecanismos de convocatoria y la manera en que las opiniones ciudadanas se tradujeron en decisiones concretas.

En los escritos recibidos por el Congreso, los promoventes señalaron que no habían obtenido respuesta satisfactoria a sus observaciones y que el Gobierno avanzaba hacia la conclusión del plan sin resolver sus objeciones.

La administración de Brugada no anunció este miércoles que fuera a reponer la consulta.

¿Qué es el Plan General de Desarrollo y por qué importa?

El PGD es el instrumento de planeación de mayor alcance previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México. Su horizonte es de veinte años y pretende establecer la visión general de la capital, sus prioridades y los objetivos que deberán orientar las políticas públicas de las próximas administraciones.

No es un programa de obras ni un reglamento de construcción. Tampoco es, por sí mismo, el instrumento que determina los usos de suelo específicos de cada predio. Su importancia reside en que establece el marco al que deberán sujetarse otros instrumentos de planeación, entre ellos el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el Programa General de Gobierno y los programas sectoriales.

En otras palabras, el PGD define la orientación general del desarrollo urbano, económico, social y ambiental. El ordenamiento territorial tendrá que traducir esa visión en disposiciones más concretas sobre el suelo, la vivienda, las áreas de conservación, la infraestructura y el crecimiento de la ciudad.

El documento plantea orientar el gasto público y las decisiones institucionales durante dos décadas. La titular del IPDP explicó que sus objetivos y estrategias serán obligatorios para el sector público e indicativos para el resto de los sectores.

Esto significa que el proyecto no debe leerse como una declaración de buenas intenciones. Pretende convertirse en una referencia para las decisiones presupuestales, las políticas de vivienda, la movilidad, la gestión del agua, la conservación ambiental y la distribución de equipamientos y servicios.

Su aprobación tendrá consecuencias que rebasarán ampliamente el periodo de Clara Brugada.

Cinco dimensiones para ‘transformar’ la capital

El Gobierno presentó el Plan alrededor de cinco grandes dimensiones: ciudad democrática y centralidad de lo público; Estado de bienestar y cuidados; economía dinámica con prosperidad compartida; urbanismo ecosocial, y derechos culturales plenos.

A ellas se agregan ejes relacionados con infraestructura física y tecnológica, así como con desarrollo científico, tecnológico e innovación.

En materia democrática, el documento propone fortalecer la participación ciudadana, las instituciones y el acceso a la justicia. Precisamente aquí se encuentra una de sus mayores contradicciones: un instrumento que reivindica la democracia participativa llega al Congreso después de que miles de ciudadanos exigieron reponer el procedimiento mediante el cual fue elaborado.

La dimensión de bienestar y cuidados busca ampliar los servicios de salud, educación, atención infantil y protección social. Brugada planteó como objetivo que niñas y niños cuenten con un centro de cuidado infantil a menos de 15 minutos de sus hogares. La propuesta supone una transformación importante de la infraestructura pública, especialmente en zonas donde las familias carecen de servicios de proximidad.

En el terreno económico, el plan habla de prosperidad compartida, empleo digno, innovación y fortalecimiento de las capacidades productivas. El propósito es que el crecimiento económico no se concentre en determinados territorios ni beneficie exclusivamente a ciertos sectores.

El urbanismo ecosocial es uno de los apartados más relevantes. Incluye el acceso al agua, la vivienda adecuada, la movilidad sustentable, la protección del suelo de conservación, la recuperación ambiental y la prevención de riesgos. En una ciudad sometida a presión inmobiliaria, escasez de agua, contaminación y desigualdad territorial, las decisiones que se desprendan de este apartado tendrán efectos directos sobre la vida cotidiana.

Finalmente, la dimensión cultural pretende garantizar el acceso a los derechos culturales, proteger el patrimonio y reconocer la diversidad de expresiones y comunidades que conforman la capital.

El documento aspira a que ninguna colonia carezca de agua, drenaje, parques, escuelas, centros de salud o espacios deportivos y culturales. También propone avanzar hacia un transporte público totalmente eléctrico, mejorar la calidad del aire, aprovechar los residuos mediante una economía circular y erradicar la pobreza extrema.

Son objetivos ambiciosos. La pregunta es cómo se financiarán, quién será responsable de cumplirlos y qué mecanismos permitirán verificar sus avances.

Casas de Gobierno, Copacos y alcaldías: el punto más delicado

Una de las principales preocupaciones de los vecinos se relacionó con las modificaciones propuestas al sistema de participación ciudadana y con la creación de las llamadas Casas de Gobierno en las alcaldías.

Los escritos entregados al Congreso cuestionaron que el proyecto planteara transformar las actuales formas de representación comunitaria, particularmente las Copacos, y establecer un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario.

Los promoventes advirtieron que la propuesta podía concentrar la participación en una sola plataforma y sustituir mecanismos existentes por nuevas estructuras de representación. También cuestionaron la posibilidad de modificar el funcionamiento del presupuesto participativo, de manera que las prioridades de las colonias pudieran subordinarse a decisiones de mayor escala territorial.

La preocupación tenía fundamento en el contenido de las versiones del proyecto que circularon durante el proceso. Los ciudadanos señalaron que las Casas de Gobierno podrían convertirse en instancias de intermediación entre los habitantes y las alcaldías, con funciones de articulación de servicios públicos, supervisión de programas y planeación participativa.

En su interpretación, esas estructuras podían invadir atribuciones que corresponden a las autoridades territoriales y alterar el equilibrio institucional establecido en la Constitución.

También cuestionaron que el proyecto propusiera elevar esas figuras a rango constitucional y convertirlas eventualmente en consejos comunitarios con atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas.

El señalamiento es particularmente importante porque la Constitución reconoce facultades a las alcaldías y establece mecanismos específicos para la participación de los habitantes. Un instrumento de planeación no puede, por sí solo, modificar la distribución constitucional de competencias.

Durante la conferencia, Pablo Yanes, secretario de Bienestar e Igualdad Social, sostuvo que el documento fue modificado para atender algunas de esas observaciones. Entre los cambios mencionó el fortalecimiento de las Copacos, la eliminación de las referencias a las Casas de Gobierno y una línea específica para fortalecer a las alcaldías.

El anuncio representa una modificación relevante y confirma que los cuestionamientos vecinales no eran irrelevantes. Sin embargo, también deja una pregunta: si el documento tuvo que cambiar en aspectos sustanciales después de las críticas, ¿por qué el Gobierno no consideró necesario atender la exigencia de reponer el procedimiento?

Una cosa es corregir el contenido y otra acreditar que se respetaron las condiciones de participación desde el principio.

El presupuesto participativo también está en juego

Otra de las objeciones presentadas por los vecinos se refiere al destino de los recursos del presupuesto participativo.

Los inconformes advirtieron que el proyecto proponía avanzar hacia mecanismos de decisión colectiva que podrían desplazar la capacidad de cada colonia para decidir sobre las mejoras concretas de su entorno.

El presupuesto participativo es uno de los pocos instrumentos mediante los cuales los habitantes pueden decidir directamente sobre una parte de los recursos públicos. Su sentido consiste precisamente en que las comunidades identifiquen necesidades inmediatas: reparación de banquetas, iluminación, recuperación de espacios públicos, infraestructura y otros servicios.

Los promoventes temían que una nueva estructura de planeación pudiera subordinar esas decisiones a prioridades generales establecidas por el Instituto de Planeación.

No es un debate técnico menor. Se trata de determinar quién decide sobre los recursos destinados a las colonias: los propios habitantes mediante los mecanismos establecidos o estructuras de coordinación que podrían alejar la decisión de las necesidades locales.

El Congreso tendrá que revisar cuidadosamente este apartado y establecer si el documento respeta las facultades y derechos que actualmente tienen los ciudadanos.

Un retraso que exhibe la falta de planeación

El Gobierno presenta el Plan como la materialización de una conquista constitucional. Sin embargo, hay un antecedente incómodo: el sistema de planeación democrática fue establecido en la Constitución de 2017 y el instrumento llega con años de retraso respecto del calendario originalmente previsto.

Durante ese tiempo, la Ciudad de México continuó creciendo y enfrentando problemas estructurales sin contar con el documento general que debía orientar su desarrollo de largo plazo.

Brugada atribuyó parte de la demora a una decisión política de la administración anterior, que habría detenido el proceso para evitar que el tema se convirtiera en una disputa electoral. También sostuvo que la elaboración de un instrumento de esta naturaleza requiere tiempo y un proceso amplio de discusión.

La explicación no elimina la responsabilidad institucional por el retraso. Tampoco responde a la pregunta de por qué, después de tantos años, el Gobierno considera que el procedimiento realizado es suficiente para garantizar la legitimidad del documento.

La planeación no puede convertirse en una ceremonia sexenal ni en un ejercicio que se activa cuando una administración decide imprimirle su sello político.

El Plan General de Desarrollo promete una ciudad con acceso universal al agua, transporte eléctrico, vivienda adecuada, servicios públicos de proximidad y protección ambiental. Pero la distancia entre esos objetivos y la realidad es considerable.

La crisis hídrica sigue siendo uno de los problemas más graves de la capital. La presión inmobiliaria ha encarecido la vivienda y desplazado a habitantes de diversas colonias. El transporte público enfrenta rezagos de infraestructura y mantenimiento. Las desigualdades entre alcaldías y entre zonas de una misma demarcación se expresan en el acceso a parques, escuelas, hospitales y servicios básicos.

El documento también plantea reducir las desigualdades territoriales entre el oriente y el poniente, así como entre el norte, el centro y el sur. Para ello será necesario modificar la distribución de inversiones, equipamientos y servicios, no sólo incorporar una declaración de justicia territorial.

En materia de vivienda, Brugada habló de garantizar espacios dignos y mencionó una superficie mínima de 60 metros cuadrados como referencia. Pero el PGD no resuelve por sí mismo los mecanismos para contener la especulación, regular el mercado inmobiliario o impedir el desplazamiento de familias por el encarecimiento de sus barrios.

En materia de agua, la promesa de que ninguna colonia carezca del servicio requiere inversiones, mantenimiento de redes, recuperación de fuentes de abastecimiento y coordinación metropolitana. En movilidad, la electrificación del transporte supone recursos multimillonarios y una transformación de la infraestructura.

La ciudad necesita objetivos de largo plazo, pero también indicadores públicos, presupuestos identificables y responsables institucionales. De otro modo, el Plan corre el riesgo de convertirse en un catálogo de aspiraciones que cada administración interpretará a su conveniencia.

El Congreso tiene la responsabilidad de abrir el debate

Brugada pidió a los diputados analizar el proyecto con pluralidad y no convertirlo en una disputa partidista. Afirmó que el Plan no pertenece a Morena ni a ninguna otra fuerza política, sino a la ciudad y a sus habitantes.

La frase suena bien. Pero la pluralidad no se garantiza pidiendo que no haya politización. Se garantiza abriendo los expedientes, transparentando las decisiones, respondiendo las objeciones y permitiendo que quienes cuestionan el procedimiento tengan una participación efectiva.

El Congreso no debería limitarse a recibir el documento y aprobarlo. Tiene que revisar las observaciones presentadas desde junio, los 11 escritos recibidos formalmente, las más de 21 mil firmas y los argumentos jurídicos de quienes reclaman que se reponga la consulta.

También debe exigir al Instituto de Planeación que haga pública la metodología con la que contabilizó las 646 mil participaciones, la sistematización de las propuestas y los cambios introducidos al proyecto. Si las aportaciones ciudadanas modificaron casi 30 por ciento las líneas estratégicas, como asegura el Gobierno, debe ser posible conocer con precisión cuáles fueron esas modificaciones y de dónde provinieron.

La discusión legislativa tendrá que examinar además la relación del PGD con el futuro Programa General de Ordenamiento Territorial, las facultades de las alcaldías, el presupuesto participativo y las garantías de protección del suelo de conservación.

La propia Brugada reconoció que el Congreso tendrá la responsabilidad de analizar, discutir, enriquecer y, en su caso, aprobar el proyecto. Por tanto, la entrega no significa que el documento esté aprobado definitivamente.

La jefa de Gobierno pretende establecer una hoja de ruta hasta 2045. El problema es que una parte de los ciudadanos lleva meses diciendo que no fue escuchada en la construcción de esa ruta.

El Gobierno presume una participación histórica. Los vecinos reclaman que se les negó una participación efectiva. Y el Congreso recibe ahora un proyecto cuya legitimidad democrática no puede darse por resuelta con una cifra de asistentes ni con una votación unánime dentro del Instituto.

Brugada puede presentar el Plan como un pacto para las próximas generaciones. Pero antes tendrá que explicar por qué desoyó a quienes, con miles de firmas y documentos entregados formalmente, le exigieron volver al principio.

La ciudad no necesita solamente un plan para 2045. Necesita que ese plan sea legítimo, transparente y verdaderamente construido con sus habitantes.

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